De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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| La argentina Elena Reynaga, secretaria ejecutiva de la organización Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex). |
Preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en Washington, la situación de falta de seguridad jurídica en que se
encuentran las mujeres trabajadoras sexuales en América.
La CIDH urge a los Estados de la región a diseñar normativas
y políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las trabajadoras
sexuales, incluyendo medidas para proteger su vida, su integridad, su honra y
dignidad, así como para poner fin a la estigmatización y discriminación de la
que son objeto.
La CIDH recibió información alarmante sobre la situación de
derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales en América durante una
audiencia celebrada el 18 de marzo de 2017 en el marco del 161 Período de
Sesiones de la CIDH. “Se trata de una
audiencia de carácter histórico, ya que es la primera vez que se aborda este
tema en este ámbito”, dijo la Comisionada Margarette Macaulay, quien presidió
la audiencia y es Relatora de la Comisión Interamericana sobre los Derechos de
las Mujeres. “La información recibida es
sumamente preocupante y desde la Relatoría vamos a trabajar en incluir el tema
de las trabajadoras sexuales en todos nuestros trabajos sobre los derechos de
las mujeres”, agregó.
Las solicitantes de la audiencia expusieron sobre el alto
índice de asesinatos de mujeres trabajadoras sexuales, el alto índice de
impunidad que existe para esos crímenes, las barreras en el acceso a la
justicia, la violencia institucional por parte de fuerzas de seguridad,
funcionarios judiciales y otros agentes estatales, entre otros graves
problemas. Asimismo, plantearon problemas en la aplicación de las leyes y
normativas contra el tráfico de personas, indicando que muchas veces los
operativos terminan perjudicando a las mujeres trabajadoras sexuales.
“Los Estados deben adoptar leyes que reconozcan nuestra
actividad de trabajadoras sexuales como una actividad lícita y generar
políticas públicas para generar mejores condiciones de trabajo para nosotras.
El mundo dice que nuestro trabajo es indigno. Nosotras decimos que el trabajo
siempre es digno, pero son indignas las malas condiciones en que hoy estamos
sumergidas las trabajadoras sexuales en la región”, dijo la presidenta de la
Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex),
Elena Reynaga.
Respondiendo a los comentarios de las participantes, la
Comisionada Macaulay manifestó su acuerdo con que el trabajo siempre es digno,
y señaló que lo que es indigno es, por ejemplo, la forma en que son tratadas
las trabajadoras sexuales por parte de agentes estatales, por ejemplo fuerzas
policiales y jueces y juezas. De manera de progresar en la protección de los
derechos de las trabajadoras sexuales, el trabajo sexual debería ser
descriminalizado.
Al exponer cifras sobre el alto número de asesinatos de trabajadoras
sexuales en diversos países de la región, Maria Lucila Esquivel, otra líder de
la RedTraSex, señaló que la motivación de estos homicidios es “por negarse a
trabajar o continuar trabajando para proxenetas, por negarse a abonar cuotas a
las mafias, a las maras, o a las fuerzas de seguridad para poder seguir
ejerciendo su trabajo, por llevar adelante denuncias contra determinados
sectores de poder que buscan lucrar con el trabajo sexual, por el sólo hecho de
ser trabajadoras sexuales, donde operan factores de estigma y discriminación,
por ejercer el trabajo en espacios absolutamente inseguros, conocidos como
zonas liberadas”.
Estos crímenes suelen quedar en la impunidad. “Rara vez
aparecen los culpables y las investigaciones no se concluyen. Esto se debe al
estigma que pesa sobre nosotras”, explicó Esquivel. Puntualizó que algunas
familias no quieren hacer seguimiento de la investigación para que no se sepa
que hacían trabajo sexual, otras familias no cuentan con los recursos
económicos o conocimiento sobre cómo acceder a la justicia, y en otros casos
que familiares deciden impulsar las investigaciones, suelen enfrentar amenazas
y amedrentamientos para que cesen del intento.
Las participantes aportaron el resultado de una
investigación que indica que 7 de cada 10 mujeres trabajadoras sexuales fueron
víctimas de violencia en el último año. “Casi 9 de cada 10 de estas mujeres
identificó que sus agresores eran policías, fuerzas armadas, agentes de
migración y funcionarios de justicia. Es decir, en la mayoría de los casos se
trató de violencia institucional”, dijo Haydeé Laínez Cabrera, otra dirigente
de RedTraSex. El mismo estudio señala que 8 de cada 10 trabajadoras sexuales no
hacen denuncias.
“Lo más grave de esta
situación es la absoluta desprotección. Si alguien te violenta, deberías
denunciarlo. Qué pasa si ese alguien agresor encarna justamente la institución
donde debes llevar tu denuncia? La policía o la justicia? Lo que sentimos ante
esta situación es impotencia. Sientes que no puedes hacer nada, sientes que
otro puede agredirte, humillarte y tiene impunidad absoluta para vulnerar
nuestros derechos”, dijo.
Otro tema preocupante planteado en la audiencia fue el
impacto negativo que tiene sobre las trabajadoras sexuales las leyes de combate
al tráfico de personas. El tratamiento que se le ha dado en la mayoría de los
países “no realiza una clara distinción entre la trata de personas y el trabajo
autónomo, y generan distintas formas de intervención policial, judicial y
administrativa que redundan en una criminalización del trabajo sexual, reducen
los ámbitos de trabajo posible para las trabajadoras sexuales autónomas, y
termina afectando gravemente los derechos humanos de las mujeres que realizamos
esta actividad por decisión propia”, dijo María Lucila Esquivel. “Los
procedimientos irregulares que se anuncian como de rescate de víctimas de
trata, en la práctica resultan en persecución a las mujeres trabajadoras
sexuales, en lugar de perseguir a proxenetas y explotadores”.
Por su parte, Elena Reynaga solicitó que “los Estados
realmente nos tomen como actoras políticas valiosas, y no como esa cosa que
mejor escondamos bajo la alfombra”, y que se legisle el trabajo sexual como
legítimo y legal, porque eso “va a ayudar a combatir el tráfico de personas”.
Las participantes plantearon entre sus solicitudes a la CIDH
que se avance en diferenciar claramente trabajo sexual de trata y tráfico, así
como explotación sexual y explotación laboral, tanto a nivel legislativo como
de políticas públicas nacionales, generar políticas públicas eficientes para
prevenir, combatir y sancionar la discriminación y la violencia contra las
trabajadoras sexuales, establecer mecanismos efectivos de protección frente a
la actuación de las fuerzas de seguridad e instituciones públicas que
desarrollan discriminación y violencia hacia las trabajadoras sexuales,
promover el desarrollo de normativas que regulen el trabajo sexual, sin
criminalizarlo, y garantizar condiciones óptimas para el desarrollo de las
mujeres trabajadoras sexuales en el marco del respeto de sus derechos humanos.
“Es de urgencia una ley nacional en toda Latinoamérica una
ley que reivindique el trabajo sexual, una ley que nos vea como seres humanas
sujetas de nuestros propios derechos y no sujetas a que alguien más nos
violente, nos discrimine, nos violente y nos asesine, como está ocurriendo”,
dijo Adriana Castillo.
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