* Hace 15 días tuvo a su bebé
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
“Levantan” a la periodista Anabel Flores Salazar en su
domicilio en Puerta Grande, en el municipio de Orizaba, Veracruz, la madrugada
del lunes 8 de febrero, personas vestidas de militares, con pasamontañas, y cascos, en tres camionetas,
denunciaron familiares de la periodista y descartaron que ella tuviera relación
con delincuentes.
En comunicado de prensa, la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Veracruz, intentó criminalizar a la periodista al mencionar que “se
agotan todas las líneas y se indagan todos los probables vínculos de la
reportera, como el del 30 de agosto de 2014 en Acultzingo, cuando se encontraba
en compañía de Victor Osorio Santacruz, alias ‘El Pantera’, que fue detenido en
ese momento por elementos del Ejército Mexicano debido a sus probables nexos
con un grupo de delincuencia organizada.
Sandra Luz Salazar descartó que la reportera tenga relación
con delincuentes, y refirió que es mentira lo que la fiscalía boletinó, pues el
hecho al que hace referencia fue una ocasión que su familia comía para festejar
un cumpleaños, cuando al restaurante llegaron militares, hicieron un operativo,
pero nunca supieron de quién se trataba a las personas que detuvieron.
Los familiares pidieron se dé con el paradero de la
reportera, que llevaba trabajando en el periodismo hace seis años.
La versión de Sandra Luz
Salazar, pariente de la reportera, es que el lunes en la madrugada
llegó su hermano a la casa donde todos
viven, incluyendo Anabel, el venia de un baile, cuando vio que se bajaron de
una camioneta policías estatales diciéndole que era una revisión de rutina, les
indicó que no tenía el nada que ocultar, entró a la casa lo empujaron y se
metieron.
“No tocaron nada, fueron al primer cuarto y vieron que no
estaba Anabel, subieron las escaleras, entraron al cuarto de mi otra hermana y
de ahí se fueron al cuarto de Anabel y se la llevaron, la jalaron de los pies,
ella les pidió que no la lastimaran porque acabó hace 15 días de tener un
bebé”.
Los familiares salieron
de la casa y anotaron las placas de tres camionetas color gris en las
que se la llevaron, después fueron al
cuartel militar Miguel Hidalgo de Orizaba donde preguntaron si estaba ahí,
luego a la Inspección de Policía y les dijeron que no la tenían.
Decidieron entonces llamar al 066, y acudieron a la fiscalía
a poner la denuncia correspondiente a las 02:00 horas, no encontraron a nadie
porque el personal había salido a atender un asunto al hospital del Instituto
Mexicano del Seguro Social y a las 03;00 horas se tomó la declaración a los
familiares.
Solicita CNDH medidas cautelares
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó
a la Fiscalía General y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de
Veracruz la implementación de medidas cautelares en favor de la reportera
Anabel Flores Salazar y de su familia, con la finalidad de prevenir hechos de
difícil o imposible reparación al derecho a la seguridad e integridad personales.
Dicha acción forma parte del mecanismo “Alerta 6”, puesto en
marcha el 1 de enero de este año, para prevenir, atender y dar seguimiento a
las agresiones cometidas en contra de los periodistas, el cual aplica la CNDH
en coordinación con sus 16 Oficinas Foráneas, con los organismos públicos de
derechos humanos y con las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Mediante sendos oficios dirigidos al Fiscal General del
Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, y al Secretario de Seguridad
Pública de la entidad, Arturo Bermúdez Zurita, suscritos por el Quinto
Visitador General de la CNDH, Édgar Corzo Sosa, se les hace saber que dicha
solicitud tiene su fundamento en los artículos 3, 6, fracción II y 40 de la Ley
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 116, 117 y 118 de su
Reglamento Interno, para conservar y proteger a las personas beneficiarias el
goce de su derechos fundamentales.
Dado que este Organismo Nacional tiene como objetivo
primordial salvaguardar los derechos humanos, se solicita a dichas autoridades
girar instrucciones para realizar, con prontitud y diligencia, las actividades
necesarias para ubicar el paradero de la periodista y se le respeten sus
derechos, así como brindar protección suficiente y necesaria a sus familiares y
a las instalaciones de El Sol de Orizaba y El Buen Tono, medios informativos
para los que labora.
La CNDH considera que, en este caso, se cumplen los
requisitos para la emisión de medidas cautelares, como son el riesgo, urgencia
e irreparabilidad del daño.
En cuanto al primero, tanto la periodista como su familia
enfrentan esa situación, pues se desconoce su paradero y el motivo de la
supuesta privación de la libertad, por lo que está expuesta a otro tipo de
agresión.
La información y el contexto de los hechos indican que
existen riesgos o amenazas de carácter inminente que pueden materializarse, por
lo que se cumple con la urgencia, en tanto que la irreparabilidad del daño se
refiere a la probabilidad de que se cause una afectación a las personas, que no
pueda ser susceptible de reparación, sin que sus derechos puedan ser
rescatados, preservados o restituidos con una medida posterior al daño causado.
Esta Comisión Nacional conoció, mediante notas
periodísticas, que la madrugada de este lunes la reportera fue privada de la
libertad en su domicilio, ubicado en el Municipio de Mariano Escobedo, del
Estado de Veracruz, por un grupo de hombres armados, desconociéndose hasta el
momento su paradero.
También exigió la presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos, del Senado de la República, Angélica de la Peña Gómez, que el gobierno
de Veracruz agote todos los recursos a fin de localizar a Anabel Flores Salazar
con vida así como detener y sancionar a los responsables de su desaparición.
Comentó que en el Senado se impulsarán las acciones
necesarias para abatir la impunidad que hoy prevalece en todo el país e inhibir
con ello el principal incentivo que favorece la comisión de crímenes contra
periodistas, pues la omisión de autoridades, especialmente estatales, para
investigar agresiones se constata en cada caso que atiende el Mecanismo de
Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Ante este panorama, “es obvio que ni la Secretaría de
Seguridad Pública, ni la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas y tampoco la Fiscalía General del Estado, han implementado las
medidas adecuadas y efectivas para garantizar la vida, integridad y libertad para ejercer su profesión a las y
los periodistas en Veracruz”.
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