Arcano Político
* Hacen alcalde a Fernando Castellanos Cal y Mayor
* Cantinfleo de irregularidades y violaciones del TEPJF
* Venganza de un Magistrado amenazado de muerte… en 2013
Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ
Exequias del Estado de Derecho mexicano. Confirmó el acta de
defunción el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 1 de
octubre de 2015. Hacen alcalde a Fernando Castellanos Cal y Mayor. Además, se
consumó la venganza de un magistrado allegado al PVEM, por las amenazas de
muerte que dice haber recibido de chiapanecos.
En oscurito, la mano mece la cuna. Imposible soslayar que el
heredero de la dinastía se encuentra vinculado a Carlos Salinas de Gortari por
medio del hermano incómodo. Desde aquel tiempo en que Ezequiel Castañón
Zorrilla se casó con Leovigilda Esponda Cal y Mayor y que culmina con Paulina
Castañón y Ríos Zertuche, hija de Ramiro Castañón Castellanos.
Aunque se esmeró en cumplir bien, desde su primer encargo
público en el Congreso chiapaneco, las órdenes de la primera Madre del Estado de
3 millones de pesos anuales, para exonerar al mexiquense Juan Sabines Guerrero,
del sobre endeudamiento público, ya que recibió una deuda de 800 millones de
pesos y dejó una cercana a 60 mil millones.
Y se encuentra listo para el segundo puesto público:
Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, capital de un estado que según el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 18 de cada 100
chiapanecos de 15 años y más, no saben leer ni escribir, el 16.5 no tienen ningún grado de escolaridad.
Además, Chiapas ocupa el primer lugar nacional en pobreza
extrema, con base en los datos de enero de 2015 del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 76.2 por ciento de
chiapanecos están en situación de pobreza moderada, es decir, cerca de cuatro
millones y el 31.8 por ciento en pobreza extrema.
Creen que es fácil engañar desde las alturas del poder. El
magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Flavio
Galván Rivera reconoció que se violó el debido proceso electoral del 19 de
julio y sin el mínimo rubor consideró que no constituye motivo para anular las
elecciones en Tuxtla Gutiérrez.
Textualmente: “Las violaciones procesales en que pudieran
haber incurrido los jueces que antecedieron en el conocimiento de este asunto
pueden ser motivo de responsabilidad, pero no pueden ser causa de nulidad de la
elección”. Contradictoria la tesis ya que se incurrió en violación que es
motivo de responsabilidad pero no hay corrección del daño.
Pareció disfrutar su momento de gloria Flavio Galván Rivera,
al saborear su venganza sin importar que coadyuve a las exequias del Estado de Derecho,
si recordamos que el 2 de julio de 2013 denunció al visitar a Tuxtla Gutiérrez
con cargo al gobierno del verde que no madura, supuestas amenazas de muerte enviadas
por chiapanecos a su correo electrónico.
Según el dicho ya que nunca se comprobó el correo en que
Galván Rivera litigó en los medios por su desconfianza a la PGR en donde
interpuso, siempre según su dicho, la denuncia penal correspondiente, este es
el texto:
“Señor magistrado, de la manera más atenta te pedimos no
vengas a enfermar y a dañar la democracia de nuestro estado libre y soberano,
no te busques problemas. Tu vida corre peligro. El odio es mucho y se ha
derramado mucha sangre por las malas decisiones que has tomado, en conjunto con
los jueces y magistrados electorales. No vengas. Chiapas quiere paz, no aguanta
más. No seas impertinente al servicio del poder. Peña Nieto es tu manejador y
en nuestro estado vas a morir. Del Grupo Simón Bolívar, Radicales del Sureste”.
Si un magistrado del Poder Judicial de la Federación litiga
en los medios sobre el supuesto peligro a su integridad física, no es casual
entonces que por mayoría de votos se determine que las irregularidades
denunciadas por el Partido Acción Nacional (PAN) no fueron suficientes para
anular la elección, ya que eran de carácter procesal y no tienen un efecto
directo en el resultado.
Y la votación se orientó desde la presidencia del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a cargo del oaxaqueño Constancio
Carrasco Daza tan cercano a su paisano y
cacique de horca y cuchillo, el priísta converso al panismo Diódoro Carrasco
Altamirano.
Carrasco Daza, comentó que en la especie, se analizó
integralmente el acervo probatorio; apreciando el entorno que enmarcó el proceso
electoral en la entidad.
En ese contexto, afirmó que en el caso concreto no se
observó la actualización de violaciones sustanciales que trastocaran la esencia
de la elección como lo es la votación, únicamente se observaron irregularidades
de carácter procesal que no generan la nulidad de la elección planteada.
El cantinfleo oaxaqueño Constancio Carrasco Daza agrede a la
inteligencia de los mexicanos. La Real Academia de la Lengua Española definbe
como Irregularidad la falta o delito en la administración pública o privada y
la Violación como el quebrantamiento o infracción de una norma jurídica. Es
enteramente lo mismo aunque el oaxaqueño no lo crea.
Sin mencionar la duda fundada sobre esa frase de “la
actualización de violaciones sustanciales”, como aquella quinceañera que le
dice a su mamá que está embarazada pero poquito.
Posiciones del máximo tribunal electoral que dejan, cuando menos,
un tufillo a corrupción, aunada a la venganza personal y la inexistencia del
Estado de Derecho.
Le toca ahora, la tarea a las amanuenses, esos escribidores
que facturan a instancias gubernamentales, para que crean desde el poder, que
engañan a los mexicanos. Y los gacetilleros se esmerarán en convencer que por
no promover la inclusión de la pruebas de las Averiguaciones Previas por
delitos electorales, al no insistir que los tribunales Chiapas y Xalapa
emitieran rápidamente una resolución y que el TRIFE solo tuviera 24 horas para
realizar el estudio de su caso, por todo lo anterior Paco Rojas y el PAN
perdieron el litigio donde pretendían anular la elección para la Presidencia
Municipal de Tuxtla Gutiérrez.
Es decir que el nuevo sistema jurídico mexicano criminaliza
a la víctima a menos que tenga poder económico, político o mediático para
defenderse.
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