martes, 14 de marzo de 2017

Requiere coordinarse en la defensa de derechos humanos de migrantes y refugiados en EU

De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político


Requiere coordinar la defensa de los derechos humanos de los migrantes y refugiados en Estados Unidos, frente al desafiante discurso de odio que promueve desde la más alta esfera del poder un rechazo no sólo discriminatorio sino también violento, señaló en la Ciudad de México este martes 14 de marzo, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.

Se firmó un convenio de colaboración entre Comisión Nacional de Derechos Humanos, la UNAM y la Fundación Slim, representados por Luis Raúl González Pérez, el Rector Enrique Graue Wiechers y Marco Antonio Slim Domit, con la presencia de Alberto Ken Oyama, Secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, Roberto Tapia Conyer, Director General del Instituto Carso de la Salud y Édgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la CNDH.

El ombudsman (defensor del pueblo) preciso que más  allá del legítimo derecho que asiste a toda Nación para determinar el contenido, alcance y sentido de sus políticas públicas, para los derechos humanos es un factor de preocupación y alerta, el que las mismas se estén sustentando en un verdadero discurso de odio.

Una táctica que se ensaña con los grupos en mayor situación de vulnerabilidad de nuestro tiempo: los migrantes y los refugiados, en contra de quienes se promueve, desde las más altas esferas de poder, un rechazo no sólo discriminatorio sino también violento.

En Arcano Radio, asociada a RNU y a RGI y afiliada a La Voz de América, otra forma de escuchar para ver el mundo en busca de la verdad, le compartimos las palabras del defensor del pueblo mexicano:


En un entorno incierto y desafiante, como el que actualmente enfrenta nuestro país, derivado de los cambios en las políticas económicas, sociales y, en particular, migratorias en los Estados Unidos de América, nuestra sociedad, instituciones y autoridades requerimos actuar de manera coordinada, responsable y efectiva, para defender con la ley, la justicia y la razón, los intereses de México y de las mexicanas y mexicanos. Para sumar nuestros recursos y capacidades en la defensa de la dignidad de todas las personas y del régimen de derechos humanos que hemos establecido como base de nuestra convivencia pacífica.

Más allá del legítimo derecho que asiste a toda Nación para determinar el contenido, alcance y sentido de sus políticas públicas, para los derechos humanos es un factor de preocupación y alerta, el que las mismas se estén sustentando en un verdadero discurso de odio, que se ensaña con los grupos en mayor situación de vulnerabilidad de nuestro tiempo: los migrantes y los refugiados, en contra de quienes se promueve, desde las más altas esferas de poder, un rechazo no sólo discriminatorio sino también violento.

El recurso de culpar a la inmigración de todos los males de un país es muy viejo. Se trata de una estrategia falaz que, apelando a descontentos e inconformidades sociales, lucra con las mismas al utilizarlas como forma de llegar al poder y, una vez establecido en el mismo, perpetuarse. Desafortunadamente, esta situación no es una cuestión incipiente, es una realidad que ya afecta a muchas mexicanas y mexicanos que, como consecuencia de una situación migratoria irregular, día a día sufren las consecuencias de ese discurso que promueve y legitima formas de rechazo y discriminación, las cuales se hacen presentes cada vez con mayor fuerza en la vida cotidiana de las personas.

Para la CNDH, como Organismo Nacional de protección y defensa de los derechos humanos de México, este tema constituye una prioridad, en tanto que no implica solamente un riesgo o afectación potencial a los derechos y condiciones de vida de miles de mexicanas y mexicanos que radican en los Estados Unidos de América. En realidad, se está cuestionando y desafiando la vigencia misma y la utilidad de los sistemas regionales y universal de derechos humanos, lo cual hace que sus repercusiones tengan un alcance global.

