* Culminó una visita in loco del 28 de septiembre al 2 de
octubre
* Destacan desapariciones forzadas, ejecuciones
extrajudiciales y tortura
* Niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e
insuficiente a las víctimas y familiares
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Constató en terreno la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA la grave crisis de derechos humanos que vive México,
caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves
violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y
tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente
a las víctimas y familiares.
El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos
fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en
situación de pobreza, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y
desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores
de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay,
bisexuales y trans (LGBTI), entre otros.
La violencia contra familiares de víctimas, defensores y
defensoras de derechos humanos y periodistas es ejercida con el objetivo de
silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la
impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos.
La violencia y el amedrentamiento busca acallar las voces
que más necesita México; tal como lo indicó una alta autoridad en reunión con
la CIDH: “A los mexicanos nos hacen falta verdades sobre nuestra propia
historia y sobre nuestras propias tragedias”.
La CIDH respalda el trabajo realizado por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), establecido por la CIDH a
solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las familias de los
estudiantes desaparecidos, muertos y heridos en Iguala entre el 26 y 27 de
septiembre de 2014.
La Comisión acompaña los informes presentados por el Grupo.
Con base en estos informes, la CIDH urge al Estado mexicano a esclarecer la
verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales
correspondientes.
Específicamente, la Procuraduría General de la República
(PGR) debe adoptar cuanto antes las medidas solicitadas por el GIEI: trasladar
la responsabilidad de la investigación a la Subprocuraduría de Derechos
Humanos; designar, en consulta con el GIEI, un nuevo Fiscal Especial a cargo de
la investigación; renovar a todos los miembros del equipo; reorientar la
investigación a fin de seguir las líneas que surgen del informe del GIEI, las
cuales distan de las hipótesis bajo la cual se han realizado las
investigaciones de la PGR hasta el momento; y permitir a los expertos
entrevistar a todos los testigos, incluidos los integrantes del 27 Batallón de
Infantería.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
realizó una visita in loco a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de
2015. La CIDH observó en terreno la situación de derechos humanos en el país,
con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales
y tortura, la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la
justicia, la impunidad, la situación de periodistas, defensores y defensoras de
derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de
violencia en el país.
La delegación estuvo conformada por la Presidenta de la
CIDH, Rose-Marie Belle Antoine; el Primer Vicepresidente, James Cavallaro; el
Comisionado Felipe González y las Comisionadas Tracy Robinson y Rosa María
Ortiz. Asimismo, integraron la delegación el Secretario Ejecutivo, Emilio
Alvarez Icaza Longoria; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed;
el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; y otros
miembros de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
La Comisión Interamericana se entrevistó con autoridades
gubernamentales de los tres poderes del Estado y los distintos niveles de
gobierno, y se reunió con representantes de la sociedad civil, órganos
autónomos, organismos internacionales, académicos y periodistas. Asimismo, recabó
testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares.
La delegación visitó la Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León,
Tabasco y Veracruz.
La Comisión agradece al gobierno y al pueblo de México todas
las facilidades brindadas para la realización de esta visita. La CIDH valora y
agradece el apoyo y la información suministrada por las autoridades de Gobierno
del orden federal, estatal y municipal, así como por organizaciones de la
sociedad civil y organismos internacionales. Muy especialmente, la Comisión
valora y agradece el esfuerzo de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos y sus familiares para reunirse con la delegación y presentar sus
testimonios e información.
Los problemas descriptos son resultado de una situación
estructural que México padece desde hace décadas. El día de hoy se cumple el
47º aniversario de la masacre ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.
La masacre continúa hasta el día de hoy en la impunidad, sin un número final,
mucho menos una identificación individual, del total de personas que fueron
ejecutadas o desaparecidas en ese contexto.
La magnitud que tiene la problemática de la desaparición de
personas en México es alarmante. Las cifras y los testimonios que la CIDH ha
recogido dan cuenta de secuestros a manos de grupos de delincuencia organizada.
Especialmente grave es la información amplia y consistente sobre la existencia
de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del estado o con
la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas. Al igual que en los
casos de desaparición forzada del pasado, se registran altos niveles de
impunidad para las desapariciones y desapariciones forzadas del presente. Las
falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples.
