De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
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| Envejeció México, pero ellos no necesitan el apoyo para la Tercera Edad, lo asacan del erario y negocios personales. |
México está envejeciendo, al pasar de 6.8 millones de
personas en 2006, a un estimado de casi 13 millones, lo cual representa cerca
del 10% de la población, dijo Luis Raúl González Pérez, presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la presentación este martes 19 de
febrero en la Ciudad de México, del informe especial sobre la situación de
losDerechos Humanos de las personas mayores.
Por considerarlo de interés, reproducimos el texto:
Ciudad de México, 19 de febrero de 2019
Buenos días a todas y todos ustedes.
Magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México;
Lic. Ismael Eslava Pérez, Primer Visitador General de la
CNDH;
Señora Ángeles Vera Fuentes, Presidenta del Comité de
Derechos Humanos Ajusco;
Lic. Cinthya González Téllez Girón, Coordinadora del
Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la CNDH;
Saludo la presencia de representantes de las organizaciones
de la sociedad civil, autoridades, academia, así como de instituciones públicas
y privadas, quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a mejorar las
condiciones de vida de las personas mayores.
Señoras y señores:
México está envejeciendo y no estamos preparados para ello.
Las personas mayores son uno de los sectores de la sociedad, cuyas condiciones
y características, los colocan en un mayor estado de vulnerabilidad de que sus
derechos sean violentados o no sean vigentes. Pese al importante crecimiento
que en los últimos años ha tenido la población de adultos mayores en nuestro
país, al pasar de 6.8 millones de personas en 2006, a un estimado de casi 13
millones, lo cual representa cerca del 10% de la población, continúan siendo
víctimas de violencia familiar, de prejuicios y estigmas que los discriminan,
enfrentan condiciones de pobreza y marginalidad, además de que carecen, en lo
general, del acceso, calidad y disponibilidad que sería deseable para los
servicios médicos y los cuidados que requieren.
A pesar de los avances que se han registrado en el ámbito
del reconocimiento de los derechos humanos en México, así como en la expedición
de leyes y otros ordenamientos sobre los derechos de las personas mayores, lo
cierto es que la situación que las mismas enfrentan en su realidad cotidiana
dista mucho de ser la que las normas prescriben. Difícilmente podríamos decir
que sus derechos son mayoritariamente cumplidos y vigentes; que tienen acceso y
disfrutan de los cuidados y atención diferenciada que requieren en virtud de su
edad; que cuentan con apoyos y recursos económicos necesarios para garantizar
su subsistencia; así como que su condición y calidad de vida ha dejado de verse
condicionada por factores tales como su orientación sexual, identidad de
género, estado de salud, origen étnico, discapacidad, y situación familiar, entre
otros.
Por lo anterior, este Organismo Nacional Autónomo, en
ejercicio de sus atribuciones para el estudio y observancia de los derechos
humanos, elaboró y hoy presenta a la opinión pública el Informe Especial sobre
la situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México,
documento que pretende visibilizar los obstáculos y problemas que impiden o
dificultan a la población de 60 y más años, el goce y ejercicio de sus
derechos, y formular propuestas generales para que las autoridades del Estado
mexicano optimicen, reestructuren, potencien o desarrollen acciones, mecanismos
y procesos para su protección efectiva.
Las necesidades y demandas de las personas mayores
frecuentemente son invisibilizadas o ignoradas
El Informe Especial persigue tres objetivos particulares: primero, ser
una herramienta de consulta para los sectores público, social y privado a
través del cual pueden conocer de manera puntual aspectos de la vida de las
personas mayores que ameritan una intervención activa y propositiva por parte
de cada uno de ellos; segundo, servir de punto de partida para efectuar
diagnósticos o estudios sobre el tema enfocados a uno o varios derechos, o
bien, a la situación de un grupo de personas mayores en concreto; y tercero,
ofrecer evidencias que contribuyan al diseño de estrategias, planes y políticas
públicas con perspectiva de derechos, y que incorporen los principios de
igualdad, no discriminación, atención preferencial y transversalidad de los
derechos de las personas mayores, impulsando una planeación gubernamental
coordinada, focalizada, eficiente y eficaz en beneficio de la población que
envejece.
