* La ley "carece de mecanismos sólidos de control", afirma una decena de expertos de la ONU en DDHH
Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ
De Arcano Político
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| Zeid Ra´ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Foto: UN Photo/Rick Bajornas. |
Para el priista mexiquense César Octavio Camacho Quiroz, la
Ley de Seguridad Interior “es una ley correcta, es una ley que da certeza a las
Fuerzas Armadas”. Para el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de la ONU, carece de las garantías adecuadas contra el uso
ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.
Sin embargo, el gobernador designado en 1995 en sustitución
de Emilio Chuayffet Chemor, afirma en un comunicado del domingo 17 de diciembre
que esa Ley está acorde con el derecho convencional y con los tratados e
instrumentos internacionales de los que México forma parte, destacó en un
comunicado el líder parlamentario.
Y con la premisa de los abuelos de palo dado ni Dios lo
quita, se jacta de que una vez que entre en vigor, podrá ser sometida a los
análisis jurídicos a que haya lugar”. La Ley fue aprobada por el Congreso el viernes
15 de diciembre y remitida al Ejecutivo federal para su promulgación.
No se necesita tanto tiempo para observar la cínica defensa
de un aberrante instrumento que legaliza el golpe de mano para instituir una
dictadura. La ley "carece de mecanismos sólidos de control", afirma
una decena de expertos de la ONU en Derechos Humanos.
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| Los buenos muchachos que secuestran a un país. Foto de archivo. |
Experto en el arte de la mentira disfrazada de política,
Camacho Quiroz sostiene que “es una ley correcta, es una ley que da certeza a
las Fuerzas Armadas y que, una vez que entre en vigor, podrá ser sometida a los
análisis jurídicos a que haya lugar”.
Los expertos de la ONU son precisos: No prevé que haya
supervisión civil de las actividades de inteligencia y categoriza toda la
información que recaben esas agencias como de Seguridad Nacional lo que
"la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio
público".
"Más de una década después de que las fuerzas armadas
fueran desplegadas en la llamada guerra contra la droga, la violencia no ha
disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando
violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas", afirmó Zeid en un comunicado.
Sin embargo, el mexiquense asume la voz de los disciplinados
priistas que, dijo, están convencidos de la constitucionalidad de dicho
ordenamiento y aclaró que las reformas hechas por el Senado de la República a
la minuta que le fue remitida por la Cámara de Diputados, no tienen
implicaciones de fondo e incluso le agregó un artículo transitorio y nada de
ello cambia el espíritu original de la ley.
Opinan distinto los expertos: Considera que hay precedentes
que justifican la preocupación con la que ven la ley. "Podría provocar la
repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se
asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la
criminalidad”, señalan.
Si los expertos de la ONU y otros organismos mundiales, de
organizaciones nacionales encabezadas por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, advierten de que se legaliza la grave violación de las garantías
individuales, de donde piensa el mexiquense al servicio de Enrique Peña Nieto,
que la Ley de Seguridad Interior tiene consistencia constitucional, protege los
derechos humanos y es acorde con el derecho convencional, por lo tanto, es una
ley viable que ofrece certeza al Ejército Mexicano, a la Armada de México y a
la Policía Federal en sus acciones de seguridad pública.
Parece que su doctorado en derecho centrado en cuestiones de
salud, es una credencial insuficiente y en cambio, su trayectoria política de
sumisión a los intereses económicos de los dueños del Estado de México, con
suficientes para rechazar la agresión a la inteligencia de los mexicanos, al querer
hacernos creer los que no es cierto.
Los que le cuestiona son:
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Sr. Joe
Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; el Sr. Michel
Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos
humanos; la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Sr. Pablo de Greiff, Relator
Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las
garantías de no repetición; y el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la
promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Los Grupos de Trabajo y Relatores Especiales forman parte de
lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos
Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos
independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre
general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos
Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas
en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de
manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su
labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a
título individual.
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