De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Participan policías de los tres niveles de gobierno en el 80
por ciento de los secuestros denunciados y se sabe de la existencia de cárteles
de policías dedicados al plagio, como el de “La Charola”, que está integrado
por más de 6 mil 500 oficiales, los cuales actúan impunemente en todo el país.
Denunció el diputado federal jalisciense Germán Ernesto
Ralis Cumplido, del Movimiento Ciudadano al plantear reformas al artículo 18 de
la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro,
con las que se evite que cualquier integrante de las fuerzas policiacas que
haya participado en un secuestro y sido sentenciado por esta causa pueda volver
a pertenecer a las corporaciones del orden.
“Tener a tantos elementos involucrados en casos de
secuestro, ocasiona que las víctimas no se atrevan a denunciar por el temor a
represalias, lo que genera impunidad para los secuestradores y les otorga la
libertad para delinquir”, afirmó.
Ralis Cumplido argumentó que esa situación contribuye a que
sólo uno de 43 secuestros sea denunciado. Tan sólo en 2005, participaban
miembros de la policía en 2 de cada 10 secuestros y para el 2015 eran 8 de cada
10.
“La intervención
criminal de las fuerzas del orden en este delito ha generado que los
secuestradores tengan un alto grado de conocimientos para el manejo de sus
víctimas, puedan reducir evidencias, complicar la identificación y hasta la
propia captura”, denunció.
Además, continuó, las prisiones se han convertido en las
oficinas de los secuestradores, pues desde adentro los reos que pugnan una
sentencia por éste y otros ilícitos se encargan de planear y de llevarlos a
cabo con apoyo de personas en el exterior, e incluso “hasta de los propios
custodios, quienes les facilitan acceso a la tecnología, teléfonos celulares e
información de las víctimas, que generalmente son familias dedicadas al
comercio o a pequeñas empresas”.
El diputado Germán Ralis puntualizó que los miembros de las
corporaciones policiacas son capacitados para proteger a los ciudadanos, pero
la realidad es que existen elementos que utilizan estos conocimientos para
delinquir y agredir a una población altamente expuesta y en desventaja.
En México, relató, el negocio del secuestro genera más de
540 mil millones de pesos al año. A este número se deben sumar los plagios
exprés, es decir, los que no duran más de 24 horas. De acuerdo con el Consejo
para la Ley y los Derechos Humanos, A.C., mediante el programa de Denuncia
Anónima se han logrado contabilizar 600 secuestros exprés por día, en los que
el rescate varía entre los 7 mil pesos de efectivo, alhajas y teléfonos
celulares.
Por ello, propuso cambiar el primer párrafo del artículo 18
de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para evitar que cualquier servidor
público de las fuerzas policiacas que haya participado en un secuestro y sido
sentenciado por esta causa pueda volver a pertenecer a las estas cooperaciones.
“No podemos seguir proporcionando entrenamiento y armas a
los secuestradores. Debemos implementar controles más confiables que logren
diferenciar entre los buenos policías y los que solo usan a la institución para
delinquir. Necesitamos generar confiabilidad en las fuerzas policiales en todos
los niveles”, abundó.
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