De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Preocupada en Washington, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), sobre el proyecto de ley sobre seguridad interior de
México que aprobará el Senado el martes 5 de diciembre después de haber sido
avalada por los diputados el jueves 30 de noviembre, desechandose las reservas
de la oposición.
Desde el análisis del organismo regional, el documento contiene
preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos. Según la
información recibida, este proyecto de ley significaría la normalización,
regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad
pública.
En la región, y específicamente en México, la experiencia
demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad
interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los
derechos humanos.
En su visita a México en 2015, la Comisión constató con
preocupación la presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad
ciudadana y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia, incluyendo
casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como
mayores niveles de impunidad.
La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las
Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos,
agudiza la preocupación de la Comisión.
En reiteradas ocasiones, la Comisión ha resaltado que es
fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como
función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas
Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en
cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su
entrenamiento y preparación.
La distinción entre las funciones que le competen a las
fuerzas armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional, y las que le
competen a las fuerzas policiales, como responsables exclusivas de la seguridad
ciudadana, resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el
diseño e implementación de esa política pública
La Comisión reitera que las obligaciones asumidas por los
Estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al crimen que
prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente.
Ésta debe garantizar a la población el efectivo ejercicio de
los derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la
violencia y el delito, incluido el crimen organizado.
En este sentido, es imperativo que el Estado mexicano
reafirme su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones
y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) y de organismos internacionales.
Por ello el Estado debe evitar la militarización de la
seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía, y
garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente.
La CIDH reitera la recomendación hecha a México en el
informe sobre la situación de derechos humanos en el país de “Desarrollar un
plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de
seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías
civiles” a la par con el fortalecimiento de la capacidades de la policía para realizar
tareas de seguridad pública.
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