* Sin sentencia condenatoria 98 por ciento de delitos contra
DH en México
* Grave crisis de derechos humanos: 26.798 desparecidos
* Sospechosa negligencia de autoridades en desapariciones
forzadas
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Publica en Washington el informe "Situación de derechos
humanos en México" este martes 2 de marzo la CIDH de la OEA, en que expone
la grave crisis de derechos humanos con particular énfasis en desapariciones y
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, así como la
situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad.
"La gente tiene miedo de denunciar por las represalias
a las que son sometidas las personas que buscan a sus seres queridos. La madre
de un desaparecido nos relató que ha recibido amenazas de que le cortarían la
lengua y que encontraría en la puerta de su casa los cuerpos de sus otros tres
hijos si insistía en la búsqueda", dijo el Presidente de la CIDH, el estadounidense
James Cavallaro, y Relator para México.
Enfatizó: "Y cuando se animan a denunciar, las
investigaciones adolecen de tantos obstáculos que prácticamente ninguna logra
esclarecer lo ocurrido. Incluso recibimos testimonios de familiares a quienes
funcionarios de las procuradurías estatales les han pedido dinero para
adelantar diligencias".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
publica hoy el informe "Situación de derechos humanos en México". La
elaboración del informe "Situación de derechos humanos en México" se
basa en la observación realizada durante la visita in loco que tuvo lugar del
28 de septiembre al 2 de octubre de 2015.
También se sustenta en otras visitas de la CIDH y de sus
Relatorías Temáticas, en el monitoreo que la Comisión realiza en cumplimiento
de su mandato y a través de la utilización de los diversos mecanismos a su
alcance, tales como audiencias, procesamiento de medidas cautelares, peticiones
y casos.
El informe analiza la grave crisis de derechos humanos que
atraviesa México, con particular énfasis en desapariciones y desapariciones
forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, así como la situación de
inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad.
También aborda la situación de los derechos humanos de
algunos grupos poblacionales especialmente afectados por la violencia en el
país, incluyendo defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, pueblos
indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, personas lesbianas,
gays, bisexuales y trans.
También se analiza la situación de asesinatos, violencia y
amenazas contra periodistas, que ha hecho que México sea considerado como uno
de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
La Comisión valora las importantes reformas constitucionales
en materia de derechos humanos que se han introducido en México a partir del
2011. Asimismo, la CIDH reconoce el avance que representa que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) haya reconocido la obligación de todas las
autoridades judiciales del país de realizar el control de convencionalidad.
Asimismo, la CIDH destaca la decisión de la SCJN que
restringe la jurisdicción militar en los casos en que los elementos de las
fuerzas armadas cometan violaciones a los derechos humanos contra civiles. Otro
avance significativo fue la adopción de la nueva Ley de Amparo publicada en
abril de 2013.
En adición a ello, la Comisión Interamericana reconoce la
importancia del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, aprobado en 2012, e invita al Estado a continuar con los
esfuerzos desplegados para su fortalecimiento.
Otros avances que la CIDH destaca son la implementación del
Nuevo Sistema de Justicia Penal, la aprobación de los Protocolos de
Investigación en Materia de Desaparición Forzada y de Tortura en agosto de
2015, la creación de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas
Desaparecidas, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención
del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la
República (PGR), y la creación de una Unidad Especializada del Delito de
Tortura en la PGR.
La CIDH reconoce avances significativos en materia
constitucional, legislativa e institucional en los últimos años, así como la
adopción de importantes políticas públicas en México que han sido elaboradas en
consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos.
Sin embargo, la respuesta estatal sigue siendo insuficiente
para enfrentar esta grave crisis de violencia e impunidad. La CIDH ha recibido
información alarmante que indica que el 98% de los delitos en México no llegan
a tener una sentencia condenatoria.
La violencia se da en gran parte del país, pero afecta de
manera diferenciada a ciertas zonas. Asimismo, la violencia está estrechamente
relacionada con la presencia de fuerzas militares en las áreas del país de
mayor presencia de crimen organizado, narcotráfico y conflictividad.
Durante la visita la CIDH pudo constatar que la desaparición
de personas en grandes extensiones del territorio mexicano ha alcanzado niveles
críticos.
Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas
o Desaparecidas, las personas "no localizadas" en México, al 30 de septiembre
de 2015, son 26.798. En agosto de 2014, cifras de la Procuraduría General de la
República (PGR) arrojaban 22.322 personas "no localizadas".
Las cifras oficiales proporcionadas junto con la información
recibida de diversas regiones del país evidencian que las desapariciones son
generalizadas en México. Especialmente grave es la información amplia y
consistente recibida por la CIDH sobre la existencia de una práctica de
desapariciones forzadas, es decir, a manos de agentes del estado o con la participación,
aquiescencia, o tolerancia de las mismas. La respuesta estatal a esta situación
presenta graves deficiencias.
