* Anuncia vacaciones postelectorales de una semana
* Conferencia de prensa de los 50 lineamientos de política
*Desaparece la figura de Primera Dama
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Adelantó el virtual presidente electo de México, Andrés
Manuel López Obrador, su sueldo mensual de 108 mil 248 pesos mensuales, 40 por
ciento menos que la percepción actual del presidente saliente, Enrique Peña
Nieto, en una conferencia de prensa vespertina este domingo 15 de julio, en
donde anunció que tomará vacaciones post electorales.
Según datos oficiales actualmente Enrique Peña Nieto percibe
270 mil pesos mensuales en total y con la modificación que hará el gobierno
entrante, el nuevo Presidente de México recibirá 108 mil 248 pesos como
remuneración mensual, a partir de diciembre del año en curso.
El virtual ganador de las elecciones para la Presidencia de
México indicó que recibirá el 40 por ciento de lo que recibe actualmente Peña
Nieto y cumple con el compromiso de que iba a ganar menos de la mitad de lo que
gana actualmente Peña.
Aclaró que tenía la intensión de bajar un poco más su
salario, pero como ese será el techo, habrá funcionarios que están ahora
trabajando en universidades, empresas ganan esa cantidad, y aunque tienen
dimensión social, saben que es una gran oportunidad participar en la cuarta
transformación de México tomó en cuenta esto, lo mismo por los ministros,
diputados y senadores.
“Entonces si yo
bajaba más mi sueldo, se iba a resentir más, o sea, que soy moderado, no soy
radical”, comentó.
López Obrador indicó que se romperá el molde en la que se
hacia la política tradicional, ese fue el mandato del pueblo en cuanto a la
elección del primero de julio y en el ajuste de sueldos de los altos
funcionarios públicos es a partir de quienes reciben más de un millón de pesos
o más al año o quienes reciben 3, 4 millones al año hasta un millón.
Expuso que quienes ganan menos de un millón de pesos no
estarán en el ajuste, porque son trabajadores de nivel medio y abajo, en vez de
bajar el sueldo, se aumentará, se cumplirá el compromiso que hizo que se bajará
el sueldo de los de arriba para aumentar el sueldo de los de abajo.
En conferencia de prensa, López Obrador anunció 50
lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una
política de austeridad republicana en el gobierno, para que se aplique lo que
decía el presidente Benito Juárez que el funcionario aprenda a vivir en la
justa medianía:
Se reformará el Artículo 108 de la Constitución para agregar
que el Presidente de la República en funciones puede ser juzgado por delitos de
violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción.
Se suspenderán por completo fueros y privilegios para
funcionarios públicos.
Se reformará la ley para considerar delitos graves el
tráfico de influencia, la corrupción, la asociación entre funcionarios y
particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, el robo de
combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades; las penas
no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza.
La Fiscalía General contará, en los hechos, con absoluta
autonomía; no recibirá consigna del Presidente de la República y sus prácticas
se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual, “al margen de la
ley nada y por encima de la ley nadie”.
La Fiscalía Electoral estará encargada de garantizar que las
elecciones sean limpias y libres; a evitar la compra del voto, la coacción, la
amenaza, el uso del presupuesto público y de bienes para favorecer a partidos o
candidatos y castigar cualquier tipo de fraude electoral. Su distintivo será la
imparcialidad y su misión la de establecer en México una auténtica democracia.
La Fiscalía Anticorrupción será garante para evitar este mal
que tanto ha dañado a México y no permitir bajo ninguna consideración, el
predominio de la impunidad. El mandato que recibimos del pueblo en las
elecciones del 1º de julio de 2018, consistió, básicamente, en confiarnos la
apremiante tarea de acabar con la corrupción y la impunidad.
La Fiscalía Anticorrupción podrá actuar con absoluta
libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza,
tratase de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos
y familiares. Un buen juez, por la casa empieza.
Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes
patrimoniales; así como la de sus familiares cercanos y será publica y
transparente en todos los casos.
El Presidente de la República ganará menos de la mitad de lo
que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones.
No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de
gobierno.
No habrá más de cinco asesores por secretaría.
Solo tendrán secretarios particulares los secretarios o
equivalentes.
No habrá bonos ni otras canonjías, el salario será integral,
según la Constitución que a la letra dice: “Se considera remuneración o
retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas,
aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos comisiones,
compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos
sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos
de viaje en actividades oficiales.”
Se limitarán los viáticos al mínimo.
No habrá partida para gastos médicos privados.
