De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Prostituyen a 12 mil encarceladas que son esclavizadas en 70
penales mixtos, se estableció en el foro “Reglas de Bangkok, Perspectivas para
su aplicación”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados.
Apolinar Armenta Parga, coordinador de la Unidad
Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social de Coahuila, dijo: “Es
increíble lo que sufren en reclusión, mezcladas con hombres, porque se vuelven
esclavas, y eso es inaceptable en este siglo, en esta era moderna, con toda la
tecnología”.
Añadió que en los 70 penales mixtos mexicanos, el 70 por
ciento de las reclusas corren un gran riesgo de ser objeto de prostitución y
trata de personas. El procentaje representa a 12 mil de las 16 mil mexicanas
encarceladas, poco menos de la mitad, por delitos menores y que podrían estar
en libertad.
Armenta Parga, explicó que en México existen 450 centros
penitenciarios, entre federales y locales, de los cuales 70 son mixtos y sólo
11 son exclusivos para mujeres, “no es ni uno por estado, ni la mitad de uno”,
y de las 16 mil mujeres que hay en prisión, 12 mil no reciben visitas de sus
familiares, es decir 70 por ciento.
Propuso elaborar una reglamentación especial para centros de
reclusión femenina bajo las Reglas de Bangkok y se pronunció por que no existan
penales mixtos, pues las mujeres corren un gran riesgo de ser objeto de
prostitución y trata de personas. “Es increíble lo que sufren en reclusión,
mezcladas con hombres, porque se vuelven esclavas, y eso es inaceptable en este
siglo, en esta era moderna, con toda la tecnología”.
Indicó que si se revisaran los expedientes de cada interna,
“al menos 40 por ciento podría ser libre”. Se les podrían aplicar medidas como
el dispositivo electrónico de localización a distancia, para que puedan estar
en su casa, con sus hijos menores. El costo de mantener a una persona en
prisión es de 20 mil pesos mensuales en promedio, mientras que la renta del
brazalete es de tres mil o cuatro mil pesos
Por su parte, los participantes del foro “Reglas de Bangkok,
Perspectivas para su aplicación” coincidieron en que, en México, 5 por ciento
de la población penitenciaria está compuesta por mujeres, de las cuales 70 por
ciento se encuentra en abandono y entre 30 o 40 por ciento vive con un hijo
menor en la cárcel, por lo que es necesario emprender acciones legislativas que
garanticen sus derechos.
La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, secretaria de
la Comisión de Igualdad de Género, quien organizó el evento, llamó a armonizar
el marco normativo en materia penitenciaria, incorporando el compromiso
adquirido por México para asegurar, además, los derechos de sus hijas e hijos.
“Garantizar los
derechos de las mujeres en esos procesos no puede ser visto como una dádiva; es
una obligación del Estado asumir su responsabilidad y reconocer las brechas de
desigualdad que existen”, puntualizó.
En el sistema de administración de justicia y penitenciario
hay inercias y prácticas institucionales que subsisten y hacen que la
discriminación y exclusión por condición de género impida a las mujeres acceder
a un trato justo.
Rodríguez Hernández, también presidenta de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de la Confederación Parlamentaria de
las Américas (COPA), indicó que 5 por ciento de la población recluida en México
son mujeres, y la mitad está en calidad de procesadas, encarceladas sin haber
sido declaradas culpables, cuando podrían cumplir sanciones alternativas.
El desconocimiento de sus problemas para acceder a servicios
de salud y a empleos que les permitan obtener recursos para atender sus
necesidades; la falta de una capacitación que favorezca su reinserción y la ausencia
de mecanismos para investigar y sancionar la comisión de delitos, no permiten
avanzar en una legislación con perspectiva de género, por lo que este foro
permitirá definir acciones que las atiendan.
Al inaugurar el encuentro, el diputado Armando Luna Canales,
presidente de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que para enfrentar la
situación de las reclusas no es necesario “inventar grandes reglas, pues ya hay
ordenamientos internacionales y protocolos que dan parámetros y directrices muy
claras”.
Reconoció que el país vive una crisis penitenciaria. “Nos
acordamos de las cárceles cuando hay fugas, motines, cuando hay una tragedia,
pero en realidad hay miles de personas y familias encarceladas con sus seres
queridos, que viven privaciones y situaciones muy graves, que van del
aislamiento al olvido”.
Destacó la importancia de contar con datos estadísticos para
saber quién está en prisión, qué mecanismos hay para que puedan no estar y
propiciar que las presas y sus hijos sean sujetos de derechos.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, diputada Carmen
Guillén Vicente, dijo que se deben buscar alternativas a la pena de prisión,
para evitar la entrada de mujeres al proceso penal.
Agregó que la Cámara de Diputados debe colocar esta
problemática en el centro de su actuación y propuso crear un plan denominado
“Segunda Oportunidad”, para visibilizar a todas estas mujeres, cuya mayoría, ha
cometido delitos del fuero común, como fraude o robo, y no son realmente
peligrosas para la sociedad.
