De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Solicitan abogados de la diputada local panista de Sinaloa,
Lucero Guadalupe Sánchez López, vinculada a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, a
la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, entregar las pruebas
aportadas el 5 de abril por la Procuraduría General de la República (PGR) para
que sean sometidas a peritajes.
A las 15 horas de este jueves 7 de abril, se presentaron los
abogados Rubén Tamayo, Rosalba Alarcón y Francisco Verdugo, llegaron al Palacio
Legislativo en la Ciudad de México, 9 horas antes de que venciera el plazo para
el ofrecimiento de pruebas.
Además, se carece de acuerdo sobre la integración de la
Subcomisión de Examen Previo, encargada de analizar las solicitudes de juicio
político, según declaró el diputado federal perredista oaxaqueño, Francisco
Martínez Neri, coordinador legislativo del PRD.
Poco antes, también en declaraciones a la prensa por
separado, los coordinadores parlamentarios del PRI, César Camacho, y del PAN,
Marko Cortés Mendoza, aseguraron que se llegó a un acuerdo sobre la integración
de la Subcomisión.
Los abogados de la diputada local de Sinaloa, Lucero
Guadalupe Sánchez López, vinculada a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, acudieron
a la oficina de la Sección Instructora, encargada de revisar la solicitud de
desafuero de la legisladora, para cumplir con el ofrecimiento de pruebas a su
favor.
Rubén Tamayo, Rosalba Alarcón y Francisco Verdugo llegaron
al Palacio Legislativo alrededor de las 15:00 horas de este jueves, a pocas
horas de que venciera el plazo para el ofrecimiento de pruebas, previsto a las
24:00 horas.
En declaraciones a la prensa, Rubén Tamayo explicó que el
ofrecimiento de pruebas consistió en un escrito de 15 hojas en el que se
solicita a la Sección Instructora entregar las pruebas aportadas por la
Procuraduría General de la República (PGR) para que sean sometidas a peritajes,
entre las cuales destaca una copia de la credencial de elector.
El abogado agregó que adicionalmente se entregaron “más de
siete discos” (sic) con fotografías y videos, principalmente de medios de
comunicación, para que sean considerados como pruebas sujetas a estudios
periciales, a fin de determinar si la persona que aparece en las imágenes es la
legisladora.
Destacó que, como defensa legal, no tienen conocimiento de
que la diputada Sánchez López haya ingresado al penal del Altiplano y que esa
afirmación es parte de lo que se está investigando.
La abogada Rosalba Alarcón afirmó que el video del 4 de
septiembre, donde presuntamente se observa a la diputada cuando ingresa al
penal de alta seguridad, no existe, debido a que las autoridades del centro
penitenciario reinician las cámaras y borran el contenido cada 27 días.
“Por lo tanto, la Procuraduría no cuenta con ese video para
demostrar que haya estado persona alguna en esa fecha… solamente son
fotografías que se quedaron del video, que no son suficientes para demostrar
que haya estado en el lugar”, puntualizó.
Rubén Tamayo dijo que esperan que la Sección Instructora
tome un acuerdo sobre el ofrecimiento de pruebas, para que, entonces, al menos
dos peritos rindan protesta y comiencen a analizar los videos, fotografías, la
copia de la credencial de elector y, en su caso, realicen estudios de campo en
el penal.
“Tenemos confianza en
que la Sección Instructora se conduzca como lo ha estado haciendo, que nos
permita aportar pruebas, desahogarlas y que se llegue a una resolución, que
esperemos determine que no hay ninguna responsabilidad de la diputada”, externó
Rubén Tamayo.
Previamente, el presidente de la Sección Instructora,
Ricardo Ramírez Nieto (PRI), señaló, en declaraciones a la prensa, que en los
siguientes 20 días la PGR y la diputada tienen la posibilidad de seguir
aportando pruebas, pero exclusivamente documentales.
“Durante los 30 días del periodo de instrucción se pueden
entregar documentos en cualquier momento”, aseveró.
Manifestó que si la diputada presentaba sus evidencias este
jueves, citaría de nueva cuenta a la Sección Instructora para el próximo lunes
en la tarde.
Asimismo, informó que la PGR ofreció sus pruebas el pasado
martes 5 de abril y reiteró que no se acortarán los plazos establecidos para el
juicio de procedencia, que podría concluir el próximo mes de mayo, cuando ya
haya concluido el presente periodo ordinario de sesiones.
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