Editorial del semanario Desde la Fe
De la Arquidiócesis Primada de México
El sureste mexicano padece rezagos ancestrales que se
acentúan conforme pasa el tiempo y las elecciones se avecinan. Chiapas es el
caso más lamentable de pobreza, olvido y marginación polarizada por conflictos
añejos, que toma fuerza cada fin de sexenio. Los más vulnerables son los
sencillos, la gente humilde que anhela vivir en paz, mientras otros se
enriquecen sin límite.
El pasado 28 de noviembre, el Consejo Presbiteral de la
Diócesis de San Cristóbal de las Casas, encabezado por el obispo emérito Mons.
Felipe Arizmendi Esquivel, denunció las condiciones “de verdadero terror” en la
zona de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó. Cinco mil indígenas
abandonaron sus hogares para salvar la vida. De acuerdo con el organismo
diocesano, desde 1973, por errores atribuidos a la Secretaría de la Reforma
Agraria, se suscitaron disputas territoriales. Desde entonces, no hay seguridad
jurídica en esas comunidades. La grave denuncia es que ni las fuerzas armadas o
policiacas han podido hacer frente a la situación que ya se califica como de
desastre en Chiapas.
La reacción fue inmediata. La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) emitió una serie de recomendaciones a la Secretaría de
Gobernación, basándose en las declaraciones y testimonios del clero diocesano
sobre las condiciones de los miles de desplazados chiapanecos: no cuentan con
alimentos ni atención médica; no hay elementos necesarios para la subsistencia
más elemental. Esta situación es aún más grave considerando que las personas
desplazadas, según la información recabada por la CNDH, son mujeres
embarazadas, menores de edad y personas mayores sin refugio y a merced de las
bajas temperaturas de la región.
Estas inclemencias ya cobraron la vida de cuatro niños que
no deberían haber muerto de hambre y frío. Según Mons. Arizmendi, la situación
se recrudece; sin embargo, el problema no ha tenido solución a pesar de las
solicitudes de mediación y pronta solución. El obispo emérito señaló en
entrevista a medios que el conflicto viene arrastrando “desde hace más de 40
años”, y que está teniendo similitudes con la crisis de Acteal, recordada por la
salvaje matanza ocurrida hace 20 años, el 22 de diciembre de 1997.
El grave problema de los desplazados llega a dimensiones que
dejan descubrir lo que es un vicio arraigado y perpetuo, y que perjudica a los
más pobres: la ausencia del estado de derecho, fortalecida por los manejos de
poderosos con oscuros intereses desmedidos. No importa que para conseguirlos se
pierdan vidas humanas.
Los signos apuntan a la obtención del poder ante la
proximidad de comicios. El 1 de enero de 1994, la región vio un levantamiento
armado que fue el crudo despertar de un año donde la tecnocracia y el
neoliberalismo fueron sacudidos ante una realidad ignorada por décadas. Hoy la
cosa no es mejor, viene empeorándose, las denuncias de la diócesis así lo
indican cuando grupos ilegales “están obteniendo más armas y aumentan sus
amenazas. Es imprescindible su contención, desarme y procesamiento judicial,
para garantizar la desactivación de las causales del desplazamiento forzado”.
Este Estado del sureste mexicano es un foco rojo encendido
que requiere atención inmediata. Las soluciones se han propuesto. No obstante,
esto parece aplazarse cuando Chiapas comienza el proceso electoral para renovar
el cargo de gobernador del estado el año entrante, junto con la elección
federal para la Presidencia de la República. A decir de Mons. Felipe
Arizmendi, “lamentablemente ya todos andan
buscando qué les va a tocar en el siguiente puesto, en la siguiente elección, y
ya lo que menos les importa son las matanzas entre el propio pueblo”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario