De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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Diputada federal neoleonesa panista
Brenda Velázquez Valdez.
Foto: Archivo. |
Se ubica a México en el quinto país en el mundo más
peligroso ejercer el periodismo y el más riesgoso en América Latina con 99 por
ciento de los casos en impunidad, de acuerdo a la UNESCO, refirió este
miércoles 30 de noviembre en el Palacio Lesglativo de San Lázaro en la Ciudad
de México, la presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las
agresiones a periodistas y medios de comunicación, diputada federal neoleonesa panista
Brenda Velázquez Valdez.
Durante la instalación de esta instancia legislativa,
diputados, funcionarios, representantes de organizaciones civiles y de medios
de información, guardaron un minuto de silencio por periodistas asesinados en
México, a solicitud del diputado perredista capitalino Alberto Martínez Urincho.
Velázquez Valdez destacó que en México muere un periodista
cada 26 días, según la Organización Civil “Artículo 19”, en tanto, que la
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de
Expresión, de la Procuraduría General de la República (PGR), señala que en los
últimos 6 años se han abierto más de 800 averiguaciones por este tipo de daños
contra periodistas, donde 99.7 por ciento de estas averiguaciones quedan sin
castigo.
Es necesario trabajar en la creación de una plataforma
estadística común, debido a la gravedad del tema, a fin de conocer con
precisión caso por caso, así como avanzar en un monitoreo certero que permita
dar seguimiento a los resultados de mecanismos institucionales. Para esta
tarea, comentó que buscarán el aporte de universidades y organizaciones
civiles.
“Es mucha la experiencia acumulada en años de trabajo y
esfuerzo de parte de organizaciones, avances en mecanismos y legislaciones
federales y locales, por lo que la comisión realizará un trabajo de análisis y
de síntesis, a fin de cuidar los avances en la materia, retomar aciertos y
desechar errores pero, sobre todo, acabar con la simulación, la complicidad o
la negligencia”, acotó.
Asumimos este reto, “esta comisión hará cuanto esté a su
alcance para construir e impulsar un marco federal que permita, con uniformidad
de criterios, enfrentar y proteger el quehacer periodístico en nuestro país”.
“Nos comprometemos a
entregar resultados que se traduzcan en acciones concretas para la protección
de los agraviados, el señalamiento y castigo de los agresores porque en ningún
estado del país un periodista debería, por razones de amenazas y agresiones,
tener que optar entre callar que publicar, entre esconderse o huir”, agregó.
Alán García Campos, Oficial del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que México es un país de
riesgo para la actividad periodística. Desempeñar esta función, aquí, implica
riesgos inadmisibles que deben eliminarse. “Hablamos de un entorno caracterizado
por agresiones de todo tipo, amenazas, asesinatos y desapariciones, que son
auspiciadas por un clima de impunidad.
“La violencia que afecta al periodismo en México, agregó,
afecta a las víctimas, pero también repercute en el gremio, por el efecto
paralizante e inhibitorio”. Asimismo, “genera un efecto privativo hacia la
sociedad, que se ve lesionada en su derecho a recibir información de interés
público”.
García Campos invitó a la Comisión a trabajar con una
vocación transformadora a partir de un diagnóstico preciso del problema; a la
adopción del concepto: agresión a periodistas, en un sentido amplio; trabajar
de manera abierta con los titulares de derechos (periodistas, ONG y organismos
internacionales); adoptar los estándares internacionales de derechos humanos y
ejercer a plenitud sus facultades como órgano parlamentario para investigar,
reformar leyes y defender el presupuesto.
El diputado por Morena, Virgilio Caballero Pedraza, resaltó
que de acuerdo a un Informe de la Asociación Civil, “Artículo 19”, el 2015 fue
el año más violento al documentar una agresión a periodistas cada 22 horas.
Entre 2009 y 2015, apuntó, se registraron mil 832 agresiones,
de las cuales mil 73 fueron durante la actual administración, esto significa
que “casi 60 por ciento de los ataques a reporteros se realizaron durante el
gobierno actual”.
Por su parte, la legisladora Lia Limón García (PVEM) dijo
que hay avances importantes en la atención de agresiones a periodistas,
particularmente con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, ya que a partir de esta se creó un mecanismo de
resguardo, con un presupuesto anual de poco más de 100 millones de pesos, por
lo menos en años pasados.
Sin embargo, afirmó, aún hay retos por cumplir, entre ellos
que las entidades federativas generen sus propios mecanismos y esquemas de
funcionamiento en la materia, con presupuesto propio que les permita atender
las agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos; avanzar en
investigaciones y mejorar medidas por parte de los tres órganos de gobierno,
además de crear fiscalías de investigación en los estados.
