El asentamiento Beit Hadassah en la zona H2 deHebrón,
Cisjordania. UNRWA/Marwan Baghdadi
De la mesa de redacciónDe nuestra asociada RNU
Varios relatores especiales señalan que, en vez de perseguir
a los defensores de las garantías fundamentales, Israel debería corregir su
conducta en materia de derechos humanos y que "debe obedecer sus
obligaciones internacionales de proteger" a estas personas.
Dos expertos de la ONU en derechos humanos* dijeron este
martes que la condena de Israel el pasado 6 de enero a Issa Amro, un defensor
palestino de las garantías fundamentales y fundador de un grupo con sede en
Hebrón que se opone a la expansión de los asentamientos mediante la resistencia
civil no violenta, “forma parte de un patrón claro y sistemático de detención,
acoso judicial e intimidación” en ese país.
La reacción del relator especial sobre la situación de los
derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967, Michael Lynk, y
de Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los
derechos humanos, se produjo después de que un tribunal militar israelí hallara
culpable a Amro de seis cargos relacionados con sus actividades relacionadas
con los derechos humanos entre 2010 y 2016.
Ambos especialistas manifestaron su temor de que Amro será encarcelado
el próximo 8 de febrero cuando se conozca la sentencia.
“Esto forma parte de
un patrón claro y sistemático de detención, acoso judicial e intimidación por
parte de Israel a los defensores de los derechos humanos, un patrón que ha
aumentado en intensidad recientemente", indicaron.
Las detenciones buscan acallar a los defensores de los
derechos humanos
Lynk y Lawlor afirmaron que el objetivo de las autoridades
israelíes con las reiteradas detenciones del activista busca silenciar a las
personas que defienden los derechos humanos del prójimo.
En opinión de los relatores especiales, Israel debería
escuchar y corregir su conducta en materia de derechos humanos, en vez de
perseguir a los defensores de las garantías fundamentales, y añadieron que
"debe obedecer sus obligaciones internacionales de proteger a los defensores
de los derechos humanos".
Amro fue declarado culpable de tres delitos relacionados en
su participación en manifestaciones que carecían de autorización; de dos
delitos vinculados a obstruir las fuerzas de seguridad, cuando presuntamente se
negó a acompañar a los agentes de la ley durante su detención; y por un delito
de agresión, por empujar supuestamente a un guardia de un asentamiento en 2010.
Los expertos indicaron que la condena parece tener una
motivación política y que ésta "forma parte de un patrón por el que la ley
militar israelí se utiliza para restringir y penalizar a los palestinos por
ejercer sus derechos políticos y civiles inviolables".
En descargo de Amro, ambos relatores afirmaron que “el hecho
de no notificar a las autoridades la celebración de una asamblea no convierte
por sí mismo en ilegal el acto de participar en ella", e indicaron que el
artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza
el derecho de reunión pacífica.
Añadieron a su razonamiento que la Observación General del
Comité de Derechos Humanos sobre ese artículo “establece que el hecho de no
notificar a las autoridades la celebración de una reunión, cuando sea
necesario, no convierte en ilegal el acto de participación en ella”.
El primer juicio de Amro ante un tribunal militar israelí se
produjo en 2016 cuando se presentaron contra él dieciocho cargos, entre ellos
los de provocación, acceso a una zona militar cerrada y participación en una
manifestación que carecía de autorización.
"El sistema judicial militar israelí en Cisjordania es
sumamente defectuoso y se ha utilizado repetidamente para silenciar a los
defensores de los derechos humanos. El sistema sigue una interpretación vaga de
los delitos y las órdenes militares no aclaran qué conductas pueden dar lugar a
un delito", dijeron los expertos.
Los relatores especiales y otros expertos en derechos
humanos han enviado varias cartas a Israel pidiendo aclaraciones sobre el caso
de Issa Amro.
* Michael Lynk es el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967; Mary Lawlor es la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
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