En el Informe Especial se hace patente que, dado el
acelerado proceso envejecimiento que enfrenta la sociedad mexicana, se requiere
invertir y distribuir recursos suficientes para fortalecer las acciones de
formación de capital humano especializado en atención de la población mayor;
investigación geriátrica y gerontológica; infraestructura de servicios públicos
y en acciones encaminadas a promover la preparación para la vejez de los
sectores más jóvenes de la sociedad. No existe una conciencia plena en la
sociedad sobre la necesidad de prepararse para envejecer, ni en el sentido de
asumir y prever las consecuencias de los procesos de envejecimiento de las
demás personas en nuestros círculos familiares y sociales, por lo que es
preciso trabajar en ello. De esa forma, las autoridades tendrán mejores
condiciones para ofrecer un servicio con calidad y calidez; se contará con
evidencias empíricas que permitan una mejor planeación estatal y se
desarrollará la responsabilidad personal sobre el propio proceso de
envejecimiento para una mejor toma de decisiones durante la juventud y vida
adulta.
Sobre ese último punto, este Organismo Autónomo enfatiza en
el Informe Especial que la planeación individual para llegar a la vejez en
condiciones óptimas de salud e independencia, sólo será posible si existen las
condiciones estructurales para que cada persona tenga las mismas oportunidades
de desarrollar sus capacidades y potencial; es decir, el Estado debe garantizar
el cumplimiento y protección de todos los derechos humanos para asegurar a
todas y todos una existencia digna[1] a lo largo de todo el ciclo vital, que
posibilite tomar decisiones libres y no condicionadas por la carencia de
satisfactores básicos, la pobreza y la desigualdad.
Otro aspecto relevante que se plantea en el documento que
ahora presentamos, es que el Estado mexicano tiene un largo camino por recorrer
para que las políticas públicas cumplan los estándares establecidos en la
Constitución General de la República y los instrumentos internacionales en
materia de derechos de personas mayores, ya que aún prevalecen las medidas de
carácter asistencial limitadas al otorgamiento de descuentos u otro tipo de
apoyos económicos, que si bien son necesarios por los altos índices de pobreza
en nuestro país, resultan insuficientes para garantizar a todas y todos, una
vida digna. Todavía se llega a asumir, indebidamente, que todas las personas
mayores tienen las mismas características y necesidades, generalización que
deja de lado los requerimientos específicos que tienen las personas conforme
tienen mayor edad, los que derivan de su condición económica, género o estado
de salud.
Por lo anterior, identificamos como una necesidad apremiante
que los programas y acciones dirigidas a esa población incluyan, tanto en el
diseño como en la ejecución, enfoque de género, medidas afirmativas y enfoque
diferenciado para asegurar la igualdad real en el acceso a prestaciones y
servicios que otorguen; en otras palabras, las autoridades deben tomar en
cuenta las brechas de desigualdad de hecho que existen entre mujeres y hombres,
entre quienes residen en zonas urbanas y rurales, entre quienes viven con
discapacidad y quienes gozan de movilidad total, o entre quienes cuentan con
una pensión de seguridad social y quienes carecen de ingresos.
Por otra parte, dos temas ausentes en la mayoría de los
programas de las instituciones que atienden a la población mayor son los
cuidados paliativos y a largo plazo, los cuales constituyen uno de los desafíos
más importantes para los años venideros, debido al incremento de la esperanza
de vida y la incidencia de enfermedades crónico degenerativas y discapacidad en
edades avanzadas. En ese sentido, se debe impulsar el desarrollo y mejoramiento
de infraestructura médica y hospitalaria y asegurar la suficiencia de personal
especializado, así como el diseño de un sistema de cuidados de largo plazo que
considere a los cuidadores no formales, a las familias y a los proveedores
privados de servicios, para asegurar que en todos los casos se respete la
dignidad y autonomía de las y los usuarios.
También es materia del Informe Especial que presentamos, el
derecho de acceso a la justicia, rubro en que se identificó que las autoridades
estatales carecen de sistemas homologados y coherentes que permitan obtener
datos sobre la incidencia delictiva que afecta a esa población, y los factores
que incrementan el riesgo de convertirse en víctimas, lo cual sería de gran
utilidad para diseñar estrategias de prevención, e identificar los factores de
riesgo. Aunado a ello, se propone generar indicadores que permitan evaluar la
calidad de la atención que reciben las personas mayores 60 por parte de las
personas servidoras públicas, al acudir a presentar una denuncia, recibir
orientación jurídica o información sobre sus derechos, ya que el trato digno y
preferente hacia ese grupo de la población, es esencial para la protección de
sus derechos.
