* Evidenció la muerte de 28 internos y 22 heridos en el motín de Acapulco
* Recomendación de la CNDH al “tequilero” Astudillo Flores
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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| Recomendación de la CNDH al tequilero Astudillo. Foto de archivo. |
La muerte de 28 internos y 22 personas lesionadas como
consecuencia de una riña en el Centro Regional de Reinserción Social (CERERESO)
de Acapulco, el pasado 6 de julio, derivó en la Recomendación 69/2017 emitida
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dirigida al
Gobernador de Guerrero, el “tequilero” priista Héctor Antonio Astudillo Flores.
Se recuerda que el 16 de diciembre de 2016 el priista acudió
a exigir al grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan, la liberación de la
madre del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte El Tequilero, secuestrada como
intercambio por el contratista plagiado, Isauro de Paz Duque, y que puso en
evidencia la protección del mandatario al grupo criminal.
Ahora, en el motín del penal acapulqueño, los hechos
violentos evidenciaron las anomalías e irregulares condiciones que imperan en
ese Centro, como sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno e inadecuada
clasificación, así como insuficiencia de personal, lo que impide privilegiar y
resguardar el orden y tranquilidad e imposibilita el pleno respeto de los
derechos humanos al trabajo, a la capacitación para el mismo, a la educación,
salud y deporte, convirtiéndose en obstáculos para la reinserción social
efectiva de los internos.
Producto de su investigación, la CNDH observó igualmente
falta de control de las autoridades, existencia de privilegios y cobros por
servicios, lo cual genera un ambiente propicio para la proliferación de actos
violentos y de corrupción, en los cuales es evidente la participación de
internos y personal del servicio público.
Esta Comisión Nacional considera que esta situación pone de
manifiesto el incumplimiento a la obligación del Estado de asegurar y
garantizar los derechos humanos de todas las personas, en específico de quienes
están privadas de la libertad. Por su condición de reclusión, la autoridad
penitenciaria, al encargarse de su custodia, asume su calidad de garante y en
este caso no se tomaron las medidas que permitieran resguardar la vida e
integridad de la población interna.
Por lo anterior, la CNDH solicita al Gobernador de Guerrero
tomar medidas conducentes para que, en un plazo razonable, se diseñe un programa
integral con estrategias y acciones que permitan –funcional, material y
presupuestalmente— consolidar en esa entidad un sistema penitenciario
respetuoso de los derechos humanos, así como instruir que, en términos de la
Ley de Víctimas del Estado de Guerrero, se brinde, en su caso, atención
psicológica a los familiares de los internos fallecidos y a los lesionados.
También, que las autoridades penitenciarias y sus
corresponsables tomen en cuenta las observaciones en los Diagnósticos
Nacionales de Supervisión Penitenciaria y en la Recomendación del Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura, así como que formulen una política
pública integral –a partir de evaluar las necesidades de infraestructura,
mantenimiento y equipamiento, mientras se cuenta con un nuevo centro de
reclusión— y se asignen los recursos presupuestales, materiales y humanos para
garantizar a los internos una estancia digna y segura, evitando sobrepoblación
y hacinamiento.
Además de realizar la clasificación penitenciaria con base
en criterios de las normas nacionales e instrumentos internacionales, deberán
diseñarse programas para erradicar autogobierno; contar con equipo y tecnología
para detectar sustancias y objetos prohibidos; asignar suficiente personal de
seguridad y custodia, capacitado en derechos humanos y control de disturbios,
riñas, motines y otros hechos violentos.
Deberá, igualmente, colaborar con la CNDH en la presentación
de la queja y denuncia que promueva ante la Unidad de Contraloría y Asuntos
Internos de Seguridad Pública y en la Fiscalía General del Estado,
respectivamente, para que investiguen y se deslinden responsabilidades
administrativas y penales.
La Recomendación 69/2017 ya fue debidamente notificada a su
destinatario y puede consultarse en la página www.cndh.org.mx
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