No habrá caja de ahorro especial; es decir, dejará de
existir la partida conocida como “seguro de separación individualizada”.
No se viajará al extranjero sin autorización del secretario
y la partida se reducirá al mínimo.
Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo
utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la
transparencia.
Nadie tendrá guardaespaldas, solo los encargados de la
seguridad.
Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados
(oficialías mayores, oficinas de prensa, publicaciones, defensorías jurídicas,
compras, contraloría interna y otras) y estas funciones o programas se centralizarán
en una sola unidad o coordinación, dependiente de la secretaría relacionada con
los asuntos en cuestión.
Se reduce toda la estructura de confianza en un 70 por
ciento de personal y del gasto de operación.
Se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos a la
mitad de quienes ganan más de un millón de pesos anuales, de manera progresiva;
pero lo ahorrado debe significar el 50 por ciento del gasto actual.
Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados. Se
venderá la flotilla de aviones y helicópteros.
Solo quedarán los destinados a
la seguridad, la protección civil y los que se ocupen para enfermos.
Se cancelarán las pensiones a los expresidentes de la
República.
No podrá contratarse a familiares.
Los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y,
cuando menos, 8 horas diarias.
No se puede asistir al trabajo en estado de ebriedad, ni
tomar en las oficinas públicas.
Se reducirá en 50 por ciento el gasto de publicidad del
gobierno.
Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, de Energía y
de otras dependencias, no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos
deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o
inversionistas vinculados a la función pública.
Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a
trabajadores al servicio del Estado, si no lo tiene permitido o no cuenta con
autorización para ello.
Ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar
cerrar calles, detener el tráfico o pasarse los altos o estacionarse en lugares
prohibidos.
No se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes
públicos en cantidad suficiente.
No se remodelarán oficinas, ni se comprará mobiliario de
lujo.
Los policías y militares de las distintas corporaciones no
estarán al servicio de funcionarios o particulares sin plena justificación.
El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a
la Secretaría de la Defensa y se ocupará de tareas de protección de espacios
públicos, instalaciones estratégicas y de la seguridad de los mexicanos.
La residencia oficial de Los Pinos pasará a formar parte del
Bosque de Chapultepec y se convertirá en un espacio para el arte y la cultura.
Desaparecerán las partidas para vestuario o cualquier gasto
de protocolo y ceremonial dedicado al Presidente, a sus colaboradores cercanos
y a familiares.
Se cancelará toda labor de espionaje o intervención
telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas; el sistema de
inteligencia del gobierno estará sólo dedicado a la prevención de delitos y al
combate a la delincuencia.
Se cuidarán los bienes de la oficina a disposición de
servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo.
Se evitarán gastos de oficinas innecesarios y se ahorrará
energía eléctrica, agua, servicios telefónicos, de internet, gasolinas y otros
insumos pagados por el erario.
Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas
públicas y en cualquier lugar, aceptando con humildad que ellos son los
mandantes de los servidores públicos.
Las compras del gobierno se harán de manera consolidada;
mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de
transparencia de la ONU.
Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo
mediante licitación pública, con la participación de ciudadanos y de
observadores de la ONU.
No habrá partidas en el presupuesto a disposición de
diputados o senadores. Se acabará la vergonzosa práctica del soborno o de los
llamados moches.
Ningún funcionario público podrá recibir regalos, cuyo valor
exceda los 5 mil pesos.
No se autorizará la contratación de despachos para elaborar
proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis y
recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de
los servidores públicos.
En las relaciones comerciales o financieras con empresas
internacionales se dará preferencia a los originarias de países cuyos gobiernos
se caractericen por su honestidad y castiguen, no toleren las prácticas de
sobornos o de corrupción.
Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales
o extranjeras que se hayan otorgado mediante el influyentismo, la corrupción y
causen daño a la hacienda pública. En caso de anomalías que afecten el interés
nacional, se acudirá al Congreso de la Unión, a tribunales nacionales e
internacionales; es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal. No actuaremos
de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes.
López Obrador indicó que se romperá el molde en la que se
hacia la política tradicional y adelantó que se aplicará, de manera universal,
el artículo 127 de la Constitución, es decir, ningún funcionario de los tres
Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial ganarán más que el Presidente de la
República.
Agregó que se quitarán los fueros para que el Presidente de
México pueda ser juzgado, en funciones, si comete delito de corrupción y así en
todos los casos, se eleva a delito grave la corrupción, sin derecho a fianza,
eso se presentará en el inició de la nueva administración, además ya no habrá
moches en la Cámara de Diputados.
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