Pidió que los gobiernos estatales y federal revisen el
expediente de cada una para ver si tienen derecho a libertad anticipada, a otro
beneficio que otorgue la ley o si son candidatas al indulto del gobernador o
del Presidente de la República, y si no tuvieran esos beneficios, ayudarlas a
elevar su escolaridad y capacitación.
De la Comisión de Derechos de la Niñez, la diputada Julieta
Fernández Márquez aseguró que la problemática de los niños que viven con sus
madres en los penales es invisible para el sistema, pues actualmente no hay
cifras para saber cuántos hay en esta situación.
Detalló que hay reclusorios en los que rige la ley del más
fuerte y abusos de poder, donde los niños son los más vulnerables; además,
manifestó su preocupación de que estén mezclados hombres y mujeres en las
prisiones, pues no existen programas de prevención de violencia.
En una cárcel, no tienen comida ni para los reos; para los
niños no hay leche, medicinas, ni servicios de salud, por lo que es urgente
propiciar condiciones adecuadas de desarrollo fuera de ese ambiente hostil,
realizar censos para identificarlos y garantizar su interés superior y su pleno
derecho a la tutela, guardia y custodia.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura
Nereida Plascencia Pacheco, expresó que es fundamental poner en el debate
público medidas sustitutivas de prisión para mujeres que no han concluido su
proceso penal y son jefas de familia.
Explicó que las Reglas de Bangkok se crearon para
visibilizar la problemática del tratamiento de reclusas y pugnar por medidas no
privativas de la libertad para ellas; por tal razón, se pronunció por que
México se ponga a la vanguardia en esta materia, pues las cárceles fueron
diseñadas para albergar a varones y no hay instalaciones adecuadas para las
mujeres.
Consideró prioritario atender cuestiones de salud y dignidad
tanto de las internas como de sus hijos y no criminalizarlas, sino brindarles
atención integral.
A su vez, la diputada Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar
Carrillo, de la Comisión de Igualdad de Género, dijo que el foro brinda
herramientas para conocer y enfrentar la problemática de las mujeres en los
centros de reclusión.
Este tema debe quitar el sueño a los legisladores, dijo,
pero no la decisión de abordar la tarea y tener cuidado absoluto en las
decisiones que se tomen en el Legislativo para darles más protección.
Al participar, el titular de la Unidad Desconcentrada de
Ejecución de Penas y Reinserción Social de Coahuila, Apolinar Armenta Parga,
explicó que en México existen 450 centros penitenciarios, entre federales y
locales, de los cuales 70 son mixtos y sólo 11 son exclusivos para mujeres, “no
es ni uno por estado, ni la mitad de uno”, y de las 16 mil mujeres que hay en
prisión, 12 mil no reciben visitas de sus familiares, es decir 70 por ciento.
Propuso elaborar una reglamentación especial para centros de
reclusión femenina bajo las Reglas de Bangkok y se pronunció por que no existan
penales mixtos, pues las mujeres corren un gran riesgo de ser objeto de
prostitución y trata de personas. “Es increíble lo que sufren en reclusión,
mezcladas con hombres, porque se vuelven esclavas, y eso es inaceptable en este
siglo, en esta era moderna, con toda la tecnología”.
Indicó que si se revisaran los expedientes de cada interna,
“al menos 40 por ciento podría ser libre”. Se les podrían aplicar medidas como
el dispositivo electrónico de localización a distancia, para que puedan estar
en su casa, con sus hijos menores. El costo de mantener a una persona en
prisión es de 20 mil pesos mensuales en promedio, mientras que la renta del
brazalete es de tres mil o cuatro mil pesos
La investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE), Corina Giacomello, dijo que el debate sobre política de drogas no
sólo es sobre la regulación de la mariguana, sino cómo se inserta el tema de
género.
Indicó que las mujeres representan el eslabón más débil de
la cadena delictiva, las colocan en los puntos más visibles donde pueden ser
detenidas fácilmente y, además, reciben penas muy altas, por lo que es
importante incluir el elemento de género en la comisión de un delito.
Es crucial, añadió, limitar la prisión preventiva oficiosa
para que no sea la respuesta más fácil e inmediata a los ilícitos por
estupefacientes; hay penas desproporcionadas y fianzas impagables; por ello,
planteó eliminar las penas mínimas e introducir factores atenuantes y medidas
alternativas al encarcelamiento.
La tercera visitadora de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), Ruth Villanueva Castilleja, explicó que las reglas de
la Organización de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y
medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, buscan que
los gobiernos den mayor atención a quienes se encuentran en prisión con sus
hijos, por ser un grupo vulnerable.
Agregó que para atender a este sector y visibilizar su
problemática, la CNDH impulsa que el cumplimiento de las reglas estipuladas por
la ONU.
Durante el foro, se conoció el testimonio de la señora Rosa
Julia Leyva, primer caso exitoso de reinserción social. Es “prueba fehaciente
de lo mucho que falta por hacer en favor de las mujeres en reclusión”, afirmó
la diputada Ramírez Hernández.
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