* Solicitantes de asilo de América Central enfrentan grandes obstáculos
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Niños de América Central que huyen de graves amenazas
afrontan enormes obstáculos a la hora de solicitar asilo en México, aseguró
Human Rights Watch en un informe publicado este jueves 31 de marzo en la Ciudad
de México.
Human Rights Watch (HRW, ‘Observatorio de Derechos Humanos’)
es una organización no gubernamentales (ONG) que inició en 1978 la
investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, con sede en Nueva
York (Estados Unidos), y cuenta con oficinas en Beirut, Berlín, Bruselas,
Chicago, Ginebra, Johannesburgo, Los Ángeles, Moscú, París, San Francisco,
Tokio, Toronto y Washington.
El informe de 165 páginas “Puertas Cerrados: El fracaso de
México en la protección de niños refugiados y migrantes de América Central”
documenta grandes contradicciones entre la legislación mexicana y su puesta en
práctica. Por ley, México ofrece protección a aquellos cuya vida o seguridad
corren peligro si son devueltos a su país de origen. Sin embargo, menos del uno
por ciento de los menores que son detenidos por las autoridades migratorias de
México son reconocidos como refugiados, según datos oficiales del gobierno.
“Sobre el papel, la ley mexicana parece proporcionar todas
las medidas de protección a los niños que han huido de sus países de origen
porque temen por sus vidas”, dijo Michael Bochenek, asesor jurídico principal
de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch. “Pero en realidad
sólo unos cuantos reciben asilo, lo que refleja que, a pesar de que los niños y
adultos de América Central afrontan serias amenazas, el gobierno no está
tomando debidamente en consideración sus solicitudes”.
Human Rights Watch entrevistó a 61 niños y más de 100
adultos que llegaron a México desde El Salvador, Guatemala y Honduras. Human
Rights Watch también entrevistó a funcionarios del gobierno mexicano;
representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), la agencia de la ONU para los refugiados, y representantes de
organizaciones no gubernamentales. Además, revisó archivos de casos y datos
recopilados por las agencias de inmigración y protección de refugiados de
México.
Estos hallazgos se producen en un momento en el que el
número de niños indocumentados que han sido detenidos por las autoridades
mexicanas registra un gran aumento. Las autoridades migratorias de México
aprehendieron a más de 35.000 niños en 2015, casi un 55 por ciento más que en
2014, y un 270 por ciento más que en 2013.
Este incremento refleja en parte el creciente apoyo
financiero que el gobierno de Estados Unidos ha concedido a México para que
implemente un control migratorio más estricto desde mediados de 2014, cuando
empezaron a llegar a EE.UU. cifras récord de centroamericanos, incluyendo niños
no acompañados y familias con niños.
La violencia de las pandillas ha plagado los países del
“Triángulo Norte” de América Central, formado por El Salvador, Guatemala y
Honduras, desde hace más de diez años y con frecuencia, los niños se han
convertido en las víctimas principales de las bandas en estos tres países.
Muchos de los niños que Human Rights Watch entrevistó
dijeron que fueron presionados para sumarse a las pandillas, a menudo bajo la
amenaza de daño físico o muerte, para ellos o para los miembros de sus
familias. Las niñas afrontan además el riesgo particular de la violencia sexual
y el acoso por parte de los miembros de las bandas. Otros niños relataron cómo
fueron extorsionados o secuestrados a cambio de un rescate.
Gabriel R., un joven de 15 años del departamento hondureño
de Cortés, dio el siguiente testimonio a Human Rights Watch: “Estaba en la
escuela, en el noveno grado. Un día, la pandilla se acercó a mí cerca del
colegio donde estudiaba. Me dijeron que tenía que unirme a ellos. Me dieron
tres días. Si no me unía a ellos, me matarían”. Gabriel R. huyó de Honduras por
su cuenta en mayo de 2015, antes de que vencieran los tres días de plazo.
