De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Resucitan en la víspera del vigésimo aniversario de los
fallidos Acuerdos de San Andrés Larraínzar, a la Comisión Bicameral de Diálogo
y la Conciliación para el estado de Chiapas, antes denominada COCOPA, suspendida
desde 1997 y hoy, buscan restablecer el diálogo para evitar una confrontación
armada.
Su antecesora, la Comisión de Concordia y Pacificación
(COCOPA), fue creada el 9 de marzo de 1995 por las Cámara de Diputados y de
Senadores, para ayudar en el proceso de diálogo en el contexto del
levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a partir
del 1 de enero de 1994.
El gobierno de México firmó con el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional el 16 de febrero de 1996 los Acuerdos de San Andrés sobre
Derechos y Cultura Indígena, mejor conocidos como Acuerdos de San Andrés Larraínzar.
El gobierno se compromete a modificar la Constitución
nacional para otorgar derechos, incluyendo autonomía, a los Pueblos Indígenas
de México y atender las demandas en materia de justicia e igualdad para los
pueblos indígenas y los pobres del país.
Sin embargo, la propuesta de ley presentada por la COCOPA, ignoró
en su totalidad los Acuerdos de San Andrés, bajo el argumento de que lo
presentado era lo mejor que podían hacer. El EZLN, dejando en claro que no
estaba satisfecho del todo con la propuesta pero mostrando voluntad política,
la aceptó en una etapa temprana.
Fue más allá el Ejecutivo federal, aceptó pero reservó la
última palabra al presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien finalmente la
desechó al enviar al Congreso una propuesta similar a la presentada por COCOPA
que difería a lo firmado en San Andrés.
En la definición del "indígena", se cambia de
Sujeto de derecho en los Acuerdos de San Andrés, a Sujetos de especial
protección que era reservado para ancianos, niños y personas con capacidades
diferentes; el reconocimiento de Sujeto de derecho significaría legalmente la
autonomía indígena, en concordancia con la resolución de la OIT.
En la instalación de la Comisión Bicameral de Diálogo y la
Conciliación para el estado de Chiapas, el martes 15 de diciembre, Jaime
Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la
Secretaría de Gobernación desde el 14 de enero de 2013, expuso que esta
comisión puede llegar a ser emblemática e histórica porque en el 2016 se
cumplen 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar.
La Ley para el Diálogo y la Conciliación es hasta hoy un
instrumento que permite generar las condiciones para impedir una nueva
confrontación armada; por ello, es necesario restablecer el debate del Estado
con los pueblos originarios.
El estatus del EZLN y el gobierno Federal es de suspensión y
no de ruptura, es decir, que mientras el diálogo no se rompa podrán seguir las
negociaciones.
La suspensión decretada en el año de 1997, ha permitido no
reanudar las órdenes de aprehensión en contra de la comandancia zapatista, y en
eso jugó un papel importante la COCOPA.
Resaltó que la agenda de trabajo de San Andrés planteaba
garantizar los derechos y cultura indígena; sin embargo, continuó, esto no era
lo único, también buscaba la democracia, justicia, bienestar, desarrollo, papel
de la mujer, la reconciliación de Chiapas y la firma y el acuerdo final de paz.
La resucitada comisión está encabezada por el diputado
federal por Tonalá, el ex priista y ahora verde ecologista tuxtleco Diego
Valente Valera Fuentes, quien dice tener amplio conocimiento sobre los
problemas de la desigualdad social, diferencia cultural y la pobreza, y ofreció
trabajar de manera responsable.
Tomó posesión el 10 de diciembre de 2013 como secretario de
Pesca y Acuacultura del estado de Chiapas, gobernado por su correligionario
Manuel Velasco Coello, que aumentó el índice de pobreza del 74.7 en 2010 al
76.2 por ciento en 2014, es decir, de 3 millones 782 mil 300 chiapanecos a 3
millones 961 mil, con base en las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social. CONEVAL.
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