* 10 de octubre, Día Mundial contra la Pena de Muerte
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Pide la CNDH de México al Gobernador de Texas, Greg Abbott,
y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de ese estado para que se
conmute la pena capital decretada contra el mexicano Rubén Cárdenas Ramírez,
programada para el próximo 8 de noviembre, por otra sentencia de prisión, en
ocasión del 15 Día contra la Pena de Muerte este martes 10 de octubre.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa
su rechazo absoluto a la pena de muerte, ya que no es factor de contención real
de la delincuencia ni la solución a los problemas de inseguridad pública, pues
su aplicación no garantiza la impartición de justicia.
En ocasión del Día Mundial contra la Pena de Muerte –10 de
octubre— la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reitera su petición al
Gobernador de Texas, Greg Abbott, y a la Junta de Indultos y Libertad
Condicional de ese estado para que se conmute la pena capital decretada contra
el mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, programada para el próximo 8 de noviembre,
por otra sentencia de prisión.
En el texto de tales peticiones, se solicita a las
autoridades del Estado de Texas tener presentes los preceptos de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así
como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los cuales
reconocen el derecho a la vida y que nadie será sometido a torturas, ni penas
crueles, inhumanas o degradantes.
La CNDH no se opone a la imposición de penas, sino se
pronuncia porque dichas acciones se realicen dentro del Sistema Internacional
de Derechos Humanos, al cual nuestro sistema jurídico se acoge.
Para este Organismo Nacional, el derecho a la vida
representa el bien supremo del ser humano, por lo cual afirma categóricamente
que la pena de muerte es una medida que no garantiza la impartición de
justicia, al tiempo que subraya su compromiso de continuar con los esfuerzos
que protejan los derechos fundamentales de los mexicanos en el extranjero.
De acuerdo con Amnistía Internacional, 140 países miembros
de Naciones Unidas son abolicionistas de esa pena, de los cuales 98 la han
anulado totalmente, como nuestro país; 7 sólo para delitos comunes y 35 sólo en
la práctica, ya que no la ejecutan, no la practican y no la imponen, pero no la
han abrogado.
En el marco de esta fecha conmemorativa, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos se une a la lucha por la abolición de la pena
capital en todo el mundo, para lo cual considera necesario conjuntar esfuerzos
que permitan la erradicación de dicha práctica, sobre la base de que en ninguna
circunstancia se debe atentar contra la vida, la dignidad y la integridad de
las personas.
Rubén Cárdenas Ramírez
Ramírez Cárdenas, de 47 años, se convertiría en el undécimo
mexicano en ser ejecutado en Estados Unidos y en el décimo en Texas, desde que
este país restauró la aplicación de la pena de muerte en 1976.
En abril de 2016, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto
Circuito, en Nueva Orleans, rechazó atender un recurso del mexicano, en el que
pedía revisar su caso argumentando violaciones a sus garantías al no haber sido
notificado de que tenía el derecho a la asesoría del consulado de su país tras
su detención en 1997.
La decisión despejó el camino para que Ramírez Cárdenas
pudiera recibir fecha de ejecución.
Ramírez Cárdenas, originario del estado mexicano de
Guanajuato, fue declarado culpable y sentenciado en julio de 1998 a la pena
capital por la violación y muerte de su prima Mayra Laguna, de 16 años, el 22
de febrero de 1997 en Edinburg, Texas.
Ese día, los padres de Laguna reportaron la desaparición de
su hija a las autoridades. En el curso de la investigación, la policía
interrogó a Ramírez Cárdenas, quien se presentó voluntariamente a declarar.
Durante más de 10 horas, Ramírez Cárdenas permaneció en la
estación de Policía y fue interrogado sobre la desaparición de Mayra por nueve
diferentes agentes de la Policía y del Departamento del Sheriff del Condado de
Hidalgo.
Sin embargo, a pesar de ser ciudadano mexicano, en ningún
momento los agentes le informaron de su derecho a recibir la asesoría del
personal del Consulado de México, como establecen los acuerdos consulares de la
Convención de Viena.
Ramírez Cárdenas fue arrestado por la Policía, que detuvo
después a su amigo Tony Castillo como coacusado y quien lo implicó en el
crimen.
El mexicano dio una declaración a las autoridades en la que
admitió que había matado a su prima y condujo a la Policía al lugar en el que
violó a la víctima y depositó su cuerpo.
Castillo se encuentra recluido en una cárcel de Texas,
cumpliendo una sentencia de 25 años por secuestro agravado, la cual concluirá
en 2022.
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