De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Se le pasó un pequeño detalle al gobierno de Enrique Peña
Nieto: Asignar los recursos para poder instrumentar la publicitada la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en el papel, es una
normatividad apegada casi completamente a la Convención de los Derechos del
Niño, denunció un diputado federal perredista.
Diputado de representación proporcional por la Ciudad de
México, el perredista Jesús Salvador Valencia Guzmán, presidente de la Comisión
de Derechos de la Niñez, señaló que el país pasa por una situación económica
complicada, pero debe existir sensibilidad en los diputados para que se
destinen recursos presupuestales suficientes para este sector de la sociedad,
que es obligación del Estado mexicano atender.
El ex Delegado de Iztapalapa que le había robado su reloj de
40 mil pesos el 3 de junio y recuperó el 27 de junio pasado, dijo que si bien
la Ley permite cumplir casi con la totalidad de los tratados internacionales,
para instrumentarla se necesitan recursos y “es el pequeño detalle que se le ha
pasado al gobierno de la República tomar en cuenta y al propio Legislativo, que
es la instancia que aprueba el presupuesto”.
En el Conversatorio sobre “Presupuestos Públicos”: ¿Cómo los
gobiernos deberían invertir el dinero a favor de los derechos de niñas y niños?,
el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) comentó que “es más fácil aprobar en
este Congreso una iniciativa que va dirigida a las personas en edad de votar,
que pensar en las próximas generaciones”.
Admitió que hay mucho por hacer, a pesar de lo que se ha
avanzado, como erradicar la violencia contra la niñez en la sociedad y atender
a los menores migrantes.
Por ello, dijo, se trabaja para tener un mayor presupuesto y
tener normas más realistas, de avanzada, que permitan cumplir los compromisos
del Estado mexicano.
El abogado español Jorge Cardona Llorens, integrante del
Comité de los Derechos del Niño en la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), resaltó que México está en la mejor situación de toda su historia
respecto del marco normativo de los derechos de los niños. “Nunca había estado
tan bien”.
Detalló que se ha elevado a rango constitucional la
Convención de los Derechos del Niño, se ha introducido el interés superior del
menor, y “felicito a México por su excelente ley general de protección”, así
como por las normas estatales que complementan esa ley.
Incluso, agregó, “los niños son el único grupo que se
encuentra con un derecho de prioridad en el Sistema Jurídico y se ha creado
todo un mecanismo integral de protección; por lo tanto, nunca habían estado tan
bien en las normas”
Sin embargo, resaltó que “no puede ser que esto quede en el
papel”, hay que garantizar recursos suficientes para que eso se materialice, y
si hay recortes, deben cumplirse las condiciones y demostrar que se están
efectuando.
Cuestionó cuál es el análisis que se realiza para que exista
un recorte presupuestal en el tema de la infancia, cómo se garantiza que no
afecte a los niños en mayor vulnerabilidad y cómo se demuestra que son las
medidas necesarias, razonables, proporcionadas, no discriminatorias y temporales.
El representante de la ONU resaltó que es el Poder
Legislativo el que adopta las decisiones presupuestarias, diseña los montos y
los aprueba, por lo que deben velar porque se respeten los derechos de los
niños a través de los presupuestos.
Subrayó que “invertir en la infancia es económicamente
rentable”, se ahorra mucho en salud porque se previenen enfermedades y, en
educación, se tendría personas más preparadas y con un trabajo de mayor
calidad, por lo que se tendrán más ingresos. Además, es “políticamente
conveniente” porque si no se invierte en infancia se creará una sociedad
inequitativa, desigual, que terminará trayendo problemas sociales.
La coordinadora general de la Organización de la Sociedad
Civil “RIRIKI”, Nashieli Ramírez Hernández, reconoció que es un año difícil
presupuestalmente, “pero lo que implica el interés superior constitucional en
nuestro país es que los esfuerzos se tienen que dedicar a las niñas, niños y
adolescentes”.
Pidió a los diputados dar la lucha por el presupuesto del
próximo año para esta área, así como que el recurso que se asigne sea bien
distribuido y eficazmente gastado.
En su turno, el director ejecutivo de la Red por los
Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, señaló que las
políticas públicas y las leyes sin presupuesto se convierten en demagogia.
Estimó que es algo que se debe tener siempre en la mesa
porque el Estado mexicano tiene obligaciones, no sólo internacionales, sino
también porque el 53 por ciento de la población menor de 18 años, está en
pobreza; entre los niños indígenas, 8 de cada 10 son pobres; se tiene una tasa
de embrazo muy alta de embarazo temprano, y 2.5 millones de niños trabajando.
Eso no va a cambiar sin presupuesto y sin que las
instituciones que les corresponde atender esta tarea cuenten con personal
capacitado, recursos suficientes y el marco de legal para lograrlo, agregó.
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