Sin embargo, cuando los niños huyen a México, los agentes
migratorios con frecuencia no les informan sobre su derecho a pedir asilo ni
los evalúan adecuadamente para determinar si cumplen con los criterios válidos
para ser reconocidos como refugiados, descubrió Human Rights Watch.
Los menores que solicitan asilo no reciben asesoría jurídica
ni de ningún otro tipo a menos que tengan la suerte de ser representados por
una de las pocas organizaciones no gubernamentales que proveen asistencia
jurídica a los solicitantes de asilo. Los procesos de asilo no están diseñados
teniendo en cuenta a los niños y con frecuencia sólo los confunden.
Los niños que quieren solicitar asilo también afrontan la
amenaza de la detención prolongada. Varios niños contaron a Human Rights Watch
que los agentes migratorios les advirtieron que la mera presentación de una
solicitud de asilo resultaría en un período de detención más largo. Human
Rights Watch también habló con varios niños y padres que decidieron no pedir
asilo o retirar su solicitud, e incluso aceptar la devolución a sus países de
origen a pesar de los riesgos, debido a que no querían permanecer encerrados.
La legislación mexicana establece que los niños no
acompañados deberían ser transferidos al cuidado del sistema de protección de
menores de México y que sólo deberían ser detenidos bajo circunstancias
excepcionales. Sin embargo, la detención de niños migrantes parece ser la
norma.
Incluso los niños con la suerte suficiente para acabar en
refugios operados por la agencia de protección de los menores de México
experimentan una variante de detención. No acuden a las escuelas locales y
apenas tienen contacto con la comunidad. A menos que necesiten atención médica
especializada, permanecen encerrados en el recinto del refugio durante la
duración de su estancia.
Bajo las leyes internacionales, los niños no deben ser
detenidos como medida de control migratorio; en su lugar, los Estados deben
“poner fin rápida y completamente a la detención de los niños a causa de su
estatus migratorio”, tal como establece el Comité de Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño. México tiene la obligación de proporcionarles a estos niños
protección y cuidados adecuados en un entorno apropiado.
México tiene el derecho a controlar sus fronteras, pero los
niños migrantes no deberían permanecer encerrados. México puede brindar
atención y protección adecuadas a niños no acompañados o separados de múltiples
maneras, ya sea alojándolos con familias o en centros estatales o privados.
Mientras que algunos podrían necesitar un alojamiento en instalaciones
cerradas, detener a los menores en condiciones prácticamente carcelarias viola
las leyes internacionales, advirtió Human Rights Watch.
México debe asegurarse de que los niños tengan acceso
efectivo a los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado,
incluyendo asesoría jurídica y otro tipo de asistencia. El gobierno también
debería ampliar la capacidad de su agencia de refugiados, incluso mediante el
establecimiento de su presencia a lo largo de la frontera sur de México.
El gobierno de EE.UU., que ha presionado a México para
bloquear el cruce de centroamericanos, debería proporcionar más financiamiento
y apoyo para que México mejore y amplíe su capacidad para procesar solicitudes
de asilo y brindar asistencia social a los solicitantes de asilo y refugiados. El
gobierno de EE.UU. debería vincular el financiamiento que otorga a las
entidades mexicanas dedicadas al control de la inmigración y las fronteras a su
cumplimiento demostrado de las normas nacionales e internacionales de derechos
humanos.
El gobierno de EE.UU. también debería ampliar su Programa de
Procesamiento de Refugiados/Permisos para Niños Menores en Centroamérica para
permitir que los niños presenten sus solicitudes desde México y otros países
donde buscaron refugio, y ampliar los criterios de elegibilidad para que
incluyan también a otros familiares, y no sólo a los padres, que estén
legalmente en EE.UU.
“Poner a los niños en una posición en la que crean que
tienen que elegir entre meses en detención o ser devueltos al peligro del cual
han huido, viola tanto la decencia común como el derecho mexicano e
internacional”, observó Bochenek. “Tanto México como EE.UU. deberían ofrecer
una atención adecuada y una oportunidad razonable para que los niños que huyen
del peligro en América Central puedan solicitar protección”.
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