* Sitúa a los agraviados y a sus familiares en la mayoría de los casos en estado de abandono, revictimizándolos al hacerles nugatorios sus derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos *
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Pide este lunes 4 de febrero la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, establecer una
política integral que prevenga, investigue y sancione las violaciones que se
derivan del problema de las desapariciones forzadas y reconozca los acuerdos
con organismos internacionales.
En un comunicado dado en la Ciudad de México, la Comisión
Nacional de los Derechos Humano (CNDH) refrenda su solidaridad con los
familiares de las miles de personas desaparecidas en el país, demanda a las
autoridades encarar de manera integral y con responsabilidad ese flagelo.
Exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que acepte la
competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las
Naciones Unidas, para recibir y examinar comunicaciones de o en nombre de las
personas sujetas a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de violaciones por
el Estado, como un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior
de México.
Este Organismo Nacional insiste en el establecimiento de una
política integral que prevenga, investigue y sancione las violaciones que se
derivan del problema de las desapariciones; llama a las autoridades de los tres
órdenes de gobierno a impulsar aún más las acciones en beneficios de las
víctimas de desaparición forzada y de la cometida por particulares.
Asimismo, hace un llamado para que atiendan las propuestas
que sobre este tema ha formulado, especialmente las contenidas en el Informe
Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México dado a
conocer por esta Comisión Nacional en el mes de abril de 2017.
De manera especial subraya la importancia de reconocer el
problema e implementar conforme a estándares internacionales para el adecuado
registro de los casos que sobre personas desaparecidas, sean denunciados ante
las autoridades correspondientes, el cual necesariamente debe distinguir los
que propiamente impliquen desaparición forzada de los atribuidos a particulares
o a miembros de la delincuencia organizada, así como de las personas cuyo
paradero se desconoce, además de cumplir con las recomendaciones formuladas a nivel
internacional en esa materia y asignar los recursos suficientes para la debida
implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas.
Para la CNDH, nuestro país enfrenta un problema estructural
en la atención del tema de desaparición de personas, derivado de factores como
la falta de profesionalización de las autoridades que deben atenderlo, a lo que
se suma la impunidad, violencia, inseguridad y corrupción de algunos servidores
públicos, problemática que se incrementa con las condiciones de desigualdad,
pobreza y pobreza extrema que impiden un desarrollo social horizontal en
distintas zonas del territorio nacional.
De igual manera, señala que la desaparición de persona
subsiste como consecuencia de la falta de procuración de justicia pronta y
expedita, que lejos de producir investigaciones eficaces, profesionales y
sustentables para la localización de las víctimas y el ejercicio de la acción
penal contra los responsables, en la mayoría de los casos sitúa a los
agraviados y a sus familiares en estado de abandono, revictimizándolos al
hacerles nugatorios sus derechos reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Resulta preocupante para este Organismo Autónomo, la falta
de exhaustividad en la investigación de los hechos y en la búsqueda y
localización de las víctimas por el Ministerio Público, lo que patentiza la
necesidad de que el Estado cumpla con su deber jurídico de buscar, de inmediato
y con todos los medios a su alcance, a la persona desaparecida, ubicar su
paradero, investigar conductas delictivas, identificar a los responsables,
lograr que se les sancione, así como proporcionar a sus familiares un trato
digno, sensible y respetuoso.
También debe atenderse la problemática que deriva en el
aumento de hallazgos de fosas clandestinas y el número de cadáveres y/o restos
humanos de ellas exhumados.
Esta Comisión Nacional reconoce los esfuerzos de colectivos,
organizaciones civiles y personas que han provocado que el tema de las
desapariciones en México forme parte de la agenda nacional y que las voces de
la sociedad se sumen a la exigencia para que el Estado mexicano frene la
violencia que existe en ciertas regiones del país y, en consecuencia, la
desaparición de personas.
De la misma manera, esta Comisión Nacional reitera que el
Estado Mexicano tome en cuenta al diseñar y elaborar sus políticas en torno al
tema de la desaparición de personas, las siguientes consideraciones:
* La necesidad de que la Comisión Nacional de Búsqueda emita
a la brevedad el Programa Nacional de Búsqueda.
* La conformación en su totalidad de las Comisiones Locales
de Búsqueda, asumiendo las entidades federativas la responsabilidad que les
corresponda.
* La creación en su totalidad, en el ámbito de los órganos
de procuración de justicia locales, de las respectivas Fiscalías especializadas
para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de
personas y desaparición cometida por particulares.
* Canalizar los recursos presupuestarios necesarios para que
las diversas instancias contempladas en la Ley General, puedan cumplir
cabalmente con sus funciones.
* Contar con un eficiente Registro Nacional de Personas
Desaparecidas o no Localizadas, que permita distinguir las desapariciones
forzadas, de las atribuidas a particulares o miembros de la delincuencia
organizada.
* Profesionalizar a ministerios públicos, policías, peritos
y a todo personal que participe en labores de búsqueda, localización e
investigación de personas desaparecidas.
* La necesidad de llevar a cabo procesos de armonización
legislativa en materia de desaparición, el Congreso de la Unión y las
legislaturas locales, en la normatividad en materia de desaparición forzada de
personas y desaparición cometida por particulares de conformidad con la Ley
General en cita y con lo estipulado en la Convención Internacional.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reafirma su
voluntad y compromiso de mantener su acompañamiento a las víctimas de
desaparición de personas en sus demandas de justicia, verdad, reparación,
construcción de memoria y garantías de no repetición.
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