De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Aumenta la violencia contra los periodistas mexicanos, en
especial en Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca, con alto índice
de impunidad, estableció en Washington este miércoles 9 de marzo, la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Con ocasión de la publicación del informe “Situación de
derechos humanos en México” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión destaca aquellas
conclusiones y recomendaciones vinculadas a las garantías para el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión, con el objetivo de asistir al Estado de
México en el fortalecimiento de sus esfuerzos por respetar y asegurar ese
derecho fundamental en su jurisdicción.
En el informe publicado días atrás, la CIDH y su Relatoría
Especial ponen de presente la grave situación de violencia que padecen
periodistas, defensores de derechos humanos y comunicadores por el ejercicio de
la libertad de expresión, que los convierte en un grupo de la población
especialmente vulnerable. Según cifras oficiales, entre 2010 y 2015 fueron
asesinados más de 55 periodistas. La mayor parte de estos crímenes permanecen
en la impunidad, sobre todo en lo que refiere a autores intelectuales no identificados,
lo que ha impedido determinar si tienen una conexión con la labor informativa
de las víctimas.
La CIDH destacó que la violencia contra las y los
comunicadores se ha visto especialmente agudizada en aquellos estados de la
federación en los que existe una fuerte presencia del crimen organizado. En
muchos casos, los integrantes de estos grupos actúan en colusión con agentes
estatales. La información con la que cuenta la CIDH permite afirmar que, en su
mayoría, los periodistas que han sido víctimas de violencia habían denunciado o
informado sobre corrupción administrativa en el ámbito local, narcotráfico,
delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados.
El informe recuerda que tanto la Comisión como la Corte se
han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen
para otros profesionales de los medios de comunicación así como para quienes
pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza.
También se ha recibido información sobre desapariciones y ataques contra la
vida e integridad personal de periodistas por parte de agentes estatales y no
estatales, prácticas de hostigamiento y amenazas, vigilancia e interceptación
de las comunicaciones.
De acuerdo con la información recopilada por la Relatoría
Especial y la recibida durante su visita in loco, en los últimos años la
situación de violencia contra periodistas, comunicadores y trabajadores de los
medios en México ha venido en aumento, sobre todo en algunos estados como
Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca, a pesar de las reformas
constitucionales y legislativas y la adopción de medidas para salvaguardar su
integridad, como el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, aprobado en 2012.
La Relatoría Especial reconoce, al igual que la CIDH, la
importancia de que el mecanismo de protección haya comenzado a implementarse y
que 190 periodistas y 273 defensores de derechos humanos hayan beneficiarios
del mismo hasta septiembre de 2015. Sin embargo, se han presentado desafíos en
la eficacia de las medidas dispuestas para su protección e invita al Estado a
continuar con los esfuerzos desplegados para su fortalecimiento.
La Comisión expresó además su preocupación por los altos
índices de impunidad en estos crímenes. Frente a un panorama de centenares de
agresiones contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación
ocurridas en México en los últimos años, la Fiscalía Especial para la Atención
de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) inició 458
averiguaciones previas de los casos que pueden estar vinculados al ejercicio
del periodismo entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de agosto de 2015. De
ese total se declaró incompetente en 176 y en 53 se inició proceso contra un
presunto responsable ante autoridades judiciales. Desde el 2013 cuando se le
otorgo la facultad de atracción, esta Fiscalía la ha ejercido en 40 casos. La
Comisión ve con preocupación que sea la propia entidad investigativa quien,
haciendo uso de diferentes argumentos, se interponga obstáculos a sí misma para
asumir la titularidad de la investigación, lo que puede terminar afectando su
eficacia.
Por lo anterior se le recomendó al Estado mexicano que
mantenga el carácter de fiscalía especializada y que la dote de recursos
económicos y humanos suficientes para que pueda cumplir con su labor. La
Relatoría Especial también exhortó al Estado a implementar estrategias para que
las diferentes instituciones, tanto a nivel federal como estatal, trabajen de
manera articulada a fin de proporcionar una respuesta integral en todos los
temas relacionados con la protección y procuración de justicia en las
agresiones contra las y los defensores de derechos humanos y de periodistas. A
su vez alentó al mecanismo de protección a implementar una estrategia de
difusión sobre sus competencias, los requisitos para ingresar al programa,
además de promover que se actué de oficio.
A partir de estas conclusiones y recomendaciones, la
Relatoría Especial alienta al Estado a continuar fortaleciendo sus esfuerzos
para garantizar el pleno ejercicio del derecho la libertad de expresión en el
país.
En el siguiente enlace se pueden encontrar las conclusiones
y recomendaciones realizadas por la CIDH y su Relatoría Especial sobre la
situación del derecho a la libertad de expresión en México, que forman parte
del Informe de País recién publicado.
La Relatoría Especial al igual que la CIDH destaca la buena
disposición y colaboración manifestada durante el proceso de la visita in loco.
También agradece a todos los actores con los que se reunió durante la misma, y
valora la información recabada y testimonios recibidos, en particular de
familias, víctimas y sociedad civil. A su vez el Estado hizo llegar
observaciones al proyecto del presente informe disponibles para consulta aquí.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una
oficina creada por la CIDH con el fin de estimular la defensa hemisférica del
derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel
fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
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