"La gente tiene miedo de denunciar por las represalias
a las que son sometidas las personas que buscan a sus seres queridos. La madre
de un desaparecido nos relató que ha recibido amenazas de que le cortarían la
lengua y que encontraría en la puerta de su casa los cuerpos de sus otros tres
hijos si insistía en la búsqueda", dijo el Presidente de la CIDH, James
Cavallaro, y Relator para México.
"Y cuando se animan a denunciar, las investigaciones
adolecen de tantos obstáculos que prácticamente ninguna logra esclarecer lo
ocurrido. Incluso recibimos testimonios de familiares a quienes funcionarios de
las procuradurías estatales les han pedido dinero para adelantar
diligencias".
La CIDH detectó fallas profundas en la búsqueda y graves
irregularidades en las investigaciones que se llevan adelante por
desapariciones. Especialmente grave es la negligencia de las autoridades
estatales y locales en las primeras horas a partir de la desaparición de la
persona, las cuales son claves a fin de encontrarla con vida.
En muchos casos, han sido los familiares quienes han asumido
la búsqueda de sus seres queridos. En el estado de Guerrero, la delegación de
la CIDH acompañó a un grupo de familiares de desaparecidos a un terreno donde
ellos mismos encontraron fosas comunes clandestinas con restos humanos. Los
testimonios que la CIDH recibió de parte de familiares de personas
desaparecidas revelan profundos niveles de desconfianza en las autoridades
estatales y locales.
En repetidas ocasiones la CIDH escuchó de las víctimas que
la justicia en México es una "simulación", ya sea porque se fabrican
culpables o porque las autoridades no aplican la debida diligencia y las
actuaciones no producen resultados. La mayoría de los casos de desapariciones
están en la impunidad.
En relación con la desaparición de 43 estudiantes de la
escuela rural de Ayotzinapa en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, la
CIDH nombró, en consulta con el Estado mexicano y organizaciones de la sociedad
civil, a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el
fin de ofrecer asistencia técnica en la búsqueda, investigación y no repetición
de los hechos.
La CIDH reitera su respaldo a los cinco integrantes del
GIEI, así como al trabajo que están realizando. Como ya lo ha hecho
anteriormente, la CIDH vuelve a expresar que acompaña todos los informes
presentados por el GIEI. La Comisión reconoce la disposición del Estado mexicano
para el establecimiento del GIEI, y le urge a continuar apoyando el importante
trabajo que el grupo realiza.
En este sentido, la CIDH insta al Estado mexicano a brindar
acceso a los expertos del GIEI a entrevistar a todos los testigos, incluyendo
los integrantes del 27 Batallón de Infantería que estuvieron presentes en los
hechos ocurridos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, tal como ha
sido solicitado por dicho Grupo.
En adición al grave problema de las desapariciones, el
informe analiza homicidios y ejecuciones extrajudiciales tales como los hechos
ocurridos en Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014; Apatzingán,
estado de Michoacán, el 6 de enero de 2015; y Tanhuato, estado de Michoacán, el
22 de mayo de 2015, y la prevalencia de la práctica de la tortura. En cuanto a
homicidios, cifras hechas públicas por el Poder Ejecutivo el 1 de septiembre de
2015, apuntan a más de 94.000 asesinatos desde el inicio de la actual
administración en 2012.
La tasa de homicidios es desde hace años superior a 10 por
cada 100.000 habitantes, lo cual corresponde a niveles epidémicos de violencia
de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Relator Especial de
ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias calificó la impunidad
en los casos de homicidios como "sistemática y endémica". Las
deficiencias en las investigaciones y la impunidad imperante no permiten
establecer con certeza el número de muertes violentas que corresponden a
ejecuciones extrajudiciales o al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza
letal por parte de agentes del Estado.
En relación con la prevalencia de la práctica de tortura y
otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la CIDH encontró que esto suele
ocurrir durante las primeras horas de detención de una persona y antes de que
sea presentada ante un juez. El Estado mexicano informó que la PGR contaba, al
mes de abril de 2015, con 2.420 investigaciones en trámite sobre tortura, y que
existen sólo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal. La
respuesta estatal ante los casos de tortura, al igual que respecto de las
desapariciones, los homicidios y las ejecuciones extrajudiciales, es débil e
insuficiente.
"La espiral de violencia e impunidad trae consigo
graves consecuencias para el Estado de Derecho en el país", señaló
Cavallaro. "El reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente
entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus
habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva", agregó.
El informe contiene recomendaciones de la CIDH al Estado
mexicano en las áreas de seguridad ciudadana, desapariciones y desapariciones
forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia,
situación de personas y grupos en situación de particular vulnerabilidad, y
acceso a la información.
La Comisión Interamericana reitera su compromiso de
colaborar con el Estado mexicano en la búsqueda de soluciones a los problemas
identificados y en el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el
informe.
La Comisión agradece al Gobierno y pueblo mexicano por todas
las facilidades brindadas para la realización de esta visita.
La CIDH destaca la buena disposición y colaboración
manifestada durante el proceso de esta. También agradece a todos los actores
con los que se reunió durante la misma, y valora la información recabada y
testimonios recibidos, en particular de familias, víctimas y sociedad civil.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la
observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo
de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros
independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título
personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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