Hernández Soriano señaló que decir a ciegas que se le están otorgando todas las facultades al Ejecutivo federal para suspender las garantías es muestra de desinformación
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Ante “tan sensible situación que se vive en el país, debe ser
aprobada” la minuta del Senado sobre Ley Reglamentaria del artículo 29
constitucional, que regula el proceso para la suspensión de derechos y
garantías, afirmó el diputado federal perreista capitalino Rafael Hernández Soriano.
“Me parece que técnica y jurídicamente puede ser
perfectible, el país requiere en este momento una medida de este tipo, porque
así como está la Constitución (política) sin ley reglamentaria, podría haber
ausencia o permeabilidad del Estado mexicano”, sostuvo.
Al inaugurar el “Tercer Foro Nacional: Prevención del
Delito, Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Derechos Humanos”, el
también secretario de la Comisión de Gobernación señaló que dicha medida debe
ir acompañada de por una vigilancia exhaustiva por parte de ciudadanos,
autoridades y especialistas.
El evento fue organizado por la Red Nacional de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, la Fundación “Hagamos más por México”, el
Senado de la República, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la
Cámara de Diputados.
Hernández Soriano expresó que para que la Ley Reglamentaria
del artículo 29 constitucional pudiera tener todo el respaldo debería ser
consultada con la población y organismos de la sociedad civil, de manera que no
quede en mera posición política. "En el PRD iniciamos una consulta a estos
último para analizar las consecuencias sobre regular la excepción de
garantías”.
La Comisión de Gobernación aprobó el mes pasado el dictamen
de la minuta que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución
Política, con el objeto de regular el procedimiento para decretar la
restricción o suspensión de derechos y garantías, a fin de que el Ejecutivo
haga uso de sus facultades para enfrentar amenazas y emergencias en territorio
nacional.
Dicha minuta también debe ser aprobada por la Comisión de
Derechos Humanos para pasar al Pleno para su discusión y posible aprobación.
Hernández Soriano señaló que decir a ciegas que se le están
otorgando todas las facultades al Ejecutivo federal para suspender las
garantías es muestra de desinformación.
Recordó que esa facultad existía “desde la reforma juarista
de 1857, donde era suficiente que los ministros firmarán a favor del decreto de
suspensión de garantías y se conservó en la reforma de 1817 en la que el
constituyente resuelve mantener esta redacción”.
Aseveró que existe un Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual “especifica
derechos y garantías que son intocables y ha sido firmado por el Estado
mexicano”.
“No es correcta la apreciación de que los ciudadanos ya no
se podrán manifestar, quien opina de esa forma está ignorando que existe una
ley para que no se restrinjan este tipo de derechos”, agregó.
Subrayó que “es mejor que haya reglas claras y certeza
jurídica en una situación extrema. Es el momento de reflexionar sobre la
necesidad de que se cumplan irrestrictamente por parte del Estado los derechos
humanos”.
El Presidente de Charlando Red con César Sarabia, A.C.,
César Sarabia Valdovinos, destacó que la crítica situación que se vive en
México no es una tarea fácil de superar, por ello es necesario establecer un
acuerdo, “con la participación de los tres poderes y de la sociedad civil, que
reconozca la integridad de la estrategia nacional en materia de seguridad
pública”.
El acuerdo también debe contemplar "políticas públicas
en materia de prevención contra el delito, procuración e impartición de
justicia, readaptación social, participación ciudadana, inteligencia y análisis
legislativo, control de confianza y de comunicación”, añadió.
Sarabia Valdovinos señaló que las autoridades deben asumir
el compromiso de contar con instituciones sólidas, eficaces y honestas.
“Tengo la convicción de que una población verdaderamente
informada e instruida para coadyuvar en los menesteres del Estado, es una
sociedad con el poder de trabajar para colaborar en la restitución de la paz en
México”, subrayó.
En el foro participaron la visitadora de la Comisión de
Derechos Humanos de Jalisco, Silvia Anguiano Rodríguez; el director general de
Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF), Gerardo Romero; y la dirigente de Mujeres Líderes en Progreso
A.C., Ana Laura Orozco.
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