Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ
De Arcano Político
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| El justificar de la próxima dictadura. Foto de archivo. |
Aprobaría el Senado el martes 5 de diciembre, la
instrumentación de la dictadura militar en México, al conceder al Poder Ejecutivo
Federal facultades extraordinarias para ordenar, de manera discrecional, la
movilización de las Fuerzas Armadas y aplicar condiciones de excepción a la
convivencia democrática entre la sociedad mexicana.
Es una de las 8 observaciones en la Ciudad de México este
lunes 4 de diciembre, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras que
a los relatores de derechos humanos de la ONU y la OEA les preocupa la
legalización de ejecuciones militares extrajudiciales y la cancelación de la
libertad de expresión.
Con retórica cínica, asume una posición de testaferro de su
paisano Enrique Peña Nieto, el mexiquense César Octavio Camacho Quiroz, coordinador
de los diputados del PRI, para justificar la aplanadora que aprobó el 30 de
noviembre en la Cámara Baja, la llamada Ley de Seguridad Interior.
Dijo que el Estado mexicano debe ejercer mecanismos eficaces
de sanción, cuando los derechos de la libre expresión sean vulnerados: “Es
propio de un Estado democrático que haya libertades y que éstas, no sólo sean
declarativas, que las libertades se puedan ejercer y frente a esto se requiere
una actitud respetuosa”.
Este lunes, 39 medios de comunicación mexicanos presentaron
y firmaron un desplegado contra la violencia hacia periodistas. Entre los
firmantes destacan El Universal, Televisa, TV Azteca, El Debate, El Financiero
Grupo Fórmula, Imagen, Milenio, Proceso, La Jornada, Ríodoce, etc.
El desplegado, bajo el nombre de “Basta ya”, menciona
acuerdos para desarrollar una estrategia y constituir un “Grupo de Trabajo”, a
fin de delinear acciones y campañas para prevenir la violencia contra
periodistas y medios de comunicación.
En tanto, la tarde noche de este lunes 4 de diciembre, ante
la inminente discusión de la propuesta de ley en materia de Seguridad Interior
en el Senado de la República, dentro del proceso legislativo que se sigue para
su eventual aprobación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formula el
siguiente
POSICIONAMIENTO
* La relevancia de las tareas que las Fuerzas Armadas llevan
a cabo, desde hace más de diez años, como consecuencia de la crítica situación
de violencia e inseguridad que ha enfrentado nuestro país, derivada de las
actividades ilícitas vinculadas a organizaciones criminales, ha propiciado que
se plantee la conveniencia de emitir una ley en materia de Seguridad Interior
como una vía para dar mayor sustento jurídico a tales tareas y proporcionar
mayor certidumbre a las relaciones que se presenten entre autoridades y
gobernados en este contexto.
* Si bien la emisión de un instrumento normativo en materia
de Seguridad Interior podría explicarse en el contexto del abatimiento de la
violencia, del combate a la inseguridad y el desarrollo de actividades
ilícitas, lo cierto es que la propuesta de Ley cuya aprobación se plantea
trasciende, por mucho, el ámbito estrictamente vinculado a la seguridad de las
personas, generando el riesgo potencial de que pueda aplicarse
discrecionalmente a cualquier tipo de actividad humana, en tanto la misma sea
calificada de riesgo a la Seguridad Interior, sin que existan parámetros
objetivos para ello.
* En este sentido, la aprobación de la propuesta de ley en
los términos en que se presenta, genera la posibilidad de que se vulneren
derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos,
además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre
instituciones, órganos del Estado y Poderes, al conceder al Poder Ejecutivo
Federal facultades extraordinarias para ordenar, de manera discrecional, la
movilización de las Fuerzas Armadas y aplicar condiciones de excepción a la
convivencia democrática entre la sociedad mexicana.
* Como este Organismo Nacional lo ha señalado, en el ámbito
del reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos, los
potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión son múltiples y
de diversa gravedad. Tan sólo por mencionar algunos, se podrían referir desde
las imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional
con la Seguridad Interior; una definición sumamente amplia y ambigua de
Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta
como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una
facultad discrecional genérica; la imposición de una reserva absoluta sobre la
información que se genere lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de
transparencia; la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de
cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de
investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos
de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las
autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito.
* La emisión de una ley de seguridad interior en los
términos que se plantean contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al
favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una
estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de
lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los
distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y
capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera
exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del
artículo 21 Constitucional, Más que atender las causas de la violencia y de la
inseguridad en un contexto de prevención, se estaría privilegiando un enfoque
reactivo sustentado en el uso de la fuerza como la vía para recuperar la
convivencia social pacífica en nuestra sociedad.
* Esta Comisión Nacional ha insistido en que los problemas
de seguridad y justicia que nuestro país enfrenta se deben abordar bajo un
esquema amplio, en el que se traten de manera conjunta e integrada la parte
procedimental del Sistema de Justicia Penal, junto con la estructura y esquema
de procuración de justicia, para concretar de manera pertinente el cambio de la
actual Procuraduría General de la República a una Fiscalía General autónoma,
independiente y eficaz, así como determinar el tipo de policía que asumirá
sustantivamente las tareas vinculadas a la seguridad pública, precisando los modelos
bajo los cuales se daría su operación. Conclusiones similares han sido
expresadas por expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y
constan en documentos tales como el Informe Preliminar de la Consulta Nacional
sobre el Modelo de Procuración de Justicia, elaborado por el CIDE, el INACIPE y
el IIJ de la UNAM, presentado el mes pasado.
* La necesidad de que se emita una ley sobre seguridad
interior, así como el alcance y contenido que, en su caso, debería tener la
misma, no pueden ser producto de decisiones coyunturales o políticas. Tal y
como este Organismo Nacional lo ha expresado de manera reiterada, sus
contenidos deben ser respetuosos de la dignidad humana, del marco jurídico
vigente en el país y encuadrarse dentro de una política integral que incida
positivamente en los problemas de seguridad y justicia que enfrentamos.
* Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos formula un respetuoso llamado a las señoras y señores que integran el
Senado de la República, para que con responsabilidad y plena conciencia sobre
las repercusiones que tendrán sus actos, hagan un examen objetivo y detallado
de la propuesta de Ley de Seguridad Interior al amparo de lo previsto por el
artículo 1º Constitucional y con estricto apego y al régimen competencial y de
atribuciones expresas que consagra nuestro máximo ordenamiento. Ningún acto de
autoridad puede contravenir o poner en entredicho las instituciones, libertades
y garantías que sustentan nuestro sistema democrático.
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