De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Rechaza categóricamente en Washington la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la campaña de desprestigio que tiene
lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) y contra el Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria.
El 24 de marzo informó la procuraduría General de la
República (PGR) que comenzó una averiguación previa en contra de Emilio Álvarez
Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), luego de que José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, lo acusara de un
supuesto fraude por un monto de 2 millones de dólares aproximadamente.
La demanda fue interpuesta por Ortega Sánchez el pasado 16
de marzo, porque él considera “un engaño a los contribuyentes mexicanos y al
gobierno federal” el dinero que se le da al Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI).
El comunicado del organismo regional indicó que: La CIDH
rechaza en forma contundente la averiguación previa iniciada contra Emilio
Alvarez Icaza Longoria por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado
mexicano en relación con el trabajo del GIEI, tras una denuncia radicada en el
contexto de esta campaña de descalificación.
La Comisión desea destacar que Emilio Alvarez Icaza
Longoria, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la CIDH, al firmar el
acuerdo de cooperación con México actuó en representación de la Secretaría
General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la figura
de “delegación de firma”.
Conforme a las reglas
de la Organización de Estados Americanos (OEA), la contribución financiera
voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue
depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por
medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. La CIDH no administró
estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo.
La CIDH expresa su consternación y considera inadmisible la
apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia, que por no
contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada.
La denuncia señala: "Con el argumento de incorporar a
un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de
que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas
regionales, y que tendrían carácter de independientes, el mexicano Emilio
Álvarez Icaza engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar
de ello, convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de
cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones
desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad
legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos."
El acuerdo de asistencia técnica fue firmado en 2014 por la
CIDH, los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y el
Estado mexicano, representado por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE),
la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR).
Fueron estas mismas partes las que expresaron su acuerdo con la selección de
los y las cinco expertos y expertas que constituyen el GIEI.
La propuesta de dicho acuerdo surgió a solicitud del Estado
y de los representantes de los estudiantes, y se suscribió en cumplimiento de
los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los
hechos que tuvieron lugar el 26 y 27 de
septiembre de 2014 en el estado de Guerrero.
Las partes acordaron “la incorporación de un Grupo
Interdisciplinario de Expertos independientes en materia de derechos humanos,
para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado
mexicano” tras la desaparición de los 43 estudiantes beneficiarios de las
medidas cautelares.
La CIDH designó un Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) en acuerdo con el Estado y con los representantes de los
estudiantes, por un periodo de seis meses y con las siguientes atribuciones: el
análisis de los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y en
su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente;
un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar
responsabilidades penales; y un análisis técnico del Plan de Atención Integral
a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre.
En el transcurso de su mandato, el GIEI ha emitido cuatro
informes. El informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI fue
presentado el 6 de septiembre de 2015. Posteriormente, a solicitud del Estado
mexicano y de los representantes de las víctimas, el mandato fue renovado por
un periodo adicional de 6 meses.
El informe de investigación y primeras conclusiones del
GIEI, presentado el 6 de septiembre de 2015, señala irregularidades,
inconsistencias y/o ausencias en la investigación de los hechos por parte de
las autoridades estatales.
En particular, el GIEI cuestiona “la versión histórica” de
los hechos dada a conocer meses atrás por el entonces Procurador General de la
República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas hubiesen sido incinerados
en el basurero de Cocula.
Como consecuencia del trabajo y las recomendaciones emitidas
por GIEI, el Estado mexicano ha señalado que se han abierto nuevas líneas de
investigación, lo cual representa un avance significativo en la búsqueda de
verdad y justicia en este caso.
La Comisión reitera su respaldo al trabajo realizado por el
GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones presentadas
por el Grupo.
Asimismo, la CIDH respalda en forma categórica el accionar
de su Secretario Ejecutivo, que en todo momento actuó de acuerdo a las
decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
La Comisión expresa además su confianza absoluta en la
probidad de su Secretario Ejecutivo, opinión fundada en el conocimiento de su
accionar, tanto en relación al tema específico de esta infundada denuncia como
en toda su gestión a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la
observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo
de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros
independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título
personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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