* Relator de la ONU pide visitar los centros de detención de niños migrantes en Estados Unidos (Audio)
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Adoptó el Gobierno de Estados Unidos una política de
“tolerancia cero” contra las personas que entraban al país de forma ilegal por
la frontera de México. La medida fue suspendida a mediados del pasado mes de
junio.
Este viernes 13 de julio se encontraron en la residencia
oficial Los Pinos en la Ciudad de México, el secretario de Estado de EU,
Michael Pompeo, un empresario ex director de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA), y que es el primer funcionario de alto nivel que visita al presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador.
También asisten la Secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen
Nielsen, el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el Asesor Senior del
Presidente de Estados Unidos, Jared Kushner. con el presidente saliente de México,
Enrique Peña Nieto.
Reconoció el interés del Gobierno de Estados Unidos por
entablar un diálogo de alto nivel durante el proceso de transición del Gobierno
de la República.
El Titular del Ejecutivo Federal expresó su preocupación por
la política de separación de familias migrantes instrumentada por el Gobierno
estadounidense.
En materia comercial, coincidieron en avanzar de manera
constructiva la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN).
El Presidente Peña Nieto enfatizó la disposición del
Gobierno de la República de continuar la negociación con el objetivo de
finalizarla lo más pronto posible.
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Una
refugiada hondureña junto a su pequeña
de cuatro
meses en un albergue de México.
La ola de
refugiados y niños migrantes desde
Centroamérica
a Estados Unidos no para,
a pesar de
los peligros del viaje.
UNICEF/Adriana
Zehbrauskas
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En su opinión, la inmigración ilegal nunca debería ser
considerada un delito y la detención solo puede plantearse solo como un último
recurso en el caso de los adultos y nunca para los niños.
El relator especial para los derechos de los migrantes*,
Felipe González Morales*, ha pedido al Gobierno de Estados Unidos visitar el
país para comprobar las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes
detenidos.
“Espero una respuesta
positiva y poder ver tanto la situación de los niños detenidos, como en general
de los migrantes, publicar un informe al respecto e informar al Consejo de
Derechos Humanos”, explica en una entrevista con Noticias ONU.
González considera “muy grave” la separación de los niños de
sus familias. “Organismos de Naciones Unidas y regionales han señalado en
muchas ocasiones que se viola el derecho internacional cuando se practica la
detención de niños y niñas por razones migratorias”, explica y además “no
produce el efecto disuasorio que el Estado quiere que tenga”.
Alrededor de 3000 menores fueron separados de sus padres
desde que el pasado mes de abril, el Gobierno de Estados Unidos decidiera
adoptar una política de “tolerancia cero” contra las personas que entraban al país
de forma ilegal por la frontera de México. La medida fue suspendida a mediados
del pasado mes de junio.
“No se justifica la detención de niños por razones
migratorias”, dice González. “Son
personas que no han cometido ningún delito y a las cuales se encarcela”. El
relator usa ese término intencionadamente. “Es la palabra que hay que usar. Se
usan otras, aseguramiento, hospedaje, alojamiento, pero hay una privación de
libertad, una detención”.
En un comunicado publicado junto a otros expertos en derechos
humanos, se asegura que la detención “es una clara violación de los derechos de
los niños y causa un daño irreparable que puede equivaler a torturas”.
González visitó centros de detención de menores en Estados
Unidos en su etapa como relator en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y antes de que, en 2009, se terminara con esta práctica que luego se
recuperó en 2013.
“Son realmente muy parecidos a las cárceles donde están los
adultos”, explica. “Quedan lejos de las ciudades, con lo que se limita la
provisión de servicios legales y dificulta que los cónsules puedan visitar a
los niños y comprobar las condiciones”.
Los inmigrantes no son delincuentes
Para el relator, la inmigración ilegal nunca debería ser
considerada un delito y la detención solo puede plantearse solo como un último
recurso en el caso de los adultos y nunca para los niños.
Un juez federal estadounidense determinó a finales del mes
pasado que la Administración debía reunificar a las familias y dio 14 días de
plazo para cumplir con la sentencia en el caso de los menores de 5 años y 30
días para aquellos que sean mayores de esa edad.
Cuando se cumplió el plazo, a las 00.01 hora local de la
noche del martes al miércoles, 38 de los 102 niños menores de cinco años habían
sido entregados a sus padres. Según informaciones de prensa, las autoridades no
han entregado a los 64 restantes debido a la imposibilidad comprobar la
relación de parentesco a tiempo. “Estados Unidos tiene que solucionar cada uno
de los casos. La situación es sumamente grave”, señala el relator.
Huyendo de la violencia
La mayoría de estas familias provienen de Guatemala, El
Salvador y Honduras. Los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) indican que un 58% de los niños centroamericanos que
llegan a Estados Unidos están huyendo por miedo a ser reclutados en grupos
armados o a ser víctimas de extorsión, violencia y amenazas de muerte contra
ellos y sus familias.
“Muchas de estas personas podrían calificar como
solicitantes de asilo”, explica González, que añade que hay otras fórmulas de
protección internacional para los que no entraran en esa categoría. El
principio de no devolución, por el que no se puede enviar a una persona a su
país o a un tercero si va a estar en peligro, “aparece de forma explícita en la
Convención contra la Tortura que Estados Unidos ratificó hace varias décadas”.
El relator también ve problemático el tratamiento judicial a los indocumentados.
En Estados Unidos, explica, muchos inmigrantes solo tienen
acceso a jueces migratorios, que no pertenecen al poder judicial, sino que
dependen del Fiscal General, que es parte del ejecutivo, con lo que “no tienen
el mismo grado de independencia”.
Algunos casos llegan al sistema judicial, pero es “una tarea
trabajosa”, sobre todo si se carece de representación de un abogado. Las cifras
que maneja González indican que un solicitante de asilo tiene tres veces más
probabilidades de conseguirlo si tiene un abogado. Muchos menores comparecen
solos frente a las cortes de inmigración, algo que no es nuevo, pero sí lo es
que los convocados a las audiencias sean niños de tan corta edad como uno, dos
o tres años.
La mayoría de los padres de estos niños serán liberados en
Estados Unidos, aunque algunos ya han sido deportados. Es probable que se les
pida a los adultos portar tobilleras de rastreo mientras sus casos son
revisados por un tribunal, un proceso que puede durar años en los que
permanecerán indocumentados.
“La única manera de hacerse cargo de la situación de manera
apropiada es mediante un proceso de regularización. Lo otro es taparse los ojos
con las manos”, asegura el relator.
Pacto Mundial sobre Migración
La regularización de los indocumentados es uno de los puntos
en el espíritu del Pacto Mundial sobre Migración, que se ultima esta semana en
la ONU. Con la excepción de Estados
Unidos, todos los Estados miembros de Naciones Unidas participan en este
proceso, que es el primer gran intento de gestionar los flujos migratorios a
escala internacional.
El Pacto, que no es vinculante, se adoptará por aclamación y
no será necesario que cada Estado lo lleve al Congreso para ratificarlo. “El
día de mañana Estados Unidos se podría adherir a él de manera informal. Estados
Unidos no queda excluido para siempre del Pacto Mundial”, explica González.
*Felipe González Morales es el relator especial sobre
Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas.
*Los relatores especiales y expertos independientes forman
parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de
Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos
independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre
general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos
Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones
temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales
trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un
salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y
actúan a título individual. Más información aquí.
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