De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Presentó Luis Raúl González Pérez, Ombudsperson nacional, el
estudio “Migración de Retorno y Derechos Sociales: Barreras a la Integración”, con
herramientas para que las autoridades implementen políticas públicas y
legislativas sobre esa dinámica que no ha sido muy visibilizada ni cabalmente
considerada por el Estado mexicano.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya
que la atención al fenómeno migratorio de retorno es responsabilidad conjunta
de Estados y Gobiernos, y como país debemos darle respuesta adecuada que vaya
más allá de las cartillas informativas, la agilización de trámites fronterizos
o el acompañamiento en el camino de regreso. A las y los mexicanos que regresan
debe brindárseles el entorno económico y social con las condiciones necesarias
para que sus derechos sean vigentes y en el que puedan prosperar y
desarrollarse. Ambiente y condiciones que, en su oportunidad, nuestro país no
les ofreció y que, en buena medida, pudieron determinar que tomaran la decisión
de migrar.
Ante la relevancia del fenómeno migratorio de retorno, que
en general ha sido poco visibilizado y estudiado, la CNDH y El Colegio de
México desarrollaron el estudio “Migración de Retorno y Derechos Sociales:
Barreras a la Integración” mediante el cual se hacen patentes las necesidades
de las personas retornadas y se presentan herramientas de trabajo para que las
autoridades competentes implementen políticas públicas y legislativas dirigidas
a esa dinámica migratoria que no ha sido suficientemente visibilizada ni
cabalmente considerada por el Estado mexicano.
Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González
Pérez, quien destacó que en dicho estudio se desarrollan, desde una perspectiva
multidisciplinaria que tiene como eje los derechos humanos, cada uno de los
desafíos institucionales para que la migración de retorno tenga acceso a los
derechos sociales en nuestro país, los retos para la integración escolar, las
barreras en materia de salud, el derecho a la vivienda y el diseño normativo
para atender dicho fenómeno.
México, explicó, es país de retorno para las y los mexicanos
y también para quienes provienen de otros países, en particular
centroamericanos, que después de haber cruzado el nuestro y solicitado asilo a
los Estados Unidos son regresados a nuestro
territorio para esperar su audiencia ante el juez migratorio
norteamericano y se desahogue el procedimiento correspondiente, por lo que el
Estado mexicano debe adoptar una definición y establecer una postura clara
frente a lo que parece la aceptación implícita de una determinación unilateral
del Gobierno estadounidense de imponer a nuestro país la responsabilidad de
servir como estancia temporal para quienes desean entrar a su territorio, con
independencia de su nacionalidad, en lo que se desahogan y determina la
procedencia de sus trámites migratorios.
Acompañado por Silvia Elena Giorguli, Presidenta de El
Colegio de México; Carlos Heredia, profesor del CIDE; Esmeralda Flores, persona
retornada, y Édgar Corzo, Quinto Visitador General, señaló que la falta de una
definición clara del Gobierno mexicano ante dicho problema propicia
cuestionamientos cuyas respuestas deben ser definidas para prevenir
afectaciones posteriores, como la forma y términos de certeza de la identidad y
nacionalidad de quienes regresan; los medios por los que podrán subsistir al
carecer de permisos o autorizaciones para trabajar, y el destino de esas
personas si el gobierno estadounidense les niega finalmente la autorización de
ingreso. Todo ello, dijo, requiere recursos presupuestales suficientes y
oportunos y acciones para salvaguardar sus derechos.
Tras mencionar que un análisis del fenómeno migratorio no
está completo si solo se considera como un movimiento hacia un destino final,
sin incluir la posibilidad del regreso al lugar de origen, dijo que, de acuerdo
con información disponible en la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría
de Gobernación, en promedio en los últimos cinco años al menos 200,000 personas
de origen mexicano han vuelto a México. Tan solo en 2018, un total de 10,831
niñas, niños y adolescentes fueron repatriados desde Estados Unidos, de los
cuales 9,586 viajaron no acompañados.
González Pérez demandó desarrollar una cultura de
convivencia y respeto ante los fenómenos migratorios, para que quien cruce
nuestro territorio o se vea forzado a permanecer en él cumpla con nuestras
leyes y respete los derechos de las y los mexicanos, al tiempo que el Estado
mexicano les brinde atención y ayuda. Se debe respetar a quienes migran y, con
independencia de su país de origen, género o pertenencia étnica, se les brinden
opciones para propiciar su inclusión social. Bajo ninguna óptica podemos exigir
respeto a nuestros connacionales en el extranjero si no somos capaces de
hacerlo en nuestro propio país.
Por su parte, Silvia Elena Giorguli indicó que en el país
hay casi 600,000 personas que han retornado, y se requiere que puedan ejercer
su ciudadanía en materias de vivienda, educación, salud y trabajo. Señaló que
en la investigación se ven las barreras y trabas que enfrentan para
establecerse, y se aborda la dimensión jurídica de ese problema. Destacó la
incertidumbre sobre los programas, en términos de presupuesto y de su
continuidad, así como que las personas migrantes de retorno tienen que
enfrentar la no aceptación en los lugares a los que llegan.
Esmeralda Flores señaló que las personas que han retornado
de manera voluntaria e involuntaria a México son estigmatizadas y discriminadas
para ingresar a las escuelas y a trabajos, ya que son agredidas por utilizar
inglés y no español como idioma y carecer de documentos de identidad. Refirió
que ser una persona retornada no debe ser título de discriminación que violente
su integridad.
Carlos Heredia expresó que las personas en situación de
retorno presentan dificultad social- étnica de integración social en Estados
Unidos y rechazó al retornar a México. Tras destacar que las ciudades de
Tapachula y Tijuana son puntos críticos de migración, indicó que es necesario
encontrar puntos de oportunidad en el país, donde existen vastas áreas
geográficas, como Baja California y Nuevo León, donde los empresarios solicitan
trabajadores, lo que es un área de oportunidad para las personas migrantes
retornadas.
El estudio “Migración de Retorno y Derechos Sociales:
Barreras a la Integración” puede consultarse en la página www.cndh.org.mx
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