* Declaración conjunta de expertos de las Naciones Unidas y regionales
* En víspera de que concluya en Puerto Vallarta reunión preparatoria de Pacto migratorio
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Jose Brillantes,
Presidente del Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) |
Genera la migración mundial: la violencia, la desigualdad y
la pobreza, la discriminación, el cambio climático y los desastres naturales, el
mercado laboral, y las necesidades de reunificación familiar, advirtieron
simultáneamente este miércoles 6 de diciembre en Ginebra, Bajun y Washington, 6
relatores de organismos internacionales.
En 2015 se estimaba que habían aproximadamente 244 millones
de personas migrantes internacionales en el mundo, lo que representaba el 3.3%
de la población global y un aumento del 41% del número total de personas
migrantes en el mundo en el 2000.
A diario, muchas personas migrantes –especialmente las
personas migrantes en situación irregular y en necesidad de protección
internacional – se encuentran en una situación especial vulnerabilidad y están
más expuestas a abusos y a violaciones a sus derechos humanos.
Las y los expertos expresan su preocupación debido a que la
respuesta en varias partes del mundo hacia la migración irregular en los
últimos años ha estado caracterizada por un discurso y una política de
securitización, represión y disuasión, con el objetivo central de proteger las
fronteras a partir de la construcción de muros, el uso de la violencia, la
detención y deportación de personas migrantes sin que haya una suficiente
identificación de sus necesidades individuales de protección, y la
externalización del control fronterizo más allá de las fronteras territoriales
hasta alta mar e incluso en terceros países.
Renate Winter,
Presidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. |
A horas de que concluya en Puerto Vallarta la reunión
preparatoria para el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Legal,
con la ausencia de Estados Unidos que se retiró del instrumento, firmaron la
declaración conjunta los expertos de las Naciones Unidas y regionales.
Ellos son:
Jose Brillantes, Presidente del Comité de Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU); Sra. Renate Winter, Presidenta del
Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Sr. Felipe González, Relator
Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU; Sra. Agnes
Callamard, Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o
Arbitrarias de la ONU, Sr. Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrantes
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de
los Estados Americanos (OEA); y la Sra. Maya Sahli Fadel, Relatora Especial
sobre los Refugiados, los Solicitantes de Asilo, los Desplazados Internos y los
Migrantes de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP)
de la Unión Africana (UA), reconocen la importancia de incorporar los
principios de derechos humanos, perspectiva de género y responsabilidad
compartida en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Legal, que
será adoptado en 2018.
Felipe González,
Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU |
A pesar de estos esfuerzos para disuadir y detener la
migración, las personas seguirán cruzando fronteras siempre que sigan
existiendo los factores de expulsión y atracción de la migración, como lo son
la violencia; la desigualdad y la pobreza; la discriminación; el cambio
climático y los desastres naturales; las necesidades del mercado laboral, ya
sea formal o informal, en los países de destino; así como las necesidades de
reunificación familiar. Esto es una realidad que deriva de la condición
inherente de los seres humanos que siempre ha caracterizado a la migración. El
Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Legal representa una
oportunidad para los Estados de cambiar de manera conjunta el paradigma actual
que criminaliza la migración por uno basado en derechos humanos, reconociendo
que las personas migrantes no son criminales ni pueden ser “ilegales”, sino que
son sujetas de derechos humanos. En este sentido, el Pacto Mundial debe afirmar
que los derechos humanos no son derechos de ciudadanía, sino que son inherentes
a todas las personas, lo que incluye a personas migrantes, independientemente
de que se encuentren en situación irregular. Asimismo, el Pacto Mundial debe
afirmar que los movimientos migratorios y de personas refugiadas que
actualmente se enfrentan en varias partes del mundo son una responsabilidad
compartida que requieren respuestas internacionales.
Agnes Callamard, Relatora Especial
sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU |
En este sentido, las y los expertos observan que es
necesario realizar compromisos y acciones concretas para un Pacto Mundial para
una Migración Segura, Ordenada y Legal basado en derechos humanos. Sobre esta
situación, las y los expertos recomiendan los siguientes compromisos
ejecutables para que sean implementados en un marco de cooperación y
responsabilidad compartida:
Atender y prevenir los factores de expulsión y atracción
para la migración a través de las fronteras, incluyendo la pobreza, desigualdad,
violencia, gobernanza deficiente, necesidades laborales oficiales o no
oficiales, reunificación familiar, megaproyectos, cambio climático y desastres
naturales.
Llamar a los Estados y otros actores a realizar estudios
sobre cambio climático y desastres naturales con la finalidad de apoyar la
adopción de medidas, herramientas y guías nacionales y regionales apropiadas,
incluyendo estrategias de respuesta para los países, planes de contingencia y
respuestas integradas para la gestión de riesgo de desastres y programas de
visas humanitarias.
Luis Ernesto Vargas
Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) |
Llamar a los Estados a ratificar tratados regionales e
internacionales en materia de derechos humanos, especialmente la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares, y aceptar la competencia del Comité para
considerar comunicaciones individuales que aleguen violaciones a derechos
reconocidos en la Convención, así como la ratificación de tratados regionales,
tales como la Carta Africana sobre
Derechos Humanos y de los Pueblos y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
Expandir canales regulares, seguros, accesibles y asequibles
de la migración a través de la progresiva expansión de la liberalización de
visas, así como regímenes de facilitación de visas de fácil acceso y/o medidas,
tales como protección complementaria, protección temporal, visas humanitarias,
visas para visitantes, reunificación familiar, visas de trabajo, residencia,
jubilación y estudiantes, así como programas de patrocinio privado.
