De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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| Indígenas chiapanecas, sector vulnerable ante el desabasto de medicamentos e infraestructura en sel sector salud, que enriquece a la administración Velasco Coello. Foto de archivo. |
Llama en Washington este lunes 23 de octubre la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a todos los Estados a adoptar medidas
inmediatas para asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres.
Estos derechos incluyen los pertinentes a la no
discriminación, la vida, la integridad personal, la salud, la dignidad, y el acceso
a la información, entre otros.
En este sentido, una obligación fundamental de los Estados
es garantizar el acceso pronto y adecuado a servicios de salud que sólo las
mujeres, adolescentes y niñas necesitan en función de su sexo/género y función
reproductiva, libre de toda forma de discriminación y de violencia, de
conformidad con los compromisos internacionales vigentes en materia desigualdad
de género.
En la región, las mujeres, niñas y adolescentes continúan
enfrentando serios desafíos para el pleno respeto y la protección de sus
derechos fundamentales, en un contexto profundamente marcado por la violencia y
la discriminación contra ellas.
En el caso de sus derechos sexuales y reproductivos, estos
obstáculos incluyen la negación del acceso a bienes y servicios que sólo las
mujeres necesitan, sometimiento de su acceso a servicios de salud a la
autorización de terceros, obteniendo servicios de salud reproductiva de mala
calidad e incluso clandestinos; así como la realización de procedimientos sin
su debido consentimiento informado.
La información recibida por la Comisión indica que algunos
grupos de mujeres, particularmente las mujeres en situación de pobreza, las que
habitan en zonas rurales, las mujeres indígenas y/o afrodescendientes, así como
las niñas y adolescentes, son quienes más a menudo ven vulnerado sus derechos
al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en condiciones de igualdad
y libre de toda forma de discriminación.
En términos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los derechos sexuales y
reproductivos forman parte del derecho humano a la salud integral, comprendida
como un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera
ausencia de enfermedades o dolencias.
El derecho a la salud reproductiva trata de todos los
aspectos relacionados con el sistema reproductivo así como la capacidad de disfrutar de una vida sexual
satisfactoria y sin riesgos, y de tener la libertad para decidir si procrear o
no, cuándo hacerlo y con qué frecuencia.
Para mantener su salud sexual y reproductiva, las mujeres,
niñas y adolescentes necesitan tener acceso a información veraz y a un método
anticonceptivo de su elección que sea seguro, eficaz, asequible y aceptable y
deben estar informadas y empoderadas para auto-protegerse de las infecciones de
transmisión sexual.
“Es importante visibilizar las dificultades que siguen
enfrentando las mujeres, niñas y adolescentes para acceder a los diversos
servicios de salud sexual y reproductiva”, afirmó la Comisionada Margarette May
Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres.
“Estos obstáculos son aún más profundos para las mujeres en
situación de riesgo por diversos factores como raza, etnia, edad y posición
económica. Desde la CIDH hemos obtenido información consistente que subraya la
estrecha relación entre la pobreza, los abortos inseguros y las altas tasas de
mortalidad materna, por ejemplo. La desigualdad, el racismo, la discriminación
y la violencia son algunos de los factores estructurales que afectan
particularmente a las mujeres y les impiden el goce efectivo de sus derechos
fundamentales, como el derecho a la salud,” agregó.
Por otra parte, la violencia sexual está ampliamente
extendida en la región y tiene un impacto irreparable en las mujeres, niñas y
adolescentes. Estas formas de violencia, su magnitud y su impunidad – tal como
se ha visto reflejado en los casos individuales procesados por la CIDH - tienen
efectos negativos en su salud reproductiva y frecuentemente resultan en
embarazos no deseados y de alto riesgo, en abortos ilegales e inseguros, y en
un aumento del riesgo de enfermedades de transmisión sexual.
