* El GIEI debiera permanecer en el país más allá del 30 de abril
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Aún hay líneas de investigación por explorar en la
desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de
septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, señaló en conferencia de prensa este
viernes 15 de abril, la diputada federal panista queretana María Guadalupe
Murguía Gutiérrez, presidente de la Comisión Especial.
El jueves 14 de abril la CNDH dio a conocer un informe donde
señala que durante el ataque y detención de un grupo de normalistas no sólo
hubo una participación y presencia de policías municipales de Iguala y Cocula,
sino también de la policía de Huitzuco e incluso de dos elementos de la Policía
Federal.
Por su parte, en Copenhague el presidente de México, Enrique
Peña Nieto, advirtió que no hay más prórroga. El Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) tiene que abandonar territorio nacional el 30 de
abril, previa entrega de su reporte.
La presidente de la Comisión Especial que da seguimiento al
caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, María Guadalupe Murguía
Gutiérrez, afirmó que la información del testigo de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) indica que aún hay líneas de investigación por
explorar.
En conferencia de prensa, acompañada por el vicecoordinador
del PAN, el diputado federal capitalino Federico Döring Casar, la diputada
externó que los señalamientos de la CNDH sobre la participación de más
corporaciones policiacas ya habían sido manifestados desde hace siete meses por
el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“El informe del GIEI de septiembre refiere específicamente
en sus recomendaciones que se debe profundizar en analizar la posible
participación de la policía de Huitzuco, porque hubo un número de cartuchos
percutidos muy superior al de los elementos de la policía de Igual y de Cocula
que participaron”, dijo.
Indicó que de acuerdo con lo que refiere el informe de la
CNDH, los elementos de la Policía Federal dieron su consentimiento para que los
policías que estaban fuera de su jurisdicción detuvieran y se llevaran a los
estudiantes.
“(Los dos elementos de la Policía Federal) omiten cualquier
auxilio, es una omisión realmente participativa, toda vez que dejan la suerte
de los jóvenes en las manos de las policías de Iguala y de Huitzuco”, comentó.
Murguía Gutiérrez recordó que en la reunión que sostuvo la Comisión
Especial con el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR),
Jesús Murillo Karam, éste afirmó y ratificó que no había evidencias para
responsabilizar, ni por acción ni por omisión, a elementos de otros cuerpos de
seguridad pública federales o estatales.
“No nos parece
aceptable que sólo hayan participado elementos de Cocula e Iguala sin que
tuvieran vinculación con otros elementos estatales o federales, toda vez que el
poder corruptor de la delincuencia organizada, de Los Guerrero Unidos,
involucra diversos ámbitos... no podemos quedarnos en la versión oficial”,
aseguró.
“Nos parece inadmisible concebir que en la desaparición o la
privación de la libertad o cualquiera de las actividades que se llevaron a cabo
en Guerrero, sólo hubo la participación de la policía municipal y que no hubo
la intervención ningún elemento de la policía federal”, agregó.
La diputada panista consideró, desde una posición personal,
que el GIEI debiera permanecer en el país más allá del 30 de abril, ya que sus
aportes han sido “valiosísimos”, además de que el grupo ha cuestionado “de una
manera profunda” las averiguaciones de la PGR, así como replanteado líneas de
investigación.
Murguía Gutiérrez manifestó que convocará a una nueva sesión
de la Comisión Especial para proponer una reunión de trabajo con el presidente
de la CNDH y tener una información más profunda sobre su informe.
Asimismo, dijo que solicitará, con el apoyo del diputado
Döring Casar, que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se pronuncie sobre
el formato que se va a autorizar para que los padres de familia de los
normalistas puedan acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro.
Por su parte, Döring Casar señaló que el gobierno federal
está preocupado por convencer a la sociedad “de la mentira que contó el
procurador Jesús Murillo Karam” y que su grupo parlamentario no comparte la
intención de cerrar la investigación.
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