5. Adoptar medidas dirigidas a garantizar el apoyo
internacional y la responsabilidad compartida en el rescate, recepción y
alojamiento en casos de grandes movimientos migratorios internacionales. En
este sentido, los Estados deben establecer mecanismos internacionales de
múltiples partes interesadas para fortalecer y coordinar operaciones de
búsqueda y rescate, investigación y protocolos forenses, tratamiento digno de
los restos de fallecidos, identificación y localización de familias mediante el
intercambio seguro de información ante mortem, post mortem y ADN.
Respetar las obligaciones de derechos humanos en los puntos
fronterizos en concordancia con el derecho a buscar y disfrutar del asilo, el
principio de la no devolución (non-refoulement) y la prohibición de expulsiones
arbitrarias y colectivas. En ese sentido, los Estados deben implementar
mecanismos que permitan la identificación de personas con necesidades de
protección internacional, incluyendo a las personas que pueden encontrarse en
una situación de vulnerabilidad o que tengan necesidades especiales de
protección.
Asegurar que la detención de personas migrantes sea siempre
una medida de último recurso; utilizada únicamente de acuerdo con los
principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad; caso por caso,
considerando situaciones particulares de vulnerabilidad; y utilizada por el
menor tiempo posible. En este sentido, los Estados deberían considerar
prioritariamente el uso de alternativas a la detención y terminar progresivamente
con su uso. Finalmente, los Estados deben garantizar que los niños y sus padres
nunca sean detenidos por motivos migratorios.
Asegurar que niños, niñas y adolescentes que enfrentan
procedimientos migratorios sean tratados como niños en primer lugar, independientemente
de su nacionalidad o situación migratoria. Los principios de no discriminación,
interés superior del niño, niña o adolescente, derecho a la vida, supervivencia
y el desarrollo, y el derecho a ser escuchado y participar en los procedimientos,
entre otros, deben ser los principios rectores de cualquier política de
migración a nivel local, nacional o regional y global. Los Estados deben
asegurar que las políticas, leyes y prácticas nacionales y regionales cumplan
con las normas y estándares destacados recientemente en los dos comentarios
generales conjuntos del Comité para la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y sus Familiares y el Comité sobre la Derechos del
Niño sobre los los principios generales relativos a los derechos humanos de los
niños en el contexto de la migración internacional y sobre las obligaciones
estatales relativas a los derechos humanos de los niños en el contexto de la
migración internacional en los países de origen, tránsito, destino y retorno;
así como la Opinión Consultiva 21/14 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre los derechos y garantías de los niños en el contexto de la
migración y / o en necesidad de protección internacional.
Garantizar el acceso igualitario a la justicia para las
personas migrantes, incluyendo la justicia transfronteriza para violaciones a
derechos humanos en condiciones justas, efectivas y accesibles para las
personas migrantes y sus familiares. Los Estados están obligados a prevenir
acciones que violen derechos humanos y asegurar que puedan acceder al sistema
formal de justicia sin miedo a la detección, detención y deportación, realizar
investigaciones efectivas, enjuiciar y, según corresponda, sancionar a los
autores de tales violaciones. Adicionalmente, los Estados deben responder de
manera efectiva a las situaciones de muertes masivas de personas migrantes en
tránsito y en las zonas fronterizas, incluyendo las siguientes acciones:
investigaciones de todos los casos de muertes y desapariciones, así como de
personas migrantes en fosas comunes, con la cooperación de las autoridades de
todos los Estados involucrados. Del mismo modo, las personas migrantes deben
recibir justicia y reparación integral por cualquier daño causado.
Reconocer el impacto positivo de las personas migrantes en
el desarrollo y la prosperidad a nivel local, nacional, regional y global,
impactando, entre otras cosas, en la generación de empleo.
Reconocer y garantizar los derechos humanos de las personas
migrantes, incluyendo derechos laborales, acceso a servicios de salud,
educación y registro de nacimientos, acceso a la justicia y debido proceso y no
discriminación.
Implementar medidas para promover la integración social y la
resiliencia de las personas migrantes, particularmente garantizando sus
derechos económicos, sociales y culturales. Para promover su integración, los
Estados deberían tomar medidas afirmativas, como campañas educativas y de
sensibilización destinadas a promover sociedades multiculturales, a celebrar la
diversidad y contrarrestar la discriminación, la xenofobia y el discurso de
odio.
Las y los expertos reafirman la gran oportunidad que
presenta la reunión preparatoria del Pacto Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular en Puerto Vallarta, México, para garantizar un enfoque
basado en derechos humanos y para reconocer la necesidad de un compromiso real
por parte de los Estados y otros actores hacia el reconocimiento de las
personas migrantes como titulares de derechos. Asimismo, para garantizar la
eficacia del Pacto Mundial, las y los expertos hacen un llamado a los
redactores del mismo para garantizar que
se proporcionará un marco normativo e institucional para la migración
fuerte, basado en los derechos humanos, dentro del marco de Naciones Unidas y
que incorpore medidas para el seguimiento, mecanismos de rendición de cuentas,
supervisión y evaluación para su implementación, con la colaboración y el
asesoramiento técnico de organizaciones de la sociedad civil, regionales e
internacionales.
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