En las conclusiones del Informe Especial que hoy
presentamos, queda de manifiesto que, como lo ha señalado la CNDH en múltiples
pronunciamientos, el Estado mexicano debe ratificar la Convención
Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores para avanzar en la
progresividad de los derechos humanos de ese sector de la población. Sabemos que
la sola ratificación de ese instrumento no es suficiente, sino que debemos
trabajar para dar efecto útil a sus disposiciones. En ese sentido, se deberá
armonizar el marco jurídico interno para reconocer sus principios, derechos y
obligaciones que vinculen a todas las autoridades, a las familias, y a la
sociedad en general, y detallar en los reglamentos y demás normativa los
mecanismos para su implementación, así como para su exigibilidad, transparencia
y rendición de cuentas.
México se encuentra en un momento oportuno para que podamos
incidir en la incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo de una estrategia
integral de atención de las personas mayores, de forma que se establezca como
un objetivo transversal que responda a la perspectiva de derechos, y se dirija
no sólo a la entrega de apoyos, sino a fortalecer las capacidades de las y los
sujetos de derechos para que puedan ejercerlos por sí mismos y participar
activamente en la vida social, económica, cultural y política del país.
Las autoridades competentes en el desarrollo de la
planeación democrática nacional, deben reconocer a las personas mayores su
carácter de titulares de derechos, y a partir de ello, programar las acciones
para mejorar sus condiciones de vida y el presupuesto requerido para llevarlas
a cabo. Incluso en caso que los recursos disponibles no sean suficientes, se
deberá entonces adoptar medidas para asegurar el financiamiento e
implementación progresiva de las mismas, asegurando que las políticas públicas
dirigidas a la población que envejece se conviertan en políticas de Estado que
trasciendan los cambios de administración gubernamental.
Debemos tener presente que si bien la asignación de recursos
presupuestales, el desarrollo del marco jurídico y los ajustes institucionales
contribuyen a la realización de los derechos humanos, es deseable implementar
una estrategia de grandes dimensiones que involucre la opinión y participación
de las personas mayores, de la sociedad en general, y del sector privado, para
lograr un cambio profundo de las nociones y valores a nivel colectivo e
individual para que todas y todos interioricemos y practiquemos cotidianamente
el respeto, la solidaridad y el trato digno, como una forma de vida; un
compromiso permanente que se convierta en regla, mientras que las
transgresiones a sus derechos sean la excepción.
El estudio que hoy se presenta aporta elementos objetivos de
ponderación sobre la condición de las personas mayores en nuestro país, siendo
una de las necesidades que se hicieron evidentes el fortalecer los mecanismos e
instancias de atención y apoyo establecidos para tal efecto y no
desaparecerlos, como parecería desprenderse de los anuncios hechos el día de
ayer sobre esta materia. Si existen irregularidades o se cometieron ilícitos,
deben investigarse y sancionarse. Si los procesos operativos no producen los
resultados deseados, deben revisarse y replantearse. Lo que en este ámbito no
puede contemplarse como opción, es que se prive a los millones de personas
mayores de la posibilidad de recibir la asistencia y apoyos que requieren, los
cuales en buena medida son de carácter prestacional, por lo que dificilmente
pueden monetizarse como alternativa de sustitución.
Las personas mayores requieren de nuestra atención y ayuda.
Si bien la revisión y evaluación sobre el desempeño, utilidad y atribuciones de
cualquier organismo público son medidas deseables en tanto buscan garantizar
eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función pública, es claro que
dichos procesos no deben inhibir, condicionar o eliminar el cumplimiento de las
obligaciones convencionales, constitucionales y legales que tiene el Estado mexicano,
en el sentido de brindar especial cuidado y protección a quienes se encuentran
en condición de vulnerabilidad como lo son las personas mayores. Las revisiones
de las estructuras administrativas u operacionales que se realicen, deben
llevarse a cabo con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, ciclo
de vida, transversalidad, y transparencia, quedando sustentadas en información
y evidencia objetiva, buscando en todo momento preservar y defender los
derechos fundamentales de la población.
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