La condición de persona no depende de requisitos legales o del cumplimiento de procedimientos administrativos para existir. Por encima de cualquier consideración migratoria, política, cultural, étnica, religiosa o de cualquier otra índole esta la dignidad humana. Actualmente los criterios de protección de los derechos humanos son de consenso internacional y de alcance universal, lo cual no excluye o exceptúa a las personas en contexto de migración.

La intolerancia, la discriminación y la exclusión llevan implícito el negar la condición plena de persona a quien piensa o es diferente a mí, lo cual imposibilita el diálogo y el entendimiento, abriendo la puerta a la violencia y el ejercicio de la fuerza.

Más allá de las meras descalificaciones o alusiones discursivas, requerimos unir las fuerzas de todos los que nos oponemos al racismo, a la discriminación, a la xenofobia, y que estamos en contra de que la mentira, los prejuicios y la ilegalidad sean métodos aceptables de hacer política y de relación entre los países.

Frente a cualquier embate externo, que cuestione o vulnere los derechos e intereses de nuestro país y nuestros connacionales, la legitimidad de nuestros postulados se verá fortalecida si como país y como sociedad somos ejemplo de reconocimiento y respeto a la dignidad de las personas, de cumplimiento y observancia de la ley, así como de integridad, solidaridad e inclusión.

Esto exige congruencia y compromiso. Congruencia, en virtud de que si exigimos respeto e inclusión para nosotros, estamos obligados a ser inclusivos y respetuosos con los demás, con los otros, más allá de las diferencias de pensamiento o de cualquier otra índole que nos distingan. Compromiso, para hacer efectiva y real la lucha por el reconocimiento, respeto y vigencia de los derechos humanos.

En el ámbito migratorio, esta congruencia y compromiso implican, además, que tengamos empatía, sensibilidad y seamos solidarios con el dolor y el sufrimiento de las personas que ante las amenazas y la persecución que se ha anunciado, en estos momentos viven condicionadas al miedo, reducidas a la marginalidad y con la incertidumbre de un futuro en el que sólo se vislumbran más problemas.

En razón de ello, resulta de especial relevancia el que hoy se suscriba este Convenio Específico de Colaboración para la promoción y defensa de los derechos de las personas de nacionalidad mexicana radicadas en los Estados Unidos de América, entre nuestra Máxima Casa de Estudios, la Fundación Carlos Slim y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Este instrumento trasciende el ámbito discursivo y llega al terreno de los hechos, sentando las bases para que se implementen acciones concretas y específicas que incidan en la situación que están viviendo miles de mexicanas y mexicanos en los Estados Unidos de América, además de ser un testimonio claro de lo que puede lograr la solidaridad y compromiso de la iniciativa privada, las organizaciones civiles, la academia y los órganos del Estado para actuar de manera conjunta y coordinada en la atención de los grandes problemas que enfrenta México.

Quiero destacar el compromiso y los esfuerzos que han hecho la UNAM y la Fundación Slim en esta defensa de los derechos migratorios de la comunidad mexicana. La suscripción de este Convenio no es una cuestión incidental, es una acción relevante que se suma a todas aquellas que, desde sus ámbitos particulares de actuación, han llevado cabo nuestra Universidad Nacional y sus universitarios, así como la Fundación Slim, en beneficio de México y de nuestros compatriotas.

La CNDH ha venido dirigiéndose a actores de los sistemas regional y universal de los Derechos Humanos como lo es el reciente encuentro con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con el Presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas patentizando los efectos nocivos de ese discurso de odio.


Queremos prevenir abusos y defender derechos, pero también queremos preservar proyectos de vida y oportunidades. Detrás de cada caso de deportación hay personas, familias divididas, padres que son separados de sus hijos, hijos que son separados de sus padres o parejas que ven truncada su existencia en común. No podemos voltear la cara al miedo, al dolor, al sufrimiento, a la necesidad de nuestros compatriotas. Es nuestra obligación y compromiso actuar, y la firma de este convenio es un paso concreto para ello.

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