De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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| El colimensa Mario Delgado negoció el apoyo del PRI para darle a su patrón AMLO, la Guardia Nacional que rechazó en el pasado y si se traiciona en sus principios ¿qué podemos esperar de su función legislativa? |
Reciben los senadores este jueves 17 de enero el dictamen de
reforma constitucional que crea la Guardia Nacional aprobada la noche del 16 de
enero en la ámara de Diputados con 348 votos en pro en donde destacan los de
MORENA y el PRI, 108 en contra y 10 abstenciones.
Se desecharon las reversas presentadas por 18 diputados del
PAN, nueve del PRD, seis de Morena, cinco de MC, cuatro del PES y una de la
diputada sin partido Ana Lucía Riojas Martínez.
Tras nueve horas de discusión, la Cámara de Diputados
aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen de reforma constitucional
que crea la Guardia Nacional como una institución de seguridad con carácter y
dirección civil.
Dicho cuerpo de seguridad se constituirá, inicialmente, con
elementos de las policías Federal, Militar y Naval, y contará con una junta de
jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de las secretarías de Seguridad
y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina
(Semar).
El dictamen también faculta al Congreso de la Unión a
expedir –dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma–
la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, y –dentro de los 120 días posteriores–
las leyes General del Uso Legítimo de la Fuerza y Nacional del Registro de
Detenidos.
El documento reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76,78, 82, 89 y
123, y surgió de una iniciativa suscrita por diputados de Morena, presentada
por la legisladora María Guillermina Alvarado Moreno, el 20 de noviembre de
2018.
A las 18:00 horas, el Pleno lo aprobó en lo general con 362
votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones, con lo cual obtuvo la
mayoría calificada requerida (dos terceras partes de los votos).
Posteriormente, a las 22:21 horas, lo avaló en lo particular
con 348 votos en pro, 108 en contra y 10 abstenciones, tras desechar las
reversas presentadas por 18 diputados del PAN, nueve del PRD, seis de Morena,
cinco de MC, cuatro del PES y una de la diputada sin partido Ana Lucía Riojas
Martínez.
La discusión comenzó a las 13:15 horas con la fundamentación
del documento, en tribuna, por parte de la presidenta de la Comisión de Puntos
Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena).
Inmediatamente, la Junta Directiva de la Comisión presentó
una adenda con modificaciones al dictamen, la cual fue aceptada por el Pleno.
Entre los cambios figuraron: la precisión de que la
dirección de la Guardia Nacional tendría que recaer en una autoridad civil, el
fortalecimiento de los cuerpos policiacos y la garantía de que los elementos
del nuevo cuerpo de seguridad tendrán formación y capacitación específica para
la función policial con respeto a los derechos humanos y la perspectiva de
género, entre otros.
También resaltó la eliminación de la propuesta que facultaba
al Congreso de la Unión para disolver la Guardia Nacional.
Tras ello, la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD)
y el diputado Ricardo Villarreal García (PAN) presentaron, por separado,
mociones suspensivas que, finalmente, fueron desechadas.
A favor del dictamen hablaron cuatro diputados de Morena,
cuatro del PRI, tres del PES y dos del PT; y en contra, cinco del PAN, cuatro
de MC y tres del PRD.
Con las reformas constitucionales, se establece que la
Federación contará con una institución policial denominada Guardia Nacional
responsable de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida,
la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, la preservación de
los bienes y recursos de la nación.
La Guardia Nacional estará adscrita a la SSPC; sin embargo,
en el artículo quinto transitorio se estipula que en tanto persista la
emergencia de violencia e inseguridad en el país, y por un plazo máximo de
cinco años, la Guardia Nacional será adscrita a la Sedena para la programación
y ejecución de funciones en materia de seguridad.
En el artículo 21 se indica que la SSPC “formulará el
programa nacional en la materia, así como los respectivos programas operativos,
políticas, estrategias y acciones”.
En tanto, la Sedena, conforme a la ley, “dispondrá lo
necesario para que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios,
ascensos, prestaciones, ingreso, profesionalización y el cumplimiento de las
responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional estén homologados a los que
se aplican en el ámbito de las Fuerzas Armadas permanentes”.
Se estipula que “la formación, capacitación y desempeño de
los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial
fundada en la disciplina, el acatamiento de las órdenes superiores, el respeto
a los derechos humanos y la perspectiva de género en el ejercicio de sus
funciones”.
En el precepto 13 se señala que los delitos cometidos por
elementos de la Guardia Nacional en el ejercicio de las funciones de la misma
serán conocidos por la autoridad civil, y los delitos contra la disciplina
militar por autoridades y tribunales militares.
En el artículo 16 se establece que las personas detenidas
por la Guardia Nacional deberán ser puestas a disposición en instalaciones de
las autoridades civiles que correspondan.
El precepto primero transitorio estipula que el Congreso de
la Unión expedirá la ley orgánica de la Guardia Nacional dentro de los 90 días
siguientes a la entrada en vigor del decreto, y las leyes que reglamenten el
uso legítimo de la fuerza y el registro nacional de detenciones durante los 120
días posteriores a la entrada en vigor.
El segundo transitorio señala que la Guardia Nacional se
constituirá el día de la entrada en vigor del decreto, con elementos de las
policías Federal, Militar y Naval, y en tanto no se expida su Ley Orgánica,
asumirá las funciones previstas en el artículo 2 de la Ley de la Policía
Federal, con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de
operaciones y transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que
correspondan.
Asimismo, estipula que durante los 30 días siguientes al
tercer año de la constitución de la Guardia Nacional, el Ejecutivo federal
enviará a ambas cámaras del Congreso de la Unión una evaluación integral de su
desempeño y resultados en materia de seguridad.
El sexto transitorio apunta que durante los primeros tres
años a partir de la conformación de la Guardia, el Ejecutivo realizará un
programa de reestructuración orgánica y funcional, así como de fortalecimiento
de las capacidades de las instituciones civiles de seguridad pública.
En el séptimo transitorio se anota que el Consejo de
Seguridad Interior y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, dentro de los dos años siguientes a partir de la entrada en
operaciones de la Guardia Nacional, realizarán un diagnóstico de la fuerza y
capacidades de las corporaciones de seguridad pública federales, estatales y
municipales.
En dicho diagnóstico, las corporaciones de los estados y
municipios que no cuenten con fortaleza institucional serán sometidas, después
de seis meses, a un segundo diagnóstico y si persiste la debilidad, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público descontará al gobierno estatal o
municipal respectivo, el monto correspondiente a la prestación del servicio de
seguridad pública, considerado en el rubro de participaciones federales.
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