jueves, 3 de noviembre de 2016

Fallo judicial en México podría debilitar ejercicio de la libertad de expresión

* Pretenden Suprema Corte de Justicia de la Nación suprimir la exigencia de inexactitud o falsedad de la información en la Ley de Derecho de Réplica


De la Mesa de Redacción
De CERIGUA


Gelacio Pérez Dayán,
propone avalar un reclamo de
inconstitucionalidad de partidos políticos
que suprimiría de la
Ley de Derecho de Réplica
la exigencia de la inexactitud o falsedad
de la información
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia en México apruebe una propuesta de sentencia que puede atraer una mayor debilidad al ejercicio de la libertad de expresión en ese país.

De acuerdo con la información, un proyecto de fallo presentado por el ministro calderonista Alberto Gelacio Pérez Dayán, propone avalar un reclamo de inconstitucionalidad de partidos políticos que suprimiría de la Ley de Derecho de Réplica la exigencia de la inexactitud o falsedad de la información para un que un “agraviado” pueda pedir una rectificación al medio respectivo.

De ser aprobada, se eliminaría del Art. 3 de la ley la frase sobre los requisitos de información inexacta o falsa para hacer valer el derecho de réplica, lo que permitiría a cualquier persona sentirse agraviada y demandar al medio a sus autores, aún cuando la información sea verídica.

La SIP advirtió que este modelo de precepto legal, que permite emprender acciones contra medios y periodistas por hechos diversos, sean o no verdaderos, ha dado lugar a innumerables abusos en América Latina; en el caso de México supondría una regresión clara en los estándares en materia de libertad de expresión y de prensa; la institución lamentó que en esta deliberación del alto tribunal no se hayan consultado juristas expertos, medios de comunicación, académicos u otros sectores interesados.

La propuesta de sentencia del ministro Pérez Dayán será votada el 7 de noviembre en el pleno de la Corte mexicana, integrada por 11 magistrados supremos.

El presidente de la SIP, Matt Sanders, expresó su preocupación debido a que una acción de esta naturaleza “complicaría aún más el ya deteriorado ambiente en el que los periodistas y medios mexicanos deben realizar su labor, de indudable impacto social”.

Sanders advirtió que una modificación legal de esta naturaleza, “podría cobrar el carácter de censura previa mediante una ola de demandas que presentarían funcionarios y dirigentes políticos que suelen sentirse agraviados por todo tipo de información, lo que desalentaría la labor de escrutinio público de la prensa sobre los personajes públicos; cuya consecuencia iría en detrimento del derecho del público a la información”.


Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, agregó que “el recurso aceptado por la Corte es más preocupante porque se origina por promoción de partidos políticos, lo que permite asumir que se busca bloquear investigaciones o señalamientos periodísticos que resultan esenciales para que la ciudadanía conozca a los actores y candidatos y tome decisiones informadas, especialmente en épocas electorales”.

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