“La ley es muy clara. Al ser la evaluación una obligación, a quien no se presente después de haber sido convocado se le separa del servicio sin ninguna consecuencia para el Estado, es decir, no hay una liquidación”. Así se refirió el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer (ministerio), a los 3.600 maestros de la educación nacional que fueron despedidos. Su falta: no se presentaron - a pesar de haber sido convocados varias veces - al proceso de evaluación instaurado tras la aprobación en 2013 de una polémica reforma educativa. Desde este 1ero de marzo, han tenido que abandonar su puesto.
En los Estados más recalcitrantes a la reforma como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerreo (suroeste) 12 mil 586 profesores no se presentaron pero tienen aún otra oportunidad para completar el proceso.
De hecho, este lunes miles de profesores salieron a las calles en Oaxaca (bastión de la oposición gremial)para protestar contra esta reforma que tiene el objetivo de mejorar los pobres estándares educativos. Esta ley espera romper con la regla no escrita del sistema educativo en la que las plazas de maestros son heredadas o vendidas dentro del sindicato.
Posición ambigua del gobierno mexicano
Las evaluaciones, que se han llevado a cabo en varios estados del país sin mayores incidentes, han arrojado un primer resultado decepcionante. Un 15,3% de los maestros evaluados no han sido juzgados aptos para enseñar.
Para Gaspard Estrada, director ejecutivo del Observatorio político de América latina y el Caribe de París (OPALC), ese resultado desalentador es previsible: “La educación básica en México en el sector público tiene graves problemas con el desempeño docente. Esto no se explica a la luz de la inversión que hace el Estado mexicano porque gasta bastantes dólares con relación al producto interno bruto del país pero lo gasta mal”.
En efecto, “más de un 92 por ciento del presupuesto total en educación primaria, secundaria y media superior en México se destina a la remuneración del personal, y alrededor del 83% es exclusivamente para los salarios de los maestros”, precisa un estudio publicado en 2014 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El pobre desempeño mexicano es una realidad, pero Estrada advierte que hay que tomar en cuenta el contexto nacional. “Del lado del gobierno hay un discurso ambivalente. Se quiere, en los textos, aumentar la calidad de la educación básica pero por el otro lado hay una voluntad política. Hay regiones en el país en las cuales los sectores magisteriales disidentes del sindicato más poderoso afiliado al oficialista Partido Revolucionario institucional (PRI) han buscado espacios de representación política contrariando los intereses del gobierno federal. Toda la cuestión es saber hasta donde esta prueba tiene un objetivo pedagógico y no un objetivo político”.
Detrás de estos despidos, otras voces se alzan ya para denunciar recortes disfrazados.Los maestros podrán apelar ya que se van sin liquidación.
En los Estados más recalcitrantes a la reforma como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerreo (suroeste) 12 mil 586 profesores no se presentaron pero tienen aún otra oportunidad para completar el proceso.
De hecho, este lunes miles de profesores salieron a las calles en Oaxaca (bastión de la oposición gremial)para protestar contra esta reforma que tiene el objetivo de mejorar los pobres estándares educativos. Esta ley espera romper con la regla no escrita del sistema educativo en la que las plazas de maestros son heredadas o vendidas dentro del sindicato.
Posición ambigua del gobierno mexicano
Las evaluaciones, que se han llevado a cabo en varios estados del país sin mayores incidentes, han arrojado un primer resultado decepcionante. Un 15,3% de los maestros evaluados no han sido juzgados aptos para enseñar.
Para Gaspard Estrada, director ejecutivo del Observatorio político de América latina y el Caribe de París (OPALC), ese resultado desalentador es previsible: “La educación básica en México en el sector público tiene graves problemas con el desempeño docente. Esto no se explica a la luz de la inversión que hace el Estado mexicano porque gasta bastantes dólares con relación al producto interno bruto del país pero lo gasta mal”.
En efecto, “más de un 92 por ciento del presupuesto total en educación primaria, secundaria y media superior en México se destina a la remuneración del personal, y alrededor del 83% es exclusivamente para los salarios de los maestros”, precisa un estudio publicado en 2014 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El pobre desempeño mexicano es una realidad, pero Estrada advierte que hay que tomar en cuenta el contexto nacional. “Del lado del gobierno hay un discurso ambivalente. Se quiere, en los textos, aumentar la calidad de la educación básica pero por el otro lado hay una voluntad política. Hay regiones en el país en las cuales los sectores magisteriales disidentes del sindicato más poderoso afiliado al oficialista Partido Revolucionario institucional (PRI) han buscado espacios de representación política contrariando los intereses del gobierno federal. Toda la cuestión es saber hasta donde esta prueba tiene un objetivo pedagógico y no un objetivo político”.
Detrás de estos despidos, otras voces se alzan ya para denunciar recortes disfrazados.Los maestros podrán apelar ya que se van sin liquidación.
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