De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Preocupa en Washington este viernes 11 de enero, a la
Comisión Interamericana las medidas adoptadas por el Gobierno de Guatemala que
ponen en entredicho la voluntad de atender sus compromisos internacionales en
materia de lucha contra la impunidad y la corrupción en el país.
En los últimos dos años, el Gobierno de Guatemala, desde las
más altas autoridades, ha realizado diversas acciones dirigidas a menoscabar
las capacidades de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG) en su lucha contra la corrupción y la impunidad. Recientemente el
Gobierno de Guatemala dio por concluido el mandato de la CICIG que finalizaba
el 3 de septiembre de 2019.
Según la información disponible, a partir de 2017, cuando el
Ejecutivo declaró por primera vez persona non grata al Comisionado titular de
la CICIG, y ordenó su expulsión del país, las acciones realizadas por el
Gobierno, desde las más altas autoridades destinadas a debilitar, desacreditar
e impedir cumplir a la CICIG con su mandato no han cesado. En dicha
oportunidad, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo definitivo a favor
del Comisionado de la CICIG dejando sin efecto la decisión del Ejecutivo. En
esa oportunidad, la CIDH instó a Guatemala a permitir que el titular de la
CICIG continúe desarrollando sus labores con las garantías.
Posteriormente, en septiembre de 2018, la CIDH manifestó su
profunda preocupación ante la decisión del Gobierno de no renovar el mandato de
la CICIG. El 18 de diciembre de 2018 el Gobierno revocó la visa de cortesía a
once funcionarios de la CICIG y sus familias, y la Corte de Constitucionalidad
otorgó un amparo provisional que dejó en suspenso la decisión del Ejecutivo. No
obstante, en enero de 2019, un investigador de la CICIG, Ylsen Osorio fue
retenido durante 23 por las autoridades migratorias en el aeropuerto
internacional, La Aurora, cuando intentaba ingresar al país. El Sr. Osorio
logró ingresar al país luego de la intervención de la Corte de
Constitucionalidad con apoyo del Ministerio Público. La CIDH llama al Estado a
garantizar la integridad y seguridad de los miembros de la CICIG,
particularmente en el ambiente de polarización que existe actualmente.
Según información de público conocimiento, el trabajo de la
CICIG ha venido siendo además afectado por otras decisiones del Ejecutivo
dirigidas a limitar la capacidad de personal. En marzo de 2018, 11 agentes de
la Dirección de Inteligencia Civil asignados a la CICIG fueron retirados. En
junio de 2018, la Policía Nacional Civil (PNC) denegó una solicitud de
asignación de 26 nuevos agentes de Policía y en julio de 2018 la PNC ordenó
“reconcentrar” a su División a 20 agentes de la PNC de los 45 asignados a la
seguridad de la CICIG.
La lucha contra la corrupción guarda una relación inequívoca
con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La impunidad impulsa y
perpetúa actos de corrupción. Por ello, el establecimiento de mecanismos
efectivos para erradicarla es una obligación imperiosa con el fin de alcanzar
el acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar
los derechos humanos.
En ese entendido, la CIDH ha reconocido públicamente y en
reiteradas ocasiones el rol trascendental y complementario de la CICIG en la
lucha contra la corrupción en Guatemala a través de la desarticulación de redes
criminales y estructuras del crimen organizado junto con el Ministerio Público,
así como en el apoyo en la capacitación y promoción de reformas legales
tendientes a una mayor eficacia de la justicia conforme a su mandato. A lo
largo del tiempo, las investigaciones realizadas evidencian el presunto
involucramiento de funcionarios de los tres poderes del Estado y otros actores
del país en actos ilícitos de corrupción, algunos de los cuales ya se
encuentran bajo proceso penal.
Las constantes acciones del Gobierno que buscan socavar el
funcionamiento de la CICIG, son incompatibles con la obligación de los Estados
en la lucha contra la corrupción y la impunidad conforme con sus compromisos
internacionales sobre la materia y atentan contra la esencia del Estado de
Derecho. “Expresamos nuestra preocupación por estas manifestaciones del
Gobierno de Guatemala que no condicen con sus obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos y particularmente en la lucha contra la corrupción
e impunidad”, señaló la Relatora para Guatemala, Esmeralda Arosemena de
Troitiño. “Reiteramos la obligación de Guatemala de luchar contra la corrupción
conforme con sus compromisos internacionales”, agregó.
La Comisión advierte que el 26 de diciembre de 2018, bajo un
fuerte cuestionamiento a su jurisdicción, la Procuraduría General de la Nación
(PGN) presentó un recurso contra tres magistrados de la Corte de
Constitucionalidad para remover su inmunidad y proceder a denunciarlos
penalmente por considerar ciertas resoluciones, sin especificar cuales, como “arbitrarias
e ilegales” y que “transgreden el ordenamiento jurídico guatemalteco, afectando
la institucionalidad del país y poniendo en riesgo el Estado de Derecho”.
Asimismo, la observa con preocupación que el 9 de enero de 2019, la Corte
Suprema de Justicia aprobó tramitar el antejuicio, que en lo siguiente pasará
al Congreso.
La CIDH hace un llamado sobre la independencia de los
poderes públicos y la importancia del cumplimiento a las decisiones de la Corte
de Constitucionalidad para la plena vigencia del Estado de Derecho. La
independencia judicial es una característica fundamental de la separación de
poderes para garantizar el Estado democrático de Derecho. Asimismo, preocupa a
la CIDH los discursos críticos y ofensivos proferidos por diferentes actores en
el contexto de un ambiente altamente polarizado, en particular los provenientes
de agentes del Estado contra las decisiones de la Corte de Constitucionalidad
relacionadas con el presente asunto. Al respecto, la Comisión llama al Estado a
proteger la vida y la integridad de sus miembros.
Finalmente la CIDH alienta y acompaña a todos los sectores
democráticos del país en sus esfuerzos en la lucha contra la impunidad y
corrupción y la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. La CIDH
continuará monitoreando la lucha contra la corrupción en el país y sus efectos
para los derechos humanos.
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