*Busca fusionar INDA con INMPI lo que implica el robo de
estos derechos
* La Comisión de Competencia Económica de ICC México advierte que sin su autonomía no tienen razón de ser. "No nos equivoquemos"
De la mesa de redacción
De Arcano Político
Llevar a los hoy órganos autónomos al seno de las secretarías de Estado eliminaría el sentido técnico de las decisiones para convertirlas en disposiciones políticas, tornándose en un gran retroceso para el posicionamiento del país en materia de regulación, evaluación y control en temas muy relevantes como telecomunicaciones y radiodifusión, la competencia económica y la transparencia, con respecto a las tendencias democráticas en el concierto mundial, advirtió la ICC México el 7 de enero.
López adelantó en la mañanera del jueves 7 de enero: “Tengo una reunión de gabinete el lunes para que cada secretaría elabore un plan y ya que tengamos todo, podamos presentar las reformas legales, y que haya debate como fue con los fideicomisos”.
La respuesta es clara para quienes integran la Comisión de
Competencia Económica en la International Chamber of Commerce México (ICC
México), consideramos que el Ejecutivo Federal tiene maneras de influir
políticamente y buscar el impulso de sus políticas públicas con los
nombramientos como los que actualmente están en proceso, pero, insistimos, es
prudente hacerlo dentro del orden constitucional y a partir de fundamentos
técnicos.
En ICC México creemos que llevar los OCA’s (órganos
constitucionales autónomos) al seno de las secretarías de Estado es tanto como
convertirlos en órganos políticos y perdería su razón de ser que es tomar
decisiones técnicas.
Esas decisiones técnicas son las que se han impulsado en el
país y que solo pueden ser tomadas por los miembros de estos órganos con plena
autonomía, a partir de la mejor medida para el bienestar del ciudadano común y
no de grupos de interés o políticas públicas de corto plazo.
Algunos de esos beneficios propiciados por la existencia de
los OCA’s se encumbran, tan solo en el caso de la Comisión Federal de
Competencia (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
En el caso de la
primera, la Cofece, ha supervisado concentraciones económicas o de mercado por
más de 13 billones de pesos; ha logrado beneficios por aplicación de la ley por
20.5 millones de pesos y ha impuesto multas por 6 mil millones.
Y en el caso del IFT
ha reducido los precios de los servicios de telecomunicaciones en 27 por ciento
y en el caso de los servicios móviles hasta 44 por ciento, lo que implica
ahorros por 425 mil millones de pesos para los consumidores. Se triplicaron los
accesos de internet móvil y los accesos de internet fijo aumentaron 45%, las
conexiones de fibra óptica aumentaron en 600% mientras que los accesos a TV de
paga incrementaron de 43 a 58 por cada 100 hogares. Con la multiprogramación 30
millones de niños han podido ir a la escuela durante la crisis de COVID-19.
Y en el caso de la red compartida ha supervisado el
despliegue de la red compartida y se ha disminuido la participación en el
mercado de internet de los actores dominantes, 23 por ciento en Internet fija y
11 por ciento en móvil, además de 6 por ciento en telefonía móvil.
Los integrantes de los órganos constitucionales autónomos
son personas con alto perfil de conocimientos y experiencia, quienes fueron
aprobados por los órganos legislativos de la Nación y toman decisiones
colegiadas, precisamente para evitar que puedan ser influenciados y cooptados.
Quitar autonomía a estos órganos y llevarlos al seno de las secretarías de
Estado provocaría que se perdieran todas estas apreciaciones que les han dado
alta reputación.
Por la complejidad de sus funciones, los OCA’s requieren
recursos humanos especializados, su nómina salarial no es gasto corriente, es
inversión en capital humano-necesaria para el país.
De hecho, la existencia de los órganos autónomos ha venido a
impulsar en México la división de poderes, el equilibrio y apego al orden
constitucional y el conocimiento en la toma de decisiones. Y su riqueza está en
que, a pesar de formar parte del Estado, son un contrapeso para evitar la toma
de decisiones interesadas que perjudiquen a la mayoría de los ciudadanos.
Los consumidores ganamos con reguladores técnicos y
efectivos y blindados de influencias políticas de corto plazo. No nos
equivoquemos, regresar a un modelo ya superado no tendrá ahorros
presupuestales, ni va a mejorar los servicios a los ciudadanos, solo concentrará
más el poder político.
Y firma Miguel Flores Barnés, presidente de la Comisión de Competencia Económica, de la International Chamber of Commerce.
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