De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la
Recomendación 70/2016, dirigida al Secretario del Trabajo y Previsión Social
(STPS), Alfonso Navarrete Prida, y al Gobernador de San Luis Potosí, Juan
Manuel Carreras López, por violaciones a los derechos humanos de personas
menores de edad y demás jornaleros agrícolas indígenas localizados en una finca
en Villa Juárez, en dicha entidad federativa.
El 13 de julio de 2016, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos remitió a este Organismo Nacional una queja, donde se dio a conocer que
en un rancho en que se sembraba chile y pepino, las condiciones de vivienda y
alimentación de los jornaleros, entre ellos, niñas, niños y adolescentes, eran
insalubres e indignas.
Tras investigar los hechos, la CNDH evidenció en el
expediente CNDH/5/2016/5619/Q violaciones al libre desarrollo de la
personalidad, al trato digno y al interés superior de la niñez, al derecho al
trabajo, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia, atribuibles a
12 servidores públicos adscritos a las Secretarías del Trabajo y Previsión
Social federal, a su homóloga local, a la Procuraduría General de Justicia y a
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, la Mujer, la
Familia y el Adulto Mayor (PPNNA), estas tres últimas, instancias del Gobierno
estatal.
Asimismo, se acreditaron acciones y omisiones de dichas
dependencias por no investigar el caso, ni proteger y salvaguardar los derechos
de los jornaleros; aceptar las medidas cautelares solicitadas por la CNDH y no
poner en marcha acciones eficaces y oportunas en favor de las y los jornaleros.
También la omisión de la autoridad responsable de la
procuración de justicia, que se limitó a realizar gestiones administrativas y
no investigó ni determinó la posible comisión de delitos relacionados con la
explotación laboral y/o trata de personas, para dictar medidas de protección
necesarias.
En virtud de lo anterior, la CNDH recomendó a la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social y al Gobierno del estado de San Luis Potosí colaborar,
en su respectivo ámbito de competencias, en la presentación de las quejas que
promueva ante los respectivos Órganos Internos de Control contra los servidores
públicos involucrados; que elaboren un diagnóstico sobre la situación
específica de los jornaleros, que incluya la participación de académicos
expertos en derechos humanos y trata de personas, derechos de niñas, niños y
adolescentes y servidores públicos de la STPS.
También, implementar acciones de prevención de la trata de
personas en los trabajos o servicios forzados en el campo, tanto para
jornaleros agrícolas como para empleadores y dueños de centros de trabajo;
implementar un protocolo de actuación para los servidores públicos, con
perspectiva de género y de atención a niñas, niños y adolescentes, que incluya
las obligaciones de las diferentes dependencias involucradas.
Emitir una circular dirigida a todo el personal involucrado
en las visitas de inspección, para que al advertir la presencia de personas
menores de edad se les brinde protección integral y respeto a sus derechos
humanos, sin menoscabo de la protección que se dé a sus progenitores o núcleos
familiares.
Capacitar a los inspectores federales del trabajo en materia
de derechos humanos, con énfasis en prevención, identificación y atención de
casos donde se presuma la trata de personas, y con perspectiva del respeto a
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Así como elaborar y firmar un convenio con el gobierno
estatal y con los distintos municipios para identificar fincas o centros de
trabajo agrícola, e integrar registro que permita su supervisión y vigilancia;
y colaborar con la CNDH, al igual que al gobierno estatal, en el seguimiento de
la correspondiente carpeta de investigación que se desahoga en la Procuraduría
local.
Esta Recomendación, que ya fue debidamente notificada a sus
destinatarios, puede consultarse en la página www.cndh.org.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario