De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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| El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, y la Secretaria de la Función Pública, Areli Gómez González, coincidieron en la importancia de completar el SNA, en el acto conmemorativo del Día por la Integridad. |
Demandó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) este
lunes 9 de julio, en la Ciudad de México, reconocer el problema de la
corrupción para atenderlo y erradicarlo, por el impacto negativo que tiene en
los derechos fundamentales y que con otros fenómenos integran los binomios de
pobreza y desigualdad, violencia e inseguridad, y corrupción e impunidad, que
representan los grandes desafíos para México en un Estado débil de Derecho.
Pese a contar con mecanismos jurídicos para eliminar la
corrupción, persiste esa práctica en la sociedad mexicana que percibió un
aumento entre 2016 a 2017. La corrupción debilita a las instituciones
encargadas de velar por los intereses de las personas y del país, por lo cual
se pronunció porque se complete el Sistema Nacional Anticorrupción y opere a la
mayor brevedad de manera plena y eficaz.
Por ello, es necesario que las prácticas de corrupción sean
prevenidas y sancionadas de manera efectiva y real, en específico las que
influyen de manera directa en la violación de derechos como a la salud,
vivienda digna, seguridad social, alimentación nutritiva, sana y suficiente o a
la educación, además de atender el impacto que causa a otros problemas como
desigualdad, exclusión y pobreza.
La lucha contra la corrupción debe considerar el tipo de
violaciones a derechos que se busca evitar; además, el contexto donde opera la
relación entre corrupción y derechos humanos. Principalmente, en el diseño
institucional, ya que el marco estructural de la corrupción se realiza mediante
redes de criminalidad que funcionan cada vez con mayor complejidad.
Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González
Pérez, al participar con la Secretaria de la Función Pública, Areli Gómez
González, en la conmemoración del Día por la Integridad, impulsado por esa
instancia, en que puso de manifiesto que la corrupción se mantiene en segundo
lugar de los problemas que más preocupan a la población, sólo después de la
inseguridad y delincuencia.
Tras mencionar que, de acuerdo con cifras de 2017 del
Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), el porcentaje de población
preocupado por dicho tema pasó de 50.9% a 56.7%, destacó que la tasa de
población que experimentó un acto de corrupción entre 2016 y 2017 fue de 14,635
personas por cada 100,000 habitantes, cifra superior a la reportada en 2015,
que fue de 12,590 personas por cada 100,000.
Enfatizó que la preocupación por acabar con la corrupción es
tema compartido a nivel internacional, como lo evidencian los objetivos y metas
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y señaló que en el ámbito
regional es medular considerar la Convención Interamericana contra la
Corrupción de la OEA, firmada por México en Caracas, Venezuela, en marzo de
1996 y aprobada por el Senado el 30 de octubre de ese año, que establece
prácticas como asistencia jurídica, cooperación técnica, extradición,
confiscación y decomiso de bienes provenientes de actos de corrupción para
combatir dicho fenómeno.
Recordó que con el fin de poner de manifestó el impacto de
la corrupción en el goce y disfrute de los derechos fundamentales, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos elaboró en 2017 el estudio Los Derechos
Humanos y la corrupción en México, realizado en colaboración con el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde se expone la necesidad de contar
con indicadores e índices oficiales en materia de corrupción, además de señalar
que los datos existentes no permiten construir diagnósticos sólidos ni
desarrollar políticas públicas contra ese fenómeno.
Por su parte, Arely Gómez González coincidió con el
Ombudsperson nacional en la urgencia de contar con un Sistema Nacional
Anticorrupción completo, para consolidar un instrumento que garantice el
adecuado uso de los recursos públicos, combatir fenómenos como la desigualdad y
fortalecer la capacidad de los tres niveles de gobierno para proteger los
derechos humanos.
Indicó que la corrupción merma la confianza de la ciudadanía
en las instituciones, afecta el pleno goce de los derechos fundamentales,
reduce la efectividad de los gobiernos para atender y resolver los problemas de
la sociedad, es factor de discriminación y visibiliza la falta de compromiso de
algunos servidores públicos con la legalidad.
Alexandra Hass Paciuc, Presidenta de la Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), señaló que la CNDH ha sido aliada
en el acompañamiento, defensa de los derechos humanos y no discriminación en el
país. Destacó que la protección, respeto y promoción de los derechos humanos es
un imperativo legal plasmado en el artículo 1° de la Constitución Política.
Tras mencionar que, en su mayoría, las personas originarias
de los pueblos y comunidades indígenas presentan discriminación en todos los ámbitos
de la vida social que inhibe su acceso a los derechos fundamentales y provoca
que se forme un patrón de marginación estructural, finalmente refirió que
discutir el papel de la corrupción es necesario, porque la extracción de
beneficios privados contra el interés público tiene el potencial de afectar a
quienes se encuentran en condiciones desfavorables.
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