De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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| Foto: Archivo. |
Publicó este lunes 28 de noviembre en la Ciudad de México, el
Diario Oficial de Federación el Decreto por el que se expide la nueva ley que
sustituye a la que tenía una vigencia de más de 40 años y que ya no era acorde
con la realidad del país. Entra en vigor el martes 29 de noviembre.
Este nuevo marco legal sienta las bases para la solución de
los problemas que hoy aquejan a las grandes ciudades, como son la falta de
planeación, de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano
Se establece por vez primera el Derecho a la Ciudad cuyo
objetivo es garantizar a todos los habitantes el acceso a la vivienda,
infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos
reconocidos por la Constitución
El Diario Oficial de la Federación publicó hoy el Decreto
por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, “lo que significa un paso trascendental para
el país la renovación de un marco legal que tenía una vigencia de 40 años y que
ya no correspondía a la realidad actual de México”.
Esta ley fija las normas básicas e instrumentos de gestión
de observancia general para ordenar el uso del territorio y los asentamientos
humanos, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento a
las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos
y garantizarlos plenamente.
Además, establece la concurrencia de los tres órdenes de
gobierno en la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos
en el territorio nacional.
Cabe recordar que la iniciativa de Ley fue aprobada el
pasado 13 de octubre por el Congreso, y hoy se promulga y se publica en el
Diario Oficial de la Federación por el Presidente Enrique Peña Nieto.
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano contiene 119 artículos y 15 transitorios, y
entrará en vigor este martes 29 de noviembre.
Dicha ley establece la concurrencia de la Federación, de las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para la
planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el
territorio nacional y fija los criterios para que, en el ámbito de sus
respectivas competencias exista una efectiva congruencia, coordinación y
participación para la planeación de las grandes ciudades, garantizando la
protección y el acceso equitativo a los espacios públicos.
Además promueve la participación ciudadana, en particular de
mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de
planeación del territorio con base en el acceso a información transparente,
completa y oportuna, así como la creación de instrumentos que garanticen la
corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento
y evaluación de la política pública en la materia.
Por primera vez en la legislación mexicana se incluye como
principio fundamental el Derecho a la Ciudad, cuyo objetivo es garantizar a
todos los habitantes de un asentamiento humano o centros de población el acceso
a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de
los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales
suscritos por México en la materia.
También hace énfasis en los principios de Equidad e
inclusión, Derecho a la propiedad urbana, Coherencia y racionalidad,
Participación democrática y transparencia, Productividad y eficiencia,
Protección y progresividad del Espacio Público, Resiliencia, seguridad urbana y
riesgos, Sustentabilidad ambiental y Accesibilidad universal y movilidad.
De acuerdo con el Capítulo Segundo de la Ley, referente a
las atribuciones de la Federación le corresponderá, a través de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las atribuciones siguientes:
Formular y conducir la política nacional de asentamientos humanos, así como el
ordenamiento territorial, en coordinación con otras dependencias de la
Administración Pública Federal, Formular el proyecto de estrategia nacional de
ordenamiento territorial con la participación de las dependencias del Poder
Ejecutivo, con las entidades federativas y los municipios.
Además de participar, en coordinación con las entidades
federativas y los municipios en la planeación y promoción de la
infraestructura, equipamientos y servicios metropolitanos, y expedir los
lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura, medio ambiente y
vinculación con el entorno, a los que se sujetarán las acciones que se realicen
en materia de uso o aprovechamiento del suelo, así como de vivienda,
financiadas con recursos federales, en términos de la Ley de Vivienda, así como
las de los organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento
a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución, así como otras
acciones para garantizar el Desarrollo Urbano sostenible y ordenado.
La ley también establece como parte de la cooperación
interinstitucional promover, en coordinación con la Secretaría de Gobernación,
la elaboración de instrumentos que identifiquen las zonas de alto riesgo ante
los fenómenos climatológicos, y crear y administrar el sistema de información
territorial y urbano, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
Además, se prevé integrar una red metropolitana que promueva
la transferencia de metodologías, buenas prácticas y la profesionalización e
intercambio de información, así como el desarrollo de proyectos estratégicos
conjuntos con la participación de instituciones académicas y de los sectores
privado y social.
Entre las atribuciones de las entidades federativas están la
de legislar en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
ordenamiento territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y
desarrollo de las conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones
territoriales, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la
Constitución y en lo dispuesto por la Ley, así como establecer normas conforme
a las cuales se promoverá y dará participación a la ciudadanía en los procesos
de planeación, seguimiento y evaluación a que se refiere esta Ley.
Además deberán promover el cumplimiento y la efectiva
protección de los derechos humanos relacionados con el ordenamiento territorial
de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda, entre otros
aspectos.
Por su parte, entre las atribuciones de los municipios, la
Ley destaca que deberán formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o
programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás
que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación
y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales
mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento.
Asimismo, regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos
del Suelo y Destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en
los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio, y formular,
aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se
encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o
programas municipales y en los demás que de estos deriven.
Además de promover y ejecutar acciones, inversiones y
servicios públicos para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población, considerando la igualdad entre hombres y mujeres y el
pleno ejercicio de derechos humanos.
Los municipios deberán participar además en la planeación y
regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, en los términos de esta
Ley y de la legislación local, para lo cual deberán realizar convenios de
asociación con otros municipios, estados y con la Federación.
En el ámbito de la coordinación y concertación, tal como lo
establece el Artículo 12 de esta Ley, la SEDATU con la participación, en su
caso, de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
promoverá la celebración de convenios y acuerdos de coordinación entre la
Federación y las entidades federativas con la intervención de los municipios y
Demarcaciones Territoriales respectivas, así como de convenios de concertación
con los sectores social y privado.
Conforme al Artículo 13, los gobiernos municipales y los de
las entidades federativas podrán suscribir convenios de coordinación, con el
propósito de que estos últimos asuman el ejercicio de funciones que en materia
de asentamientos humanos y desarrollo urbano le corresponden a los municipios,
o bien para que los municipios asuman las funciones o servicios que les
corresponden a las entidades federativas.
Uno de los temas torales de la Ley es la de la Gobernanza
metropolitana en cuyo Artículo 36 establece que para lograr una eficaz gobernanza
metropolitana, se establecerán mecanismos e instrumentos de carácter
obligatorio que aseguren la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno y
la participación de la sociedad.
La gestión de las zonas metropolitanas o conurbaciones se
efectuará mediante una comisión de ordenamiento metropolitano o de conurbación,
según se trate, que se integrará por la Federación, los estados, los municipios
y las demarcaciones territoriales de la zona de que se trate, quienes
participarán en el ámbito de su competencia para cumplir con los objetivos y
principios a que se refiere esta Ley.
Tendrán como atribuciones coordinar la formulación y
aprobación de los programas metropolitanos, así como su gestión, evaluación y
cumplimiento.
Además, se establecerá un consejo consultivo de desarrollo
metropolitano que promoverá los procesos de consulta pública e
interinstitucional en las diversas fases de la formulación, aprobación,
ejecución y seguimiento de los programas.
Dicho Consejo se integrará con perspectiva de género, por
representantes de los tres órdenes de gobierno y representantes de agrupaciones
sociales legalmente constituidas, colegios de profesionistas, instituciones
académicas y expertos en la materia, este último sector que deberá conformar
mayoría en el consejo. Sus integrantes elegirán a quien los presida.
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