De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Lisiaron a dos
jóvenes, elementos de la Policía Federal en la Ciudad de Lerdo, Durango, y se
quisieron victimizar para eludir su responsabilidad, documentó la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
Al acreditar que dos personas fueron víctimas del uso
excesivo de la fuerza y vulneración de su derecho al acceso a la justicia en su
modalidad de procuración de justicia, atribuido a elementos de la Policía
Federal en la Ciudad de Lerdo, Durango, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 58/2017, dirigida al Comisionado
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
Los hechos ocurrieron el 3 de febrero de 2013,
aproximadamente a las 17:30 horas, cuando 8 policías federales tripulaban sus
unidades sobre la calle Francisco Villa de la Colonia Credicasas, en dicha
ciudad, y según sus declaraciones observaron un vehículo circulando con exceso
de velocidad, conducido por un individuo acompañado de las víctimas, uno de
ellos de 15 años de edad, les ordenaron detenerse y el conductor hizo caso
omiso, y la persona que iba en la parte trasera disparó con un arma de fuego
contra los elementos policiales, quienes repelieron la agresión, lo que provocó
que el conductor perdiera el control y se impactara contra un muro de
contención, volcando sobre la calle Sinaloa, colonia Plácido Domingo.
Contrario a ello, de las evidencias que obtuvo este
Organismo Nacional se acreditó que los elementos policiales no agotaron los
medios lesivos para detenerlos y efectuaron disparos en contra del automotor
que ocupaban las víctimas, con trayectoria de afuera hacia el interior del
vehículo y de atrás hacia adelante, de ahí que las dos víctimas resultaran
lesionadas por disparo de arma de fuego, una de ellas con heridas que no ponen
en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días; la otra, con lesiones
que ponen en peligro la vida y pérdida de movilidad de ambas piernas.
El conductor huyó, quedando las dos víctimas lesionadas por
disparos de arma de fuego, lo que originó que los policías solicitaran una
ambulancia para llevarlos al hospital y derivado de tales hechos, cuatro
policías federales pusieron a los agraviados a disposición del Agente del
Ministerio Público Federal, 17 horas con 30 minutos posteriores a su detención.
Ese lapso de tiempo permitió a los elementos policiales
remitir el vehículo que tripulaban las víctimas a un corralón, no presentar las
unidades que conducían el día de los hechos, las armas que portaban, y que el AMPF
recabara las declaraciones ministeriales de otros cuatro policías para obtener
algún indicio que permitiera el esclarecimiento de los hechos, lo que implicó
que los datos de prueba que debieron formar parte de la investigación no se
hayan tomado en cuenta, o bien, al no ser advertidos, se afectó el
esclarecimiento de los hechos, lo que se traduce en una limitación al derecho a
conocer la verdad de las víctimas.
Por ello, la CNDH pide a la Comisión Nacional de Seguridad
reparar de forma integral el daño a las víctimas, en términos de la Ley General
de Víctimas, que incluya compensación atención psicológica, esta última también
a la madre del adolescente, así como atención médica a esteúltimo, e impartir
capacitación y formación al personal policial en materia de derechos humanos,
específicamente sobre los acuerdos A/002/10, A/06/2012, A/009/15, 04/2012,
05/2012 y el Protocolo de Actuación de la Policía Federal Sobre el Uso de la
Fuerza.
También deberá colaborar con la CNDH en la queja que
formulará ante la Unidad de Asuntos Internos de la PF en contra de dos
elementos de esa corporación por el uso excesivo de la fuerza contra las
víctimas, asimismo en contra de dos policías más con motivo de la dilación en
la puesta a disposición e irregularidades en la cadena de custodia. Finalmente
se deberá investigar a otros cuatro elementos por su intervención en los
hechos. Si la responsabilidad administrativa prescribió, la autoridad debe
agregar al expediente personal la resolución que, en su caso, así lo determine.
Además, colaborar en la integración de la carpeta de
investigación que se inicie con motivo de la denuncia de hechos que la CNDH
formule ante la Procuraduría General de la República contra dos de los
involucrados, e inscribir a los agraviados en el Registro Nacional de Víctimas,
y designar al servidor público que será enlace con esta Comisión Nacional para
dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación.
Esta Recomendación, que ya fue debidamente notificada a su
destinatario, puede consultarse en la página www.cndh.org.mx
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