De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Aprueba este miércoles 26 de octubre, la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, asignar recursos
suficientes para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017.
El presidente de esta instancia, diputado Rogerio Castro
Vázquez (Morena), explicó que la opinión contempla todas las propuestas y el
análisis que se hizo al presupuesto asignado a la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y al Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), tomando en cuenta, en su estructura programática, las
reformas realizadas en materia de transparencia y anticorrupción.
Además, informó que se consideró la propuesta del grupo
parlamentario del PRI respecto al Programa para el Fortalecimiento de la
Transparencia en Entidades Federativas; se incluyeron los planteamientos
ciudadanos para proporcionar equipo tecnológico a tres ayuntamientos de Tabasco,
y las propuestas de las diputadas María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento
Ciudadano), Claudia Edith Anaya Mota (PRI) y Lorena del Carmen Alfaro García
(PAN).
Castro Vázquez puntualizó que, como integrante de Morena,
coincide en que es un exceso lo que se propone para la Secretaría Ejecutiva del
SNA, no sólo por los salarios sino por todo el aparato burocrático”; por
ejemplo, dijo, se destina mucho dinero a la ASF, “sabemos de sus nuevas
atribuciones, pero hay un exceso en el gasto corriente”, precisó.
“Eso nos preocupa en esta opinión, por eso estaremos –en
Morena- en abstención, porque consideramos que no se ha analizado con
profundidad, no a expensas de quitarle recursos a salud y educación”, aclaró.
En la reunión, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos
(Movimiento Ciudadano) planteó revisar el salario que se está asignando al
Secretario Ejecutivo del SNA, que son 186 mil pesos en promedio. “A mí me
gustaría que hoy discutiéramos esto, porque lo que se está proponiendo es casi
el doble. Yo quisiera que se fijara igual lo que tenía el secretario anterior”.
Relató que, en el artículo 75 de la Carta Magna, se precisa
que la Cámara de Diputados, al aprobar el PEF, no podrá dejar de señalar la
retribución que corresponda a un empleo establecido en la ley, y en caso de que
por cualquier circunstancia se omita se tomará la que se hubiera fijado en el
presupuesto anterior.
Lorena del Carmen Alfaro García, diputada de Acción
Nacional, argumentó que, en términos generales, son necesarios los recursos en
el ramo 1-ASF, 32-Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 44-INAI, donde
se hace un esfuerzo para asignar dinero orientado a la implementación del SNA.
Sin embargo, apuntó, se observa que la Secretaría de la Función Pública cuenta
con mayor responsabilidad y el presupuesto de esta importante dependencia está
a la baja, y “no hay una opinión de esta comisión al respecto”.
En el ramo 17, diversas organizaciones consultadas señalan
que no se están asignando los recursos necesarios para la creación de la
Fiscalía Especializada, como sí se contemplaron para otras instituciones que
serán necesarias para la puesta en marcha del SNA, denunció.
Del PRI, la diputada Claudia Edith Anaya Mota consideró vital
apoyar esta propuesta y coincidió en que se deben analizar las percepciones
salariales, pues el SNA intenta mantener todo en un equilibrio, principalmente
los sueldos.
Además, planteó incluir en el artículo 1 sobre el ejercicio,
control y evaluación del gasto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que no está considerada. Este ordenamiento, en su artículo
69, prevé que los sujetos obligados del Ejecutivo federal deberán poner a
disposición del público y actualizar la información sobre el PEF.
La legisladora propuso que en el ejercicio del gasto, las
administraciones de los recursos federales puedan ser suspendidas, previo
aviso, a las entidades federativas y, en su caso, a municipios y demarcaciones
de la Ciudad de México, cuando no aporten en los plazos previstos los recursos
que le correspondan, en cuentas específicas.
Asimismo, se publicarán 15 días antes de la suspensión, las
entidades y municipios que no se encuentren en este estado. Con ello, dijo,
“abonamos a la transparencia y damos certeza jurídica y financiera a las
entidades y los municipios, a fin de que tengan mayor claridad de qué recursos
le va a llegar y cuáles no, y la razón de la negativa”.
Anaya Mota también propuso una aportación al artículo 10,
respecto a los recursos federales que se asignan al Fondo Metropolitano. Pidió
que no puedan participar en los consejos para la ejecución de los proyectos de
los fondos metropolitanos, quienes son propietarios, o sus parientes hasta el
primer grado consanguíneo, de las empresas que brindan un servicio al Estado.
Por el PRD, el diputado Agustín Basave Benítez afirmó que
“los sueldos son altos, no solamente porque estamos en tiempos difíciles económicamente
y se necesita un esfuerzo de austeridad, sino porque si se va a crear nueva
casta de burócratas perseguidores de la corrupción, y les vamos a pagar
demasiado bien, lo que vamos a hacer es reproducir parte del estatus quo, y no
van a tener esa visión ciudadana externa que pretendemos posean”.
Su compañero de bancada, el legislador Rafael Hernández
Soriano, expresó que se incluyeron propuestas no sólo del Legislativo, sino de
especialistas y organizaciones. “Apoyaremos la propuesta, porque hay un
desarrollo de la misma y respaldo a Ochoa Avalos, para revisar el tema de las
percepciones salariales”.
El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (PRI) explicó que
su grupo parlamentario propuso recursos para la creación del Programa para el
Fortalecimiento de la Transparencia a Entidades Federativas (PROTRANSPARENTE),
por un monto de mil 481 millones de pesos.
Afirmó que se requiere dar mayor solidez a este régimen de
transparencia y anticorrupción; por ello, calificó como justo el planteamiento
presupuestal, ya que permitirá echar a andar al Sistema Nacional
Anticorrupción.
Los diputados del PRI, Ricardo Ramírez Nieto, Miguel Ángel
Sulub Caamal, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Yulma Rocha Aguilar, Laura Mitzi
Barrientos Cano y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, externaron su respaldo a la
opinión de la comisión, ya que se requiere dotar de recursos a las entidades
federativas para el fortalecimiento de la transparencia y dar mejores
herramientas presupuestales al SNA.
El diputado José Hernán Cortés Berumen (PAN) afirmó que se
debe dar un apoyo adicional hacia los órganos garantes estatales para que sigan
con la misión de transparencia. Comentó que si las personas que integrarán el
Comité de Participación Ciudadana del SNA van a percibir cien mil pesos, en ese
instante “se debería reflexionar si cambia la condición que tienen y se vuelven
servidores públicos”.
De Encuentro Social, el legislador José Alfredo Ferreiro
Velazco estimó importante dotar de recursos suficientes al SNA; de otra manera,
advirtió, no funcionará, pues en algunos estados sólo se audita el 5 por ciento
de la obra federal, ya que no hay la infraestructura para ello. También,
externó su preocupación para revisar los sueldos.
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