Muchos casos de desaparición no se denuncian debido a la desconfianza de los
familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir
represalias, y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las
autoridades presenta graves deficiencias.
En este contexto, en todos los lugares que la CIDH visitó
durante estos días se reunió con víctimas, familiares y defensores, quienes
describieron los obstáculos que han encontrado en su búsqueda de justicia y su
desconfianza en las autoridades. Los hallazgos por los familiares de fosas con
decenas de cadáveres han evidenciado que son ellos quienes han tenido que
asumir la búsqueda de sus seres queridos, mientras que las autoridades no
cumplen con su deber de investigar con debida diligencia.
La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de
impunidad de carácter estructural que perpetúa y en ciertos casos impulsa la
repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas,
hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y
justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, generando un
problema grave de sub-registro en las cifras oficiales.
Otro fenómeno de profunda preocupación son las ejecuciones
extrajudiciales. Situaciones recientes han sido los hechos ocurridos en
Tlatlaya, sur del Estado de México, en junio de 2014; en Apatzingán, estado de
Michoacán, en enero de 2015; y en Tanhuato, también en Michoacán, en mayo de
2015.
La Comisión valora las medidas que el Estado ha tomado para
hacer frente a esta situación, sin perjuicio de las insuficiencias y obstáculos
existentes en la implementación. En particular reconoce las importantes
reformas en materia de derechos humanos que se han introducido en México a
partir de 2011, incluyendo las reformas constitucionales y los protocolos
recientemente aprobados para la investigación de casos de tortura y
desaparición forzada. No obstante, la CIDH constató una profunda brecha entre
el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones
de personas en el país. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las
víctimas que la procuración de justicia es una “simulación”.
La CIDH recibió reportes en múltiples zonas del país sobre
la falta de justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos y sus familiares. En particular, es alarmante la cantidad de procesos
penales que permanecen estancados por años en el proceso de investigación, sin
que se ejerza la acción penal y, por lo tanto, sin que se dicte sentencia. El
número de procesos judiciales por graves violaciones concluidos con sentencias
condenatorias es ínfimo. La falta de acceso a una justicia pronta, eficaz y
confiable debilita significativamente la cultura de la legalidad así como el
estado de derecho en el país. Un primer paso en este sentido debe ser
esclarecer y deslindar responsabilidades relacionadas con los crímenes y graves
violaciones cometidas en el pasado, para así romper con la impunidad histórica
que arrastra México desde hace décadas. El combate a la impunidad y la corrupción
en todos los niveles de gobierno, entendido como una política de Estado
concreta y decidida, es esencial para recuperar la confianza de la ciudadanía
en las instituciones de justicia.
En consecuencia, se deben resolver las causas estructurales
de la falta de acceso a la justicia en México, tal como la infiltración de
grupos del crimen organizado en muchas policías de los diferentes niveles de
gobierno, en especial a nivel municipal, así como agencias de procuración de
justicia. Además, la inexistencia en algunos estados de ciertos tipos penales,
así como falencias en los existentes, dificulta la procuración de justicia. En
este sentido, la falta de independencia y autonomía de las agencias forenses,
tanto a nivel estatal como federal, es un desafío para el Estado en el marco de
la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal. La CIDH considera
fundamental fortalecer y consolidar la independencia judicial en México.
La CIDH expresa su voluntad de colaborar con el Estado en la
búsqueda de soluciones que protejan los derechos fundamentales y cumplan con
los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Acompaña a este
comunicado un Anexo con las Observaciones Preliminares de la CIDH sobre la
situación de los derechos humanos en México. La Comisión elaborará y aprobará
un Informe de País, el cual será publicado durante el primer semestre del año
2016.
Finalmente, la Comisión recuerda que es inaceptable
cualquier tipo de represalia o estigmatización que emprenda un Estado motivada
por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los
órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos
convencionales. El artículo 63 del Reglamento de la CIDH establece que los
Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que
concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión
informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden
“enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos
o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la
Comisión”
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana
tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región
y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada
por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de
la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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