De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Aplaude la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) este miércoles 12 de abril en Washington, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de
Chile mediante la cual condena a 33 ex agentes del Estado por su
responsabilidad en los secuestros calificados de cinco miembros del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez en 1987.
Esta decisión representa un significativo paso adelante en
la lucha contra la impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos
cometidas en el pasado.
Según lo informado por el Poder Judicial de Chile, en
septiembre de 1987 Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel
Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola fueron
detenidos, sin orden judicial, por agentes del Estado, en represalia por el
secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño, ocurrido el 1 de septiembre
de 1987.
Los cinco detenidos fueron víctimas de desaparición forzada
en un operativo conjunto entre la CNI, el Batallón de Inteligencia del Ejército
(BIE) y el Comando de Aviación del Ejército, y sus restos fueron arrojados al
mar en las costa de Quintay.
En la resolución emitida el 22 de marzo de 2017, la Corte
Suprema condenó a los agentes: Álvaro Corbalán Castilla y Hugo Salas Wenzel a
penas de 15 años de presidio, en calidad de autores en los secuestros
calificados.
Los otros agentes fueron condenados a penas que varían entre
3 y 10 años. En el aspecto civil, se confirmaron las demandas de indemnización
presentadas en contra del Estado de Chile.
La CIDH saluda esta decisión por constituir un significativo
avance en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el
Estado de Chile como Estado Miembro de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Bajo estas obligaciones, los Estados deben investigar,
enjuiciar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos
humanos.
“Esta decisión es un paso hacia la justicia por graves
crímenes del pasado, y también es una decisión que impacta positivamente en el
futuro de Chile y de la región”, dijo el Comisionado Paulo Vannuchi, Relator de
la CIDH para Chile. “Sabemos que cuando permanecen en la impunidad las graves
violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetradas
durante dictaduras o gobiernos autoritarios del pasado, corremos el riesgo de
que se repitan.
Este avance en la justicia es un acto de reparación para las
víctimas, y es también una forma de prevenir que este tipo de crímenes
horrendos vuelvan a ocurrir”, agregó. “Con esta decisión, la Corte Suprema de
Justicia de Chile no sólo cumple con los estándares interamericanos en la
materia, sino que contribuye a construir un futuro mejor”.
La CIDH saluda este paso hacia la verdad, la justicia y la
reparación e invita al Estado de Chile a seguir avanzando en la investigación
de los graves crímenes perpetrados durante el régimen militar, la
identificación de sus responsables, la aplicación de sanciones, y la
determinación de reparaciones justas.
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