* Rinde este martes el presidente de la CNDH su segundo informe ante EPN
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Rinde su Segundo Informe de Actividades 2015 Luis Raúl
González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) ante el Jefe del Ejecutivo de México, Enrique Peña Nieto, en la Residencia
Oficial de Los Pinos, a las 12 horas de este martes 5 de abril.
Al participar el lunes 4 de abril de 2016 en el Cuarto Ciclo
de Conferencias “Los Derechos Humanos Hoy” organizado por el Programa
Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, en donde fue el abogado general, González
Pérez alertó sobre el creciente número de agresiones contra periodistas y
medios y el incumplimiento de autoridades federales y estatales para prevenir,
investgar, sancionar y reparar dichos agravios.
Por considerarlo de interés general, les compartimos el
comunicado de la CNDH:
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que
ante el incumplimiento de autoridades federales y estatales, para prevenir,
investigar, sancionar y reparar todo acto que afecte la libertad de expresión
en México, ante el creciente número de agresiones contra periodistas y medios
de comunicación, resulta especialmente grave por la impunidad que genera.
Afirmó que esa circunstancia “propicia la repetición crónica
de agresiones, convirtiéndose en un medio indirecto de afectar la libertad de
expresión por el efecto inhibitorio que acarrea.
“Los ataques físicos a periodistas o instalaciones de medios
de comunicación –destacó— producen un efecto amedrentador sobre los
periodistas, obligándolos a autocensurarse”.
Al participar en el Cuarto Ciclo de Conferencias “Los
Derechos Humanos Hoy”, organizado por el Programa Universitario de Derechos
Humanos de la UNAM, con la ponencia “Estándares Internacionales sobre Libertad
de Expresión en el Contexto Mexicano”, González Pérez señaló que diversos
instrumentos jurídicos internacionales establecen la obligación de los Estados
de prevenir, investigar, sancionar y reparar todo acto que afecte la libertad
de expresión, sin importar si proviene de autoridades o particulares, para no
incurrir en responsabilidad, incluso internacional, por acción u omisión.
Tras mencionar que las principales agresiones contra
periodistas son amenazas, homicidios y desapariciones, y que las cometidas
contra medios informativos son atentados a sus instalaciones, puntualizó que
las autoridades en primer término, los poderes fácticos, particularmente los
relacionados con el crimen organizado, se han convertido en los nuevos censores
de los medios ante las investigaciones que se han realizado sobre delincuencia
organizada y narcotráfico, sin que las autoridades obligadas a vigilar el
respeto de los derechos cumplan con su deber.
“De acuerdo con acreditadas organizaciones nacionales e
internacionales –explicó— México se ha convertido en uno de los países más
peligrosos para el ejercicio del periodismo. Esta circunstancia ha derivado en
autocensura, desplazamiento y exilio forzado de periodistas, provocándoles
graves afectaciones en lo profesional y lo personal, y además ha generado
espacios de silencio en el país y vulnerado los principios fundamentales de una
sociedad abierta, plural y democrática”.
Ante todos los reunidos en el auditorio de la Antigua
Escuela de Medicina, expresó su preocupación por que ahora sean las mujeres
periodistas el blanco de amenazas y agresiones de manera creciente, y precisó
que las agresiones afectan a las y los periodistas y son, también, una ofensa a
la sociedad al atentar contra el derecho de la comunidad a estar informada,
impidiéndole tomar las decisiones más adecuadas.
El Ombudsman nacional destacó los avances en la protección
al ejercicio de la libertad de expresión en los niveles nacional e
internacional, y llamó a autoridades y sociedad a no ignorar las muchas
amenazas e intentos por acotar su ejercicio.
Subrayó que en favor del cumplimiento del derecho humano a
la libertad de expresión y el periodismo queda mucho por hacer.
González Pérez inició su ponencia al comentar la importancia
de la libertad de expresión como un derecho que concierne a las personas en lo
individual y a la sociedad en su conjunto, para el que se debe buscar la
protección más amplia.
Luego de hacer referencia al artículo 1° constitucional,
párrafos segundo y tercero, detalló que entre los instrumentos internacionales
suscritos por México que protegen la libertad de expresión están el Pacto
Internacional de Derechos Políticos y Civiles (artículo 19) y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13).
Abordó como características fundamentales de la libertad de
expresión sus funciones, la doble dimensión de la libertad de expresión, los
medios a través de los cuales se ejerce la libertad de expresión, el contenido
de la libertad de expresión y los discursos especialmente protegidos.
También disertó sobre las restricciones de la libertad de
expresión, de las que dijo deben estar previstas de manera precisa y taxativa en
una ley, deben perseguir el logro de ciertas finalidades imperiosas, ser
necesarias en una sociedad democrática para el logro de dichas finalidades y no
constituir censura en ninguna de sus formas.
Respecto de los Estándares Interamericanos en materia de
libertad de expresión hizo referencia a la prohibición de la censura previa,
donde presentó algunos ejemplos; la prohibición de restricciones indirectas,
responsabilidad y sanciones ulteriores, la incompatibilidad de las sanciones
penales con la libertad de expresión, donde también presentó ejemplos de
acuerdo con la Corte Interamericana; consideraciones sobre sanciones civiles y
violencia contra comunicadores.
El antecedente más lejano de la CNDH es la institución de
1847 llamada Procuraduría de Pobres, con su ley creadora del mismo año,
promovida por Ponciano Arriaga en el estado de San Luis Potosí.
Otro antecedente importante lo constituye la Defensoría de
los Derechos Universitarios, establecida el 29 de mayo de 1985 en la
Universidad Nacional Autónoma de México, para cumplir funciones similares a una
Defensoría del Pueblo dentro de la institución.
Los antecedentes más directos data del 13 de febrero de
1989, cuando nació la Dirección General de Derechos Humanos dentro de la
Secretaría de Gobernación de la federación.
La CNDH, como tal, fue creada a través de la reforma
constitucional del 28 de enero de 1992 (artículo 102° apartado B), la cual le
dio el carácter de "agencia descentralizada" con personería jurídica
propia. Otra reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 13 de septiembre de 1999, le concedió su actual autonomía
presupuestaria y de gestión, lo que la desvinculó definitivamente del Poder
Ejecutivo mexicano.
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