* Alfredo Javier Rodríguez Ávila podría encontrarse en medio de un conflicto de intereses porque también en su vida privada se dedica al transporte y no descartan esté dentro del negocio de Uber y/o Cabify
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Miembros del Frente
de Taxistas Concesionados y Organizados de la Ciudad de México, miembros del Movimiento Nacional del Taxi, dieron a conocer las maniobras de diputado panista de Monterrey. |
Pretende el diputado federal panista Alfredo Javier
Rodríguez Ávila realizar un traje a la medida” de las empresas “pirata” Uber y
Cabify a partir de una “opinión” no vinculante de la Comisión Federal de
Competencia (Cofece).
Busca que particulares con vehículo presten servicios de
transporte terrestre, sin permiso y sin cumplir con los requisitos mínimos
indispensables ante las autoridades, acusaron en la Ciudad de México este
jueves 27 de octubre, las empresas operadoras de transporte público en el
Aeropuerto Internacional Benito Juárez de esta capital.
La vocera de los taxistas del aeropuerto, María
Guadalupe Espinosa Martínez, agregó que con la iniciativa del diputado
Rodríguez Ávila “cabe la posibilidad de que exista un conflicto de intereses
porque él también, de forma particular está dentro del sector, al ser dueño o
presidente de la empresa Corsa Transportes, en Monterrey, dedicada al traslado
de mercancías en vehículos pesados, incluyendo de doble remolque (…) No sabemos
si ya también esté dentro del negocio de Uber o Cabify, como hay muchos
empresarios que compraron autos para meterlos al servicio pirata”.
“El Proyecto de Ley es violatorio porque se pretende incluir
como modalidad a las empresas administradores de plataformas tecnológicas
también llamadas Empresas de Redes de Transporte (ERT); que a estas empresas se
les contemple en un “esquema regulatorio” totalmente desregulado, en donde no
se encuentren sujetos a mayor requisito que el de un vehículo y un chofer; y
sin sujetarse a una autorización en las tarifas que ofertan.
En voz de la vocera Guadalupe Espinosa, los taxistas destacaron
que “las modalidades a las que se refiere nuestra Constitución se encuentran
contempladas ya en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y son
las correspondientes a la carga, al pasaje y al turismo, y lo que erróneamente
se pretende legislar es una forma de comercializar un servicio que federalmente
ya existe, por lo que no hay cabida para la implementación de una nueva
modalidad”.
Los taxistas de los aeropuertos, acompañados de sus
compañeros del Frente de Taxistas Concesionados y Organizados de la Ciudad de
México, advirtieron que:
“En su caso las personas físicas o morales deberán acotarse
a lo ya determinado en la normatividad vigente y someterse a la regulación con
la que ya cumplimos todos los que pretendemos prestar un servicio igual; y
registrar sus tarifas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para
que de esta forma se dé certeza y seguridad jurídica a los usuarios del
servicio”.
Ignacio Rodríguez
destacó que hay una trampa en las condiciones con las que Uber, Cabify y otras empresas prestan el servicio de traslado de pasajeros, sin concesión ni permisos, totalmente desregulados. |
Espinosa Martínez agregó: “Lo que nosotros solicitamos es
sólo que se aplique la ley, no nos negamos a la libre competencia, pero que esa
competencia sea con suelo parejo (..) Pero al carecer de concesión, protegen a
estas empresas porque les permiten que haya una gran rotación de vehículos,
siempre en buenas condiciones, porque siempre hay quien cae en la trampa, y
donde el que gana es el dueño de la plataforma y sus socios en México; esto es
una competencia desleal. Entonces nosotros decimos, sí a la tecnología, pero
dentro de la ley como estamos nosotros, no de forma ilegal como lo hacen hoy”.
Y terminó: “Está clara nuestra petición: que a las empresas
piratas extranjeras les pongan un alto, porque en la mayoría de los estados, el
realizar la transportación de pasajeros por una contraprestación, sin contar
con un permiso o concesión, es un delito.
En tanto, Hugo Guerrero, en representación de otra de las
empresas que trabaja en el aeropuerto, destacó que los taxis concesionados de
la central aérea forman parte de la Seguridad Nacional: “al ser nuestro país el
de mayor relación con Estados Unidos, la seguridad del pasajero inicia desde
que aborda el avión y termina en el momento que el taxista lo deja en su
destino”.
Señaló que además de cumplir con los pagos que exigen las
autoridades para poder realizar su trabajo, tienen que pagar derecho por acceso
a zona federal: “Pagamos por la contraprestación de acceso a zona federal,
superior al millón de pesos mensuales, además de derechos y personal operativo;
es un robo en despoblado la operación de estas empresas que pagan ningún
impuesto ni derechos”.
Finalmente Juan Piña Bernal, a nombre de los taxistas de
terminales denunció que la corrupción del Gobierno Capitalino es la que solapa
la inseguridad del usurario al ser el brazo ejecutor en favor de taxis piratas,
ya que los operativos sólo se aplican a los taxistas concesionados mientras que
los ilegales circulan descaradamente frente a las autoridades. La complicidad
del Gobierno permite la operación de transporte son concesión.
El Movimiento Nacional del Taxi ya abarca 29 estados de la
República y próximamente se reunirán los dirigentes nacionales para dar los
siguientes pasos en su lucha para lograr que se ponga un alto a las intenciones
del diputado federal panista Alfredo Javier Rodríguez Ávila y poder desterrar a
las empresas transnacionales “piratas” del mercado mexicano al que están
perjudicando hasta en un 40 por ciento.
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