* Luis Raúl González Pérez acudió a la presentación de la Recomendación General sobre Desaparición Forzada de Personas, emitida por Namiko Matzumoto Benítez, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Saldar deuda del Estado con las víctimas de desapariciones,
demanda Luis Raúl González Pérez, Ombudsman nacional ya que sin la debida
respuesta se afecta el tejido social y vulnera nuestro Estado de Derecho.
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, demandó
saldar la deuda que como país tenemos con las víctimas de desapariciones, ya
que no debemos presentarnos como una sociedad efectivamente sustentada en el
reconocimiento y respeto de los derechos humanos mientras no se dé debida
respuesta y se atienda este problema, cuya sola existencia debilita nuestras
instituciones, afecta nuestro tejido social y vulnera nuestro Estado de
Derecho.
Al participar en la presentación de la Recomendación General
sobre Desaparición Forzada de Personas, acto que encabezó Namiko Matzumoto
Benítez, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz,
González Pérez dijo que ante la gravedad del flagelo, los casos que se deben
investigar y aclarar se cuentan por miles y aún no se puede determinar cuántos
corresponden a desapariciones forzadas, por lo cual demandó la atención
prioritaria del Estado para que en cada uno se llegue a la verdad, mediante una
investigación exhaustiva y pertinente, que localice a las personas
desaparecidas e identifique a los responsables para que sean sancionados
conforme a derecho.
Por su naturaleza e implicaciones, dijo, es un crimen de
gravedad extrema, pluriofensivo, que en modo alguno debe quedar impune. “La
existencia de un solo caso de desaparición forzada de personas es inaceptable y
debe mover a autoridades y sociedad para llegar a la verdad del mismo y
propiciar que esta práctica se elimine por completo”, aseguró.
González Pérez dijo que por la gravedad del delito es
urgente que la Cámara de Diputados apruebe la Ley General de Desaparición
Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y enfatizó la
importancia de que el Gobierno federal quite el candado que puso a la
Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU, para que los particulares
puedan dirigirse directamente al Comité de Desapariciones de Naciones Unidas
para plantear sus casos. Por ello, llamó a que el Ejecutivo federal acepte la
competencia del comité contra la desaparición forzada de ONU.
Destacó que una vez en vigor esa ley, el reto será hacerla
efectiva mediante la profesionalización de los actores encargados de su
aplicación, la existencia de recursos suficientes para instrumentar sus
contenidos e investigaciones efectivas que eviten la impunidad, por lo que
demandó de la Secretaría de Hacienda y de la cámara de diputados, un
presupuesto con perspectiva de Derechos Humanos, sin soslayar el cumplimiento
de las autoridades de los tres niveles de gobierno de las 102 propuestas
formuladas en el Informe Especial de la CNDH sobre Desaparición de Personas y
Fosas Clandestinas en México.
Comentó que la desaparición de personas –forzada o por
particulares— es una práctica cruel que agravia a la sociedad, afecta y atenta
contra la persona desaparecida, sus familiares y allegados, quienes al dolor de
la ausencia deben vivir con la incertidumbre, angustia y desesperación sobre el
destino de quien desapareció.
La Ombudsperson de Veracruz y el Ombudsman nacional
compartieron el presídium con Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la
Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
y el diputado Gregorio Murillo Uscanga, Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso local.
Namiko Matzumoto detalló que los hechos que se resuelven en
la Recomendación General son particularmente graves, porque constituyen un
patrón sistemático de omisiones que ha generado impunidad.
Dijo que se acreditó violación a derechos humanos en 81
expedientes analizados que documentan casos de personas desaparecidas en el
periodo comprendido de febrero de 2011 y octubre de 2016. Pudo constatarse que
recurrentemente existieron irregularidades en las investigaciones que en muchos
casos impidieron que hubiera resultados satisfactorios, asentó.
En todos los casos analizados el inicio de la investigación
constituyó una mera formalidad, no se realizaron todas las diligencias
encaminadas a la localización con vida de las personas desaparecidas y las
cargas procesales de la autoridad fueron trasladadas a las víctimas indirectas.
Estas investigaciones, dijo, adolecieron de deficiencias
estructurales. Se demostró que las omisiones encontradas demuestran el
incumplimiento de debida diligencia a cargo de la autoridad encargada de
procurar justicia; así se incumplió con las obligaciones de garantía que
fomenta la repetición de las violaciones a derechos humanos.
Además, vulnera el derecho de las víctimas y sus familiares
a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido, es decir,
se hace nugatorio su derecho de acceso a la justicia, de conocer la verdad y de
ser reparado.
La falta de investigación o la investigación deficiente,
agregó, provoca que los autores intelectuales y materiales de las
desapariciones permanezcan sin ser presentados ante la justicia, pero también
que los servidores públicos encargados de las indagatorias perpetúen las
prácticas que violan los derechos humanos de las víctimas.
En este sentido, señaló que las sanciones administrativas y
penales juegan un rol fundamental para crear una cultura institucional de
compromiso con los derechos humanos; en particular cuando se trata de
desaparición de personas la imposición de sanciones proporcional a la gravedad
de los hechos investigados envía un mensaje contundente contra la inercia
institucional, la insensibilidad y la violación a derechos humanos. Esto
incluye que los servidores públicos responsables sean separados de sus cargos y
procesarlos penalmente.
Por su parte, Jesús Peña Palacios reconoció a los colectivos
y organizaciones de familiares de desaparecidos y les agradeció su compromiso y
perseverancia en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación; la
búsqueda de sus seres queridos, debe de ser la luz que nos acompañe en esta
misión.
Dijo que esta Recomendación General era necesaria y urgente,
dada la magnitud del problema, de los riesgos y obstáculos que enfrentan los
familiares en su incesante búsqueda de justicia. Es necesario que se lea a la
luz del Informe Especial de la CNDH sobre Desaparición de Personas y Fosas
Clandestinas en México, porque es deseable un esfuerzo coordinado estatal y
federal.
Frente la desaparición y para enfrentar el reto del país en
la materia, destacó cinco puntos relevantes desde la perspectiva del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos: impulsar la búsqueda de personas; luchar
contra la impunidad; necesidad del mecanismo de protección de víctimas;
implementación de políticas de prevención de la desaparición, y avanzar en la
normatividad en materia de desaparición, a fin de contar con presupuesto
suficiente.
Subrayó la necesidad de que en breve se apruebe la Ley
General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por
Particulares, y cuando ello suceda vamos a tener el reto de su implementación.
Además, mencionó que se requieren estrategias diseñadas
junto con las víctimas, de acuerdo con sus necesidades y considerando su
involucramiento en las diferentes fases de todos estos proyectos, incluyendo la
medición del impacto del efecto de las propias estrategias.
A este acto concurrieron integrantes de diversas
organizaciones de la sociedad civil, como Colectivo Red de Madres Veracruz,
Madres en Búsqueda Belén González, Colectivo Búsqueda Colectiva Coatzacoalcos
Zona Sur, Colectivo de Familiares de Desaparecidos “Familias Desaparecidos
Orizaba-Córdoba”, Colectivo Solecito Córdoba-Orizaba, Colectivo Solecito Xalapa
y Colectivo Familiares Enlaces Xalapa.
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