De la Mesa de
Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Repudia en Washington la muerte violenta de al menos 7
campesinos colombianos a manos de la Policía Nacional en septiembre, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se incluyen dos miembros del pueblo
indígena Awá, en el municipio de Tumaco, en Colombia.
Urge a las autoridades colombianas a adoptar medidas
urgentes para investigar de manera exhaustiva estos hechos y garantizar la
seguridad e integridad de las comunidades campesinas, indígenas y
afrodescendientes. Asimismo, la CIDH condena el ataque ocurrido tres días
después contra una misión humanitaria, periodistas y miembros de la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados
Americanos (MAPP-OEA), por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD) y Policía Antinarcóticos.
La información disponible indica que el ataque contra los
campesinos se produjo el 5 de octubre de 2017, en el marco de una movilización
campesina en contra de la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito y en
reclamo por el incumplimiento del punto 4 del Acuerdo de Paz y del Programa
Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS) acordado con el
Estado. Como resultado al menos 7 campesinos murieron y otras 20 personas
resultaron heridas.
El Ejército y la Policía Nacional señalaron que las
indagaciones preliminares apuntaron a que un grupo residual de las FARC, ex
columna Daniel Aldana, lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los
integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud que se encontraba en el
lugar, y que luego atacaron con fusiles y ametralladoras a manifestantes y a
autoridades.
No obstante, la CIDH expresa su grave preocupación respecto
a la información aportada por habitantes de la región, según la cual miembros
de la Policía Nacional serían los presuntos responsables de estos hechos.
Posteriormente, el 8 de octubre de 2017, una comisión
humanitaria se trasladó a la zona para verificar los hechos, encabezada por
el Vice-defensor del Pueblo y el
Director del Sistema de Alertas Tempranas. Testigos aseguraron que los miembros
de la delegación fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía
Antinarcóticos.
En este mismo sentido, el Defensor del Pueblo señaló que los
testimonios recogidos en la zona de los hechos permiten inferir la presunta
participación de funcionarios de la Policía Antinarcóticos en la muerte de seis
personas, y recomendó a la Fiscalía General de la Nación adelantar una
investigación y a la Procuraduría General de la Nación determinar si los hechos
ocurridos el 5 de octubre constituyen falta disciplinaria.
La CIDH toma nota que la Procuraduría designó al Procurador
Delegado de Derechos Humanos para que asuma la investigación integral de los
hechos; y que la Inspección General de la Policía Nacional procedió a aplicar
la medida de suspensión disciplinaria a cuatro policías que presuntamente
accionaron sus armas de fuego.
La Comisión Interamericana expresa su consternación y
condena al ataque contra la misión humanitaria y los periodistas. La misión
humanitaria estaba integrada por personas de la Gobernación de Nariño,
Personería de Tumaco, Diócesis de Tumaco, Oficina de la ONU para los Derechos
Humanos, Misión de Verificación de la ONU y MAPP-OEA.
Acompañaban a esta misión periodistas realizando su labor.
De acuerdo a lo señalado por miembros de la misión humanitaria, se realizaron
todas las comunicaciones pertinentes para dirigirse al lugar.
En medio del recorrido la delegación fue atacada por
miembros del ESMAD y Policía Antinarcóticos con varias bombas de aturdimiento
pese a que los integrantes de la misión intentaron identificarse. Los testigos
informaron que durante el ataque también se escucharon disparos y fue utilizado
algún tipo de gas.
La CIDH nota que el Vicepresidente de Colombia, Óscar
Naranjo, manifestó que hubo un comportamiento irregular de la Policía frente a
la misión y pidió explicaciones a la Policía Nacional al respecto.
Asimismo, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, rechazó la
agresión y manifestó que espera garantías por parte del gobierno para que la
investigación se adelante. La CIDH toma nota que la Policía Nacional ofreció
excusas públicas a los integrantes de la misión y reiteró su disposición de
colaborar con la investigación respectiva.
La CIDH observa asimismo que Jhon Jair Cortés, líder
comunitario perteneciente a una de las comunidades que denunció el ataque
ocurrido, fue asesinado el 17 de octubre. Jhon Jair Cortés era miembro de la
Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera y trabajaba para
visibilizar la situación de emergencia humanitaria y violencia que campesinos
de la comunidad afro e indígena viven en la zona rural de Tumaco.
Según información de público conocimiento, había recibido
amenazas, y así como los otros 18 miembros de la Junta, estaba bajo protección
de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La Comisión insta al Estado de Colombia a investigar con
debida diligencia y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos
hechos, así como identificar y sancionar a los responsables con el fin de
evitar que estos lamentables hechos se repitan..
Asimismo, llama al Estado a garantizar una atención médica
integral a las personas heridas. Además, el Estado debe adoptar medidas
urgentes a fin de garantizar la seguridad e integridad de los miembros de las
comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
El Estado debe también garantizar que los periodistas y
comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa no sean
detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus
derechos por estar ejerciendo su profesión.
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