Utopía
Por Eduardo IBARRA AGUIRRE
Para Arcano Radio
Hace una década fue aprobada la Ley General de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y como parte de ella, como instrumento
para atender su gran propósito explícito, fue aprobada la alerta de violencia
de género.
La declaración de alerta de género por los órganos
competentes –bajo la égida de la Secretaría de Gobernación en tanto que
responsable de las políticas para atajar la violencia de género–, en uno u otro
estado es un reclamo creciente de las organizaciones de mujeres, acompañadas
por organismos de diverso tipo y género en una batalla muy desigual, pues junto
a la violencia machista está la indiferencia de autoridades de municipios,
estados y la Federación para asumir obligaciones estampadas en la ley.
Hasta hoy fueron atendidas 12 de las 27 peticiones de alerta
solicitadas para igual número de estados, pero se decretó sólo para una parte
de sus municipios. Y en Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas,
Aguascalientes e Hidalgo –entidad que gobernó el titular de Gobernación–, no
existe registro de solicitud de alerta y ningún municipio cuenta con ella a
pesar de que los tres primeros estados son del grupo puntero en homicidios
dolosos y secuestros.
Los argumentos de las autoridades varían en cada caso, pero
el más recurrente es el que alegaron respecto al estado de México, la tierra
que gobernó Enrique Peña Nieto: la “politización” de la solicitud, como hasta
el sábado adujo sin sonrojarse Miguel Ángel Osorio, precandidato presidencial
priista que no cuenta con la simpatía del grupo gobernante.
Qué entenderán por “politizar” cuando cualquier decisión que
se toma desde el gobierno y atañe a los gobernados que ocupan la plaza pública
por supuesto que es política. En todo caso querrán decir “partidizar”, pero
allá ellos y su dura cabeza politiquera.
Otro argumento recurrente del sistema nacional que investiga
los casos y decidió no emitir la alerta en siete entidades federativas, es que
“los gobiernos atendieron las recomendaciones” para Baja California,
Guanajuato, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, pero sin dar cuentas
puntuales a la sociedad civil. Sin embargo, Gobernación reconoce que existen 31
solicitudes de alerta para 27 estados, en los que vive 84 por ciento de la
población mexicana y en la que 52 por ciento son mujeres.
De los 27 estados con altos niveles de violencia contra las
mujeres, 12 tienen alerta, en siete se determinó no emitirla y en ocho se
encuentra en trámite, según información de la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Los 12 que disponen de alerta son:
estado de México –el primero en el país, pero se desconoce el resultado del
seguimiento a la situación de violencia–, Colima, Chiapas, Guerrero, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y
Veracruz.
Para Osorio Chong “Son muchas las acciones que se han venido
tomando, y (…) estamos avanzando mucho en ese tema. No es una tarea fácil pero
creemos que estamos presentando bases sólidas para erradicar la violencia
contra las mujeres”, dijo ante la Cámara de Diputados y concluyó: “El mayor
número de feminicidios se da por la propia pareja”. Concepto jurídico que causa
irritación en brillantes penalistas tan machos que ya hablan de “joticidio”.
Los especialistas polemizan sobre si es el mecanismo de la
alerta el que no funciona, porque es insuficiente ante el desbordamiento de la
violencia estimulada desde el oligopolio mediático, o es la implementación la
que resulta inadecuada.
Acuse de recibo
“Trascendente pronunciamiento de la Unesco que debe recordar
a las autoridades en los niveles local y federal que el Pacto Internacional de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), firmado por México en
la ONU, establece que el Estado debe garantizar, entre otros, educación de alta
calidad y de resultados patentemente satisfactorios, meta que naturalmente no
se cumple si el mismo Estado no proporciona la infraestructura y los sistemas
(implementados objetiva y no políticamente) suficientes y eficaces para que los
educandos se superen y alcancen las mejores metas por el bienestar común. Desde
la firma de dicho tratado, el gobierno acata, pero no cumple –más bien ignora–,
este derecho. El PIDESC (que cubre trabajo estable y remunerativo, salud
accesible y de alta calidad y no discriminación, además de la educación) es
otra razón más que los ciudadanos debemos considerar para obtener, así sea con
enorme esfuerzo, un gobierno que garantice con estos derechos el bien común”.
La opinión es de Laura Cervantes sobre Te lo digo aldea para que lo oiga México,
27-X-17… Texto que agradecen Antonio del Campo Gordillo (Comalcalco, Tabasco) y
el doctor Luis Willars… En Forum: Garantías para las estudiantes de la Normal
Rural de Tlaxcala (Ángel Lueza Ruiz); Carta abierta de Pedro Miguel a Ricardo
Monreal; RM “está más solo que un político en desgracia” (Arturo Sandoval).
Enlaces:
@IbarraAguirreEd
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