El diputado Alberto Martínez Urincho (PRD) sostuvo que el
crimen organizado es “una lacra que lastima a la sociedad, en especial a los
periodistas porque los silencian”. Ante ello, sugirió obligar a instituciones
del Estado a establecer mecanismos a favor de los periodistas y generar una
sinergia con las autoridades, a fin de garantizar su seguridad.
Asimismo, realizar investigaciones imparciales y efectivas
sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos
contra reporteros y trabajadores de los medios de comunicación, además de
juzgar, por parte de tribunales imparciales e independientes, a los
responsables de agresiones.
El priísta Cesar Domínguez Domínguez comentó que su bancada
está en la mejor disposición para crear una agenda de trabajo “oportuna y
coordinada entre los grupos parlamentarios y organizaciones de periodistas, a
fin de generar un trabajo ordenado con resultados que permitan propiciar que
las investigaciones sean eficaces y sancionar a responsables.
Señaló que no todas las agresiones a periodistas son por
parte de algún orden de gobierno, “hay agresiones que provienen de
organizaciones delincuenciales, quienes pretenden cooptar a los medios de
comunicación para que se conviertan en sus voceros; los amenazan y amedrentan”.
La diputada del PAN, Eloísa Talavera Hernández, coincidió en
que hay tareas pendientes para complementar el marco jurídico en la materia, a
fin de que sea una profesión que se desarrolle con toda libertad y seguridad,
entre ellas, “exhortar a 21 entidades federativas a que deroguen el delito de
halconeo, que es cuando criminalizan la búsqueda de información por parte de un
periodista”.
También, regular la publicidad gubernamental por parte del
Ejecutivo y de los titulares de los gobiernos locales para que se realice con
transparencia y sin arbitrariedad.
Joaquín Díaz Mena (PAN) destacó que la comisión debe estar
consciente de que el periodismo es una profesión para valientes y quien
persiste en ésta es por vocación. Llamó a los diputados sean valientes y
levanten la voz para señalar a aquellos gobernantes que ofrecen a los
periodistas “plata o plomo”.
De la misma bancada, Ricardo del Rivero Martínez, expresó
que “casi el 100 por ciento de los delitos contra periodistas no se ha
resuelto. La impunidad, incluso no sólo para este delito, es lo que abunda y es
lo que permite que un delito se siga cometiendo”.
El titular de la Quinta Visitaduría General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo Sosa, indicó que en este
año se presentaron 12 homicidios y 88 agresiones a periodistas que van desde
físicas, verbales, amenazas para impedir su labor e intimidación.
“Una serie de actos que hacen que la labor del periodista y
de los medios de comunicación no sea una tarea fácil, es un ambiente de alto
riesgo, por lo que debemos estar a la altura de lo que se requiere para
protegerlos”, apuntó.
La Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, Balbina Flores Martínez, comentó que la
desaparición y desplazamiento de periodistas es una situación que preocupa, ya
que en México se reportan 20 periodistas desaparecidos. Aunado a ello,
enfatizó, de acuerdo con investigaciones en los periodos preelectorales y
electorales, las agresiones a periodistas aumentan, por lo que “la comisión
tendrá que estar alerta a esta situación.
En su intervención, el titular de la Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, de la
Procuraduría General de la República, Ricardo Nájera Herrera, expresó que “no
hay fiscalías en los estados que atiendan esta problemática, cuando normalmente
es en las entidades donde comienzan las agresiones; sin embargo, se ha logrado
sujetar a procesos a diversas personas, donde ya se condenó por abuso de
autoridad a un ex presidente municipal de Veracruz y otro de Yucatán.
La secretaria general del Club de Periodistas de México,
Celeste Sáenz de Miera, solicitó reformar el artículo 73 de la Constitución
para que la facultad de atracción sea obligatoria para la Fiscalía Especial
para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
Dicha reforma impedirá que esta autoridad ejerza de manera caprichosa y
arbitraria dicha facultad de atracción, como fue en el caso del periodista
veracruzano Moisés Sánchez Cerezo.
La cofundadora de la Academia de Periodistas de Radio y
Televisión, Judith Sánchez Reyes, resaltó que es lamentable que cada 26 horas
sea agredido un periodista en México, ya sea por tocar intereses económicos,
políticos o de alguna otra índole. Por ello, se congratuló por la instalación
de la Comisión Especial.
De la Asociación Civil, “Periodismo Nación MX”, Luis
Velázquez, mencionó que el marco legal actual es “difuso y ambiguo”. Tiene
varias debilidades, por lo que es una oportunidad para enderezar los errores
que se cometieron de origen y acompañar lo que resulte del Constituyente de la
Ciudad de México.
David Aponte, subdirector general del periódico El
Universal, se refirió a la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, de
El Imparcial, ocurrido en abril del 2005, el cual, dijo, ha sido un caso emblemático
porque a partir de ese momento empezó una etapa de violencia en contra de los
comunicadores. Citó las principales fuentes de agresión: “crimen organizado,
poder político y, ahora también, organizaciones sociales”.