Es fundamental que los Estados diseñen y actúen de
conformidad con protocolos de salud adecuados para atender a mujeres, niñas y
adolescentes víctimas de violencia sexual y para disponer de la interrupción
legal y segura de los embarazos resultantes de violencia sexual, con miras a
impedir que se desarrollen embarazos indeseados y de alto riesgo para la vida
de las mujeres.
La vigencia efectiva de los derechos de las mujeres, niñas y
adolescentes a su vez requiere de garantías para la accesibilidad de
información y la educación integral necesaria para adoptar decisiones libres
sobre el número y espaciamiento de sus hijos y aspectos vinculados con la
planificación familiar, particularmente en niñas y adolescentes.
Ello es fundamental para avanzar en la autonomía
reproductiva de las mujeres y prevenir los embarazos indeseados.
“Sabemos que en los casos de embarazos, las presiones
familiares y sociales empujan frecuentemente a las adolescentes a matrimonios o
a uniones precoces con impacto en sus oportunidades de desarrollo personal,
educativo, profesional. Por ejemplo, las niñas y adolescentes embarazadas son
todavía discriminadas en centros educativos donde no se les permite asistir a
clases durante su embarazo. La educación sexual y reproductiva es fundamental
para evitar los embarazos precoces y no deseados, y empoderar así a las niñas y
adolescentes en la construcción de sus proyectos de vida,” expresó la Relatora
sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Esmeralda Arosemena de
Troitiño.
La Comisión a su vez subraya el impacto negativo de las
leyes que criminalizan el aborto de forma absoluta sobre la dignidad y los
derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, como en general al
derecho de las mujeres a vivir libre de violencia y de discriminación.
La criminalización absoluta del aborto, incluyendo casos en
donde la vida de la mujer se encuentra en riesgo y cuando el embarazo es
producto de una violación sexual o de incesto, impone una carga
desproporcionada en el ejercicio de los derechos de las mujeres, y crea un
contexto facilitador de abortos inseguros y de altas tasas de mortalidad
materna.
“La interrupción del embarazo es una decisión difícil para
cualquier mujer”, afirmó Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH.
“De forma particular, las víctimas de violencia sexual o de
incesto se encuentran de por sí en situación de especial vulnerabilidad, aún
más si son niñas o adolescentes. Por lo tanto, las mujeres, niñas y
adolescentes deben tener garantizada la posibilidad de tomar esta decisión de
manera oportuna e, informada en un marco legal y seguro, con miras a
salvaguardar su salud, su integridad física e incluso su vida.
Negar el acceso de mujeres y niñas a servicios de aborto
legal y seguro o de atención post-aborto, puede causar un prolongado y excesivo
sufrimiento físico y psicológico a muchas mujeres especialmente cuando se trata
de casos de riesgo a la salud, inviabilidad del feto o en embarazos resultantes
de incesto o violación.
Sin efectivo disfrute de sus derechos sexuales y
reproductivos, las mujeres no pueden ver realizado su derecho a vivir libres de
violencia y de discriminación”.
Los Estados de la región tienen la obligación de emprender
una revisión detallada de todas las leyes, normas, prácticas y políticas
públicas cuya redacción o implementación práctica pueda tener repercusiones
discriminatorias en el acceso de las mujeres a todos los servicios de salud
reproductiva.
Asimismo, tienen el deber de eliminar todos los obstáculos
de jure y de facto que impiden el acceso de las mujeres a los servicios de
salud materna que ellas requieren. Estas medidas han de tener en cuenta la
situación de especial riesgo, desprotección y vulnerabilidad de niñas y de
adolescentes, así como de las mujeres en particular situación de exclusión.
De la misma forma, la CIDH insta a los Estados de la región
que aún no cuentan con un marco normativo adecuado a adoptar legislación
dirigida a garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos
sexuales y reproductivos, en el entendido que la denegación de la interrupción
voluntaria del embarazo en determinadas circunstancias constituye una
vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y adolescentes.
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