lunes, 18 de diciembre de 2017

Infructuosa defensa de Camacho del golpe de mano con Ley de Seguridad Interior

* La ley "carece de mecanismos sólidos de control", afirma una decena de expertos de la ONU en DDHH


Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ
De Arcano Político


Zeid Ra´ad Al Hussein, Alto Comisionado de
la ONU para los Derechos Humanos.
Foto: UN Photo/Rick Bajornas.
Para el priista mexiquense César Octavio Camacho Quiroz, la Ley de Seguridad Interior “es una ley correcta, es una ley que da certeza a las Fuerzas Armadas”. Para el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, carece de las garantías adecuadas contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.

Sin embargo, el gobernador designado en 1995 en sustitución de Emilio Chuayffet Chemor, afirma en un comunicado del domingo 17 de diciembre que esa Ley está acorde con el derecho convencional y con los tratados e instrumentos internacionales de los que México forma parte, destacó en un comunicado el líder parlamentario.

Y con la premisa de los abuelos de palo dado ni Dios lo quita, se jacta de que una vez que entre en vigor, podrá ser sometida a los análisis jurídicos a que haya lugar”. La Ley fue aprobada por el Congreso el viernes 15 de diciembre y remitida al Ejecutivo federal para su promulgación.

No se necesita tanto tiempo para observar la cínica defensa de un aberrante instrumento que legaliza el golpe de mano para instituir una dictadura. La ley "carece de mecanismos sólidos de control", afirma una decena de expertos de la ONU en Derechos Humanos.

Los buenos muchachos que secuestran a un país.
Foto de archivo.
Experto en el arte de la mentira disfrazada de política, Camacho Quiroz sostiene que “es una ley correcta, es una ley que da certeza a las Fuerzas Armadas y que, una vez que entre en vigor, podrá ser sometida a los análisis jurídicos a que haya lugar”.

Los expertos de la ONU son precisos: No prevé que haya supervisión civil de las actividades de inteligencia y categoriza toda la información que recaben esas agencias como de Seguridad Nacional lo que "la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público".

"Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra la droga, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas", afirmó Zeid en un comunicado.

Sin embargo, el mexiquense asume la voz de los disciplinados priistas que, dijo, están convencidos de la constitucionalidad de dicho ordenamiento y aclaró que las reformas hechas por el Senado de la República a la minuta que le fue remitida por la Cámara de Diputados, no tienen implicaciones de fondo e incluso le agregó un artículo transitorio y nada de ello cambia el espíritu original de la ley.

Opinan distinto los expertos: Considera que hay precedentes que justifican la preocupación con la que ven la ley. "Podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad”, señalan.

Si los expertos de la ONU y otros organismos mundiales, de organizaciones nacionales encabezadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advierten de que se legaliza la grave violación de las garantías individuales, de donde piensa el mexiquense al servicio de Enrique Peña Nieto, que la Ley de Seguridad Interior tiene consistencia constitucional, protege los derechos humanos y es acorde con el derecho convencional, por lo tanto, es una ley viable que ofrece certeza al Ejército Mexicano, a la Armada de México y a la Policía Federal en sus acciones de seguridad pública.

Parece que su doctorado en derecho centrado en cuestiones de salud, es una credencial insuficiente y en cambio, su trayectoria política de sumisión a los intereses económicos de los dueños del Estado de México, con suficientes para rechazar la agresión a la inteligencia de los mexicanos, al querer hacernos creer los que no es cierto.

Los que le cuestiona son:

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Sr. Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Sr. Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición; y el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.


Los Grupos de Trabajo y Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

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