De la Mesa de Redacción Rafael Castileja
De Arcano Político
Entró en vigor este viernes 4 de diciembre la Ley Reglamentaria
del Artículo 6º Párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica, publicada el 4 de
noviembre en el Diario Oficial de la Federación, en que se amordaza y legaliza
la criminalización de periodistas.
Nuestro compañero Juan Ramón Negrete Jiménez, a nombre de la
Red de Periodistas Colimenses “19 de Mayo”, leyó un documento que le
compartimos íntegro, por considerarlo de interés general:
RED DE PERIODISTAS COLIMENSES "19 DE MAYO"
Manifiesto por la Libertad de Expresión
AL GREMIO PERIODÍSTICO DE COLIMA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LA SOCIEDAD EN GENERAL
El pasado 14 de Octubre el presente año, el Senado de la
República, aprobó con apenas 73 votos (30 en contra), la Ley Reglamentaria del
Artículo 6º Párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia del derecho de réplica. Tres años antes ya había sido
aprobada por la Cámara de diputados.
Veintiún días después de su aprobación, el 4 de noviembre de
este mismo año, el presidente Enrique Peña Nieto, publicó en el Diario Oficial
de la Federación, el decreto mediante el cual se promulga la Ley del Derecho de
Réplica, donde se ordena que su entrada en vigor será un mes después, es decir,
hoy 4 de diciembre.
Con este mecanismo el gobierno pretende acallar las voces
discordantes del periodismo nacional, y judicializar la libertad de expresión y
acabar con el periodismo de investigación.
Esta Ley no solo representa una atadura para los comunicadores,
sino una amenaza donde se protege a
partidos políticos, precandidatos y candidatos a los puestos de elección
popular, quienes podrán demandarnos cuando ellos consideren que se dio una
información inexacta o falsa.
Esta ley nos deja desprotegidos, porque cuando cualquier
actor político quiera proceder contra el comunicador, aún sin contar con los
elementos de prueba, esta ley obliga a que el medio de comunicación, agencia de
noticias o productor independiente que hubiere difundido la información le expida
copia de la misma con cargo a su costa.
Desde hace muchos años existía la tentación de parte del
Gobierno y de sus grupos aliados, de crear la Ley Reglamentaria de los
artículos 6º y 7º Constitucionales, que garantizan la libertad de expresión en
nuestro país.
Estamos conscientes de que el derecho de réplica debe ser
garantizado legalmente a la sociedad, por lo que no nos oponemos a que exista
una ley con este propósito. El problema radica en los términos en los que este
instrumento jurídico se ha elaborado, con la clara intención de socavar al
periodismo independiente.
Con este ordenamiento se pretende amordazar a las agencias
de noticias, medios de comunicación donde estamos incluidos las personas
físicas o morales, que prestamos los servicios de radiodifusión; servicios de
televisión o audios restringidos; o que de manera empresa y/o electrónica,
difundan de manera masiva ideas, pensamientos, opiniones, creencias e
informaciones de toda índole.
Así mismo se amordaza a los productores independientes, sean
personas físicas o morales o cualquier otro emisor de información responsable
del contenido original, serán sujetos obligados y tendrán la obligación de
garantizar el derecho de réplica.
No debemos perder de vista que para todos los organismos
protectores de los derechos humanos, México está considerado como el país más
peligroso para ejercer el periodismo, y así lo registran las negras
estadísticas donde del año 2000 a la fecha tenemos registros de casi 150
compañeros asesinados y más de 23 desaparecidos de manera forzada, caídos o
desaparecidos en el ejercicio de esta profesión.
Sin embargo con esta Ley Mordaza el Gobierno exhibe y expone
de manera irresponsable a los administradores de los portales electrónicos
obligándolos a tener de manera permanente el nombre completo del responsable,
con domicilio, código postal, entidad federativa, correo electrónico y
teléfono.
Con esta Ley habría un grave retroceso en los derechos de la libre expresión e
información consagrados en la Ley de Imprenta de 1917.
Esta ley deja campo abierto a la discrecionalidad, cuando
establece que el derecho de réplica puede ser invocado ante una información
falsa o "inexacta". Exagerando un poco ste último término ¿quiere
esto decir que llegaríamos al absurdo que hasta por la falta de una coma
podrían proceder en nuestra contra?
En este contexto, los comunicadores, no solo estaremos
indefensos ante la denuncia fundada o no que se presente en su contra, porque
el actor que decida emprender una acción en contra de los periodistas, puede
llevar el juicio a cualquier parte de la República y obligar al periodista a
viajar fuera de su lugar de origen o de donde publique su medio, para poder
defenderse.
Quienes en determinado momento pudiéramos ser demandados
tendremos que comparecer ante un juez federal, para defendernos, pero no solo
es eso, sino que esta Ley nos deja en estado de indefensión, cuando le da
autorización al presunto ofendido para que acuda además ante órganos jurisdiccionales
competentes para reclamar la reparación de los daños o perjuicios que considere
se le hubieran ocasionado en su contra con motivo de la publicación.
El gobierno con esta ley está tratando de impedir que en
México exista la crítica periodística, por ello fijó multas estratosféricas para un comunicador,
que van de los 35 mil pesos a los 350 mil pesos; y si por algo el sujeto
obligado a publicar la réplica o lo hiciera fuera del plazo, la multa podría llegar
a 700 mil pesos.
La estrategia para desincentivar el periodismo crítico se ve
muy clara cuando en esta nueva ley se establece que la única información no
sujeta a derecho de réplica es aquella que emitan de manera verbal o escrita
los servidores públicos.
Con esto, prácticamente están diciéndonos a periodistas y a
los medios que si no queremos enfrentar riesgos, publiquemos únicamente
boletines o declaraciones oficiales.
Por eso hoy estamos aquí, a la entrada de la casa del
pueblo, protestando y exigiendo al Poder Legislativo Federal, la derogación de
esta Ley.
A la sociedad en general, y a las autoridades, le informamos
que este mismo día iniciaremos con una serie de medidas tendientes a echar
abajo esta que no es otra cosa más que una Ley Mordaza. Si permitimos esta ley,
todos resultaremos afectados. Invitamos a todos los compañeros periodistas de
Colima, a las asociaciones y a las empresas de los medios de comunicación, a
participar en la lucha por su derogación.
Hemos iniciado pláticas con especialistas en derecho, para
analizar estrategias jurídicas de defensa. Buscaremos a través de
organismos nacionales de periodistas,
unir esfuerzos para pedir a los legisladores federales que votaron en contra,
que interpongan una acción de inconstitucionalidad.
Del mismo modo anunciamos que de manera individual, con el
apoyo de abogados promoveremos juicios de amparo dentro de los plazos legales
con el propósito de quedar protegidos ante esta Ley Mordaza.
La lucha apenas comienza, no nos dejaremos silenciar. Aún
cuando el gobierno pretenda acallarnos alzaremos nuestras voces para hacernos
escuchar. No permitiremos que se dé este retroceso a nuestras garantías
individuales.
¡Adelante compañeras y compañeros, la razón y el derecho
están de nuestro lado!
Muchas gracias.
Colima, Col., 2 de diciembre de 2015.
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