* Luis Raúl González Pérez presentó el Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el Presidente Enrique Peña Nieto, en el Salón “Adolfo López Mateos”, de Los Pinos
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Estas prácticas hacen que la verdad y justicia sean mera
aspiración para miles de personas. Sentenció que “en los casos vinculados a
esas conductas no puede haber olvido ni permitirse el silencio”.
Al presentar el Informe de Actividades de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante el Ejecutivo Federal, Enrique Peña
Nieto, González Pérez puntualizó que, a pesar de las voluntades expresadas,
acciones emprendidas y recursos aplicados, las autoridades federales, estatales
y municipales no pudieron garantizar la vigencia y respeto a los derechos
humanos en el país durante 2016, como consecuencia de la corrupción, en todas
sus modalidades; falta de capacitación, coordinación y debilidad de nuestro
Estado de Derecho.
En el Salón “Adolfo López Mateos”, de la residencia oficial
de Los Pinos, y ante integrantes del gabinete, gobernadores, cuerpo
diplomático, miembros de organismos internacionales, defensores públicos de
derechos humanos y representantes de la sociedad civil, solicitó
respetuosamente al Presidente Peña Nieto que instruya el cumplimiento total de
las Recomendaciones emitidas tanto por la CNDH como por los organismos
internacionales en la materia, petición que extendió a los titulares de los
Gobiernos estatales y municipales.
En ese contexto, explicó que es la hora de un cambio ético
en la vida institucional y pública del país, que debe ubicar los derechos
humanos como eje y parámetro de toda política pública, así como generar una
debida cultura de la legalidad, de acuerdo con la cual el cumplimiento y
aplicación de la ley se vuelva premisa irrenunciable, además de emprender un
combate real –y no sólo formal— a la impunidad, corrupción y todo lo que ello
implica.
“Es preciso –dijo— que todas las autoridades asuman que la
esencia del poder es servir y no servirse de él, hacer y no decir que se hace,
gobernar con integridad, con responsabilidad, conciencia y un profundo sentido
de solidaridad y compromiso con nuestro país, su sociedad y sus mejores causas
e intereses. Actuar con la convicción de que el desarrollo y trascendencia de
nuestra Nación, debe partir del respeto, desarrollo y realización de las
personas”.
González Pérez dio a conocer que durante 2016 se resolvieron
durante el procedimiento o por la vía conciliatoria 4,566 expedientes, lo que
representa cerca de 47.2% del total de expedientes de queja concluidos. Señaló
que en ese año se emitieron 72 Recomendaciones, dirigidas a 55 autoridades, lo
que significó un aumento de 20% frente a lo registrado en 2015. Las cinco
autoridades destinatarias de mayor número de Recomendaciones son el IMSS, con
15; Secretaría de Marina, 7; Procuraduría General de la República, 6; Comisión
Nacional de Seguridad, 6; Secretaría de la Defensa Nacional, 5. Del conjunto de
Recomendaciones emitidas el año anterior 54 tienen pruebas de cumplimiento
parcial y 14 fueron aceptadas sin que se tengan pruebas de cumplimiento.
Explicó que los derechos violentados y las materias de las
Recomendaciones abarcan ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura,
uso excesivo de la fuerza, violencia obstétrica, indebida prestación de
servicios médicos, detenciones ilegales, ataques a la libertad de expresión y
afectaciones a los derechos de las personas en contexto de migración, hasta el
derecho a la consulta libre e informada de los pueblos indígenas, cuestiones
vinculadas al medio ambiente, así como al nivel de vida y desarrollo de las
personas. En 7 Recomendaciones se acreditó la existencia de tortura y en 11,
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Destacó la Recomendación 4VG 2016, por violaciones graves a
los derechos humanos, consistentes en el uso excesivo de la fuerza que derivó
en la ejecución arbitraria de 22 personas y la privación de la vida de 4 más;
la tortura de dos personas detenidas; el trato cruel, inhumano y degradante en
perjuicio de una persona detenida y la manipulación del lugar de los hechos,
atribuida a la Policía Federal, con motivo de los hechos ocurridos el 22 de
mayo de 2015 en el “Rancho del Sol”, municipio de Tanhuato, Michoacán.
En cuanto a las tareas extraordinarias que realizan las
Fuerzas Armadas respecto de la seguridad de las personas, dijo que la
existencia de un marco normativo específico por sí mismo no es la solución a la
inseguridad, violencia y falta de acceso a la justicia, apuntó que no es
deseable la participación de la Fuerzas Armadas en ese tipo de tareas, como
tampoco lo es la emisión de la ley que se ha planteado. Enfatizó que, cuando
las condiciones del país lo permitan, deben volver a las funciones que les son
propias, bajo un programa gradual y verificable.
“La debida formación y capacitación de policías; la
inteligencia financiera y la investigación patrimonial; el abatimiento de la
corrupción; la efectiva y real autonomía del Ministerio Público; el combate al
tráfico de armas; el replanteamiento de nuestro sistema penitenciario; la
modernización y replanteamiento de nuestros sistemas de inteligencia; así como
el énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en la materia,
son tan solo algunas de las cuestiones que se deberían atender para dar una
respuesta más eficaz a nuestros problemas de seguridad y justicia”, afirmó.
González Pérez señaló que a la difícil situación interna que
enfrenta el país se suma un entorno internacional complejo, derivado del cambio
en el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América, que desde la
perspectiva de los derechos humanos es factor de preocupación y alerta por sus
políticas públicas sustentadas en un discurso de odio, especialmente dirigido a
personas migrantes y refugiadas.
Refirió las reiteradas expresiones de apoyo a nuestros
connacionales en Estados Unidos y diversas acciones emprendidas que resultan
insuficientes, lo que demanda un espectro más amplio ante el alcance y
repercusión que puedan tener esas políticas migratorias, por lo cual propuso
utilizar los foros y mecanismos internacionales para denunciar y defender los
derechos e intereses de nuestro país y los de nuestros compatriotas, además de
prever condiciones dignas y adecuadas para quienes sean deportados.
De igual manera, se pronunció por atender a las personas de
nacionalidades diversas que cruzan nuestro país y no puedan ingresar a los
Estados Unidos, lo que rebasaría nuestras capacidades y recursos.
