De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Se encuentran privados de su libertad más de 8 mil indígenas
de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Yucatán,
Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y Estado de México, con procesos
irregulares y sin respeto a sus derechos humanos, denunció este viernes el
diputado federal jalisciense del Movimiento Ciudadano, Germán Ernesto Ralis
Cumplido.
Indicó: “El Estado no asegura un proceso adecuado de acceso
a la justicia, al carecer de suficientes intérpretes y defensores, aunado a que
el documento de su declaración inicial no está escrito en su lengua original”,
afirmó el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (MC).
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la mayoría de los indígenas presos
provienen de comunidades de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Ciudad
de México, Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y Estado de México.
Preocupado por esta injusticia, Ralis Cumplido impulsa una
iniciativa para que los escritos de declaración preparatoria y cualquier otro
documento que requiera rúbrica durante su proceso, se realicen en la lengua que
hable el imputado.
La reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales,
artículo 113, señala que en caso de no cumplir con lo establecido en el párrafo
anterior, los documentos carecerán de validez.
Destacó que en los reclusorios existen indígenas purgando condenas
excesivas por delitos menores, por firmar sin saber qué decía el documento de
su declaración inicial y no contar con una defensa adecuada.
A pesar de que nuestro país cuenta con diversas normas en
materia de derechos indígenas, en la procuración de justicia falta mucho por
hacer. “De nada sirve que existan leyes que reconozcan los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas, cuando en la práctica sabemos que es un tema
pendiente”, afirmó.
En la República Mexicana se hablan 68 lenguas indígenas que
tienen 364 variantes lingüísticas, de acuerdo con el Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas (Inali); sin embargo, “ser indígena muchas veces es sinónimo
de discriminación, vejaciones, impunidad y criminalización”, acotó.
“A pesar de que la
Constitución en su artículo 17, establece el derecho de toda persona a la
administración e impartición de justicia por medio de tribunales, en la
práctica las deficiencias son enormes para la población en general y aumentan
aún más para los indígenas”.
Todo lo anterior, explicó, debido a que son víctimas de
discriminación, abuso, vejaciones, falta de intérpretes y defensores,
procedimientos lentos, juicios llenos de irregularidades, sentencias severas en
proporción al delito e ignorancia por parte de los prestadores de servicio
respecto a los usos y costumbres de la comunidad.
Ello, aunado a que los encargados de impartir justicia
carecen de una preparación adecuada y falta de sensibilidad, que garantice a
los indígenas un proceso justo.
Aseguro que esta situación genera que muchos se encuentren
privados de su libertad, criminalizados desde el momento de su detención; tal
es el caso de Pedro Gatica, quien estuvo 11 años en prisión preventiva y los
hermanos Sebastián y Marcial Zúñiga, quienes al igual que su padre
permanecieron 10 años presos acusados de un delito que no cometieron.
No hay comentarios